Hagamos que Amazon pague

Con esfuerzos como la ampliación de los impuestos federales para incluir a los servicios digitales, la reciente reforma de ley para regular el outsourcing y el inicio del Nuevo Modelo Laboral, el gobierno mexicano ha mostrado un interés por comenzar a hacer que las empresas tecnológicas paguen en su justa proporción por sus operaciones en nuestro país. Además, cambia el enfoque del desarrollo económico del país de manera que incluya centralmente una preocupación por lxs trabajadorxs. Con ello se ha abierto un debate sobre las prácticas de estas empresas en México y su relación con lxs trabajadorxs, un tema pendiente en el debate público.

Al momento, es poca la información pública disponible para conocer la forma en que estas empresas operan, contratan, se relacionan con nuestros gobiernos y contribuyen a la sociedad. Esto se debe, en parte, a la opacidad tributaria en México, donde poco o nada sabemos sobre las contribuciones de las grandes empresas tecnológicas a los recursos públicos, aunque sabemos que en otras economías su pago de impuestos se ha reducido a cero a pesar de sus enormes ganancias millonarias. La falta de información sobre el cambio de reglas en los mercados laborales durante los sexenios anteriores –que han tenido repercusiones en las posibilidades de actuación– se suma a la reducida capacidad estatal, debido a las políticas de austeridad que se han impulsado desde el inicio de esta administración federal.

Como todas las grandes empresas, el éxito de Amazon no sería posible sin instituciones públicas que la ciudadanía ha construido de manera conjunta por generaciones. Pero, en lugar de aportar a las sociedades y sus instituciones públicas –que le ayudaron a crecer– esta empresa suele no contribuir a los ingresos tributarios en las economías donde opera utilizando políticas clásicas de evasión y elusión fiscal. En 2019, Amazon pagó apenas 1.2% de sus ingresos en impuestos en los Estados Unidos, el país donde tiene la base de sus operaciones, tras dos años de no pagar impuestos. Inaceptable.

El caso de Amazon México es paradigmático

A pesar del historial de Amazon en cuanto a sus prácticas de evasión y elusión fiscal y subcontratación, los gobernadores de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México han dado a la compañía una efusiva bienvenida.

Las palabras de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, con respecto a la decisión de Amazon de expandir sus operaciones en estos estados son particularmente reveladoras. “Esta nueva inversión es una gran noticia para Jalisco porque representa una importante derrama económica, la creación de cientos de empleos y la confianza de la iniciativa privada en nuestro estado. Además, ayudará a que las pequeñas y medianas empresas de nuestro estado puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y comercializar sus productos a través de canales electrónicos de forma más rápida y a menor costo”, expresó el gobernador tapatío.

Las grandes empresas tecnológicas, y particularmente Amazon, han demostrado cómo sus operaciones dependen del empleo precario y temporal. La derrama económica que lleva a la redistribución de ingresos es un mito y la creación de empleos que promete Amazon depende de la precarización de éstos. Asimismo, estas empresas tienden a generar monopolios de una escala sin precedentes, como la incursión de Amazon en la industria farmacéutica demuestra.

Las operaciones de este tipo de empresas dependen también de la opacidad que existe con respecto a las reglas tanto para organizar y comprar a proveedores como para vender a consumidores, no solamente en México sino en todos los lugares donde éstas operan. En el caso de México, aquello es particularmente notorio en la forma en que la compañía se ha establecido haciendo uso de la legislación vigente de la informalidad laboral y el outsourcing.

La Internacional Progresista y #MakeAmazonPay

Hoy, la Internacional Progresista lanza su campaña #MakeAmazonPay. Nuestra demanda central en torno a hacer que Amazon pague es proveer seguridad laboral para todxs y mejorar el impacto social de las empresas tecnológicas. La formación de sindicatos que promuevan un espacio laboral democrático, el hacer que Amazon sea responsable por su cadena de oferta y la obligación de construir pensando en el impacto ecológico y social de sus acciones son los pilares de la campaña, a la que más de 300 parlamentarios alrededor del mundo –incluyendo México– se han sumado y la cual involucra la organización y demandas de más de 200 millones de trabajadores.

Con respecto al empleo precario y temporal, la campaña busca 1) Acabar con todas las formas de empleo precario y temporal; 2) Establecer procedimientos decentes y transparentes por medio de los cuales lxs trabajadorxs puedan expresar críticas y preocupaciones sin temer repercusiones; y 3) Recontratar, inmediatamente, a lxs trabajadorxs que han sido despedidxs tras expresar sus preocupaciones sobre su salud y seguridad, y la de sus clientes, tras impulsar sus esfuerzos para organizarse, o debido a la aplicación selectiva de las políticas internas.

México a la vanguardia

Estas demandas llevan el mismo espíritu y podrían sumarse al Nuevo Modelo Laboral presentado por la subsecretaria Luisa Alcalde el pasado 18 de noviembre. El modelo hace hincapié en la importancia de la justicia laboral que apuesta por la conciliación y la eficiencia jurídica y formula una extraordinaria propuesta que busca la democratización de los sindicatos a su vez que incluye la demanda de equidad de género en sus liderazgos. La campaña Hagamos Que Amazon Pague sumaría, además de un crucial enfoque internacionalista, los temas de la erradicación del trabajo temporal y precarizado, la ampliación de impuestos federales y la responsabilidad social y ecológica de las empresas digitales a este modelo.

En México tenemos hoy la oportunidad de estar a la vanguardia mundialmente en temas de derechos laborales, como lo hemos sido ya en el pasado. Para hacerlo, el caso de Amazon México es un reto y oportunidad que no pueden pasarse por alto. Debemos expandir nuestro nuevo modelo laboral para incluir la justicia y sostenibilidad ambiental, ampliar la definición de equidad de género para enfocarnos en las particularidades de la feminización de la pobreza y el empleo precario y temporal, así como ocuparnos con que las reformas laborales puedan ser instituidas e implementadas en un contexto donde se ha priorizado la austeridad en el gobierno por sobre la justicia tributaria.