Harakiri electoral

Aun cuando la reforma electoral fue una victoria para la autodenominada cuarta transformación, pronto, muy pronto, se podría convertir en una sentencia de muerte a propia mano para el movimiento social y político que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, la reforma electoral se podría tornar en un harakiri electoral para los presentes y futuros gobiernos de MORENA.

El harakiri fue una práctica utilizada por los samuráis para salvaguardar su honor durante una batalla. También fue una usanza empleada por el emperador en contra de los señores feudales para proteger al imperio. El mandato de muerte no era cuestionado y se ejecutaba con rapidez. En algunos casos, la orden de inmolación era acompañada por una daga que debía ser usada para tal fin.

Si bien el harakiri se utilizó hace más de ochocientos años en el Japón medieval, sus cualidades y propósitos son útiles para elaborar una analogía sobre la reforma electoral. De esta manera se obtienen los elementos ilustrativos para generar una mejor comprensión de los actos, las complicaciones y las consecuencias del proceso de modificación de las normas electorales. Veamos.

El origen del odio

Las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 provocaron la enemistad entre Andrés Manuel López Obrador y la autoridad electoral. López Obrador ha sostenido que sus derrotas en las urnas no fueron producto de la voluntad de la ciudadanía, sino que fueron el resultado de un supuesto fraude electoral organizado, ejecutado y solapado por el otrora IFE. Sin embargo, los susodichos fraudes electorales nunca han sido demostrados ni probados. Desde entonces, la autoridad electoral se convirtió en uno de los principales enemigos de López Obrador y sus seguidores.

Cuando el odio no permite ver la verdad

La animadversión del presidente en contra de la autoridad electoral lo ha llevado a declarar que el “INE trabaja para perjudicar a MORENA y a su gobierno”. Sin embargo, desde siempre la institución comicial ha actuado y se ha conducido con imparcialidad, independencia y profesionalismo, sin importar si el gobierno emana de una fuerza política de centro, derecha o izquierda, o si el poder legislativo es dominado por un grupo parlamentario solidario u opositor al gobierno.

En dado caso, si el INE se comportase tal y como lo afirma López Obrador, la reciente historia electoral sería muy diferente. Se excluiría a MORENA de la contienda electoral, es decir, la autoridad electoral no le hubiese otorgado su registro como partido político en 2015. La institución comicial obstaculizaría y condicionaría la participación de MORENA en las elecciones, en otras palabras, el partido político no hubiese logrado 35 diputaciones en 2015, ganado la presidencia, 70 senadurías y 310 diputaciones en 2018, y alcanzado 278 diputaciones en 2021.

A pesar de que el INE ha llevado a buen puerto la organización y la celebración de las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal, el presidente no reconoce, ni reconocerá, la importancia de la autoridad electoral en el régimen democrático. Se olvida que el INE es un ancla para la estabilidad política, social y económica, ya que posibilita que la formación de la voluntad colectiva y la transmisión del poder político se realice mediante elecciones libres, pacíficas, periódicas y democráticas.

Sobre el harakiri electoral

La discordia de López Obrador en contra de la autoridad electoral no ha disminuido, sino que ha aumentado con el pasar de los años. La desavenencia llegó a su nivel máximo cuando instruyó a los legisladores afines a su gobierno a implementar una reforma electoral para destruir al odiado enemigo. Sin embargo, la reforma electoral propuesta por el presidente y aprobada por los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM no es una modificación normativa para mejorar las elecciones, sino que es un harakiri para el gobierno federal y para el morenismo. Veamos.

En primer lugar, porque la reforma electoral es ordenada directamente por el presidente. No es una propuesta realizada por los legisladores ni por los dirigentes partidistas. Tampoco es una acción que se derive de alguna promesa de campaña. Ni siquiera es un acto que provenga de un análisis estructural y funcional o de una evaluación sobre el desempeño institucional. Ni es una solución a un problema, un atolladero o un inconveniente.

En segundo lugar, porque el presidente mandató aprobar una reforma electoral para defender al pueblo y para recuperar la democracia, pero, sobre todo, para salvaguardar la continuidad del movimiento social y político que encabeza. En otras palabras, la reforma electoral es un acto de simulación que se erige en favor del pueblo, pero que beneficia directamente a los intereses del gobierno y del morenismo, sin importar que en el camino se dañe al régimen democrático.

En tercer lugar, porque el presidente dispuso que los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT efectuaran una aprobación fastrack de una reforma electoral que fue diseñada y cabildeada por algunos integrantes del gabinete presidencial. Ello ocasionó que los legisladores desconocieran los contenidos, los alcances y las consecuencias de las modificaciones legales. Sin embargo, el desconocimiento y la desinformación no fueron un impedimento para que las diputaciones y las senadurías aprobaran la reforma electoral sin cambios y en un tiempo récord.

En cuarto lugar, porque los legisladores de MORENA, PVEM y PT aprobaron la reforma electoral sin leerla, objetarla ni cuestionarla. No pusieron en duda la intencionalidad del gobierno para violentar la autonomía y el profesionalismo, para eliminar y fusionar estructuras y para modificar procedimientos. Tampoco refutaron sobre las repercusiones de eliminar la certeza en el padrón electoral, en la integración de casillas, en el proceso de votación, en los compuestos de los votos y en los resultados.

En quinto lugar, porque los legisladores de MORENA, PVEM y PT aceparon desempeñar el papel de verdugo del INE, hasta lo festejaron, pero se equivocaron. Pensaron que la reforma electoral destruiría al odiado enemigo. Sin embargo, lo que erradicaron fue la certeza, el profesionalismo, la imparcialidad y la confiabilidad de las elecciones. Quebrantaron a la institución que hacía posible que la transmisión del poder político se llevase a cabo sin generar, directa e indirectamente, crisis políticas, sociales, económicas, gobernanza y democráticas.

Sexto lugar, los legisladores de MORENA, PVEM y PT se han suicidado electoral y políticamente, puesto que en las futuras elecciones muchos de los parlamentarios que aprobaron la reforma electoral buscarán una candidatura. Tal vez algunos obtengan la victoria en los comicios. Sin embargo, sus triunfos serán cuestionados por carecer de legitimidad y de legalidad, por lo que tendrán que legitimar su gobierno o su cargo de representación popular. Tendrán que apaciguar el rechazo político y las protestas sociales, tendrán que solucionar las crisis económicas y la polarización social. Tendrán que fortalecer a la democracia. Lo anterior no les será sencillo, ya que no contarán con el respaldo de la ciudadanía ni con el apoyo de los partidos políticos de oposición.

Error de cálculo

El gobierno diseñó y aprobó la reforma electoral para que el INE fracasara en la organización de las elecciones del 2024. El fracaso de la autoridad electoral provocaría que el gobierno y MORENA tengan los argumentos y las evidencias para erigir una nueva autoridad electoral que obedezca a sus estándares, principios y valores e ideologías. Una mala organización de los comicios evitaría que los partidos políticos, la sociedad civil y la ciudadanía intervengan para defender a la autoridad electoral.

El objetivo del gobierno se habría cumplido. Debilitar y destazar al INE sabotearía los comicios y generaría un contexto de necesidad para erigir una nueva autoridad. Así de sencillo. El odiado enemigo sería derrotado y erradicado. Sin embargo, el gobierno y MORENA omitieron estudiar las consecuencias de tener una institución endeble para cumplir con la función electoral. Veamos.

Tener una autoridad electoral incapaz de organizar un proceso comicial menoscabaría la democracia y mitigaría la gobernabilidad, dado que se posibilitaría el surgimiento de prácticas adversas, tales como la no aceptación de la derrota, el desconocimiento de los resultados, la polarización política, las protestas sociales, la parálisis legislativa, la incertidumbre económica, las crisis de gobernanza y las regresiones democráticas. Actos que condicionarían al gobierno de AMLO y al siguiente gobierno.

Un mal proceso electoral representaría el origen de un conflicto postelectoral que perjudicaría y dañaría al gobierno de López Obrador, ya que la autodenomina cuarta transformación sería acusada de desestabilizar las elecciones para favorecer su continuidad en el ejercicio del poder. El presidente tendría que intervenir para solucionar la crispación política, las protestas sociales y las especulaciones económicas. De no intervenir ni de lograr una solución, el primer mandatario dejaría un problema de grades magnitudes al nuevo gobierno. Condenaría a su movimiento político y social.

Ahora bien, si MORENA ganase la presidencia y la mayoría de los curules legislativos, probablemente sus triunfos en las urnas serían catalogados como fraudulentos. Que paradoja. Sus candidaturas carecerían de legitimidad, respaldo político y apoyo social. Tendrían que construir las bases de un nuevo gobierno desde la apertura, la inclusión, la pluralidad y la tolerancia. No sería tarea sencilla, ya que gobernar a través de acuerdos con la oposición no esta dentro del ADN de los morenistas. Además, los antiguos liderazgos podrían no respaldar las políticas del nuevo gobierno.

El reto del nuevo gobierno sería mayúsculo, ya que tendría que gobernar a una sociedad que estaría fracturada, polarizada, frustrada, desencantada, enojada y desconfiada. Además, no contarían con el respaldo de los partidos políticos, por el contrario, estos serían una barrera infranqueable. Las vías autoritarias serían una solución fácil para el nuevo gobierno, pero tendrían consecuencias deleznables para el régimen democrático.

¿Quiénes serían los actores más perjudicados si se malogran las elecciones de 2024? No sería el INE. Tampoco serían los partidos políticos de oposición. Indudablemente serían el gobierno y las candidaturas de MORENA. En consecuencia, los actores políticos que implementaron la reforma electoral para eliminar a la autoridad electoral terminaron por sentar las bases de su suicidio político. Lo que hizo López Obrador y MORENA fue instrumentar un harakiri electoral.

Colofón

Destruir a la autoridad electoral es un suicidio. Quebrantar a la autoridad electoral es un suicidio. Subordinar a la autoridad electoral al gobierno es un suicidio. Subyugar a la autoridad electoral a un partido político es un suicidio. Debilitar a la autoridad electoral es un suicidio. Atentar o erradicar la independencia, la confiabilidad, la imparcialidad y la profesionalidad de la autoridad electoral es un suicidio para el actual y futuros gobiernos federal, estatales y municipales de MORENA.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.