Hacia una #CiudadAbierta

La demanda de información pública en nuestro país ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años: en el ejercicio del derecho de acceso a la información, como herramienta en la promoción de la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas, y también como insumo para el desarrollo de todo tipo de investigaciones, productos y aplicaciones. Igualmente, los ciudadanos exigimos cada vez mecanismos más amplios para su participación y su involucramiento en la toma de decisiones gubernamentales.

A esa demanda responde la evolución del concepto de Gobierno Abierto, que según la OCDE corresponde a una plataforma para resolver la manera en que el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-crear valor público[1]. Los principales pilares de un gobierno de esta naturaleza son la transparencia y apertura, la participación y colaboración, además de la innovación.

[contextly_sidebar id=”cjhjucoZuRFXzlbuUNNWrnXCXzTKxxpr”]El concepto de Gobierno Abierto debe también ser visto desde una perspectiva de Derechos Humanos. Su implementación tiene un importante impacto en el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente, así como en diversos ordenamientos internacionales en la materia adoptados por el Estado mexicano. Tal es el caso de los derechos de acceso a la información pública, de petición y de libertad de asociación, que deben ser concebidos como derechos interdependientes, indivisibles y sobre todo, progresivos, es decir que debe avanzarse gradual y constantemente hacia su más completa realización.[2]

México se incorporó a la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA), iniciativa internacional lanzada en 2011, y en septiembre de ese año el Ejecutivo Federal presentó un plan de acción nacional en la materia. Al suscribir este proyecto, el gobierno federal se comprometió a aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.

Si bien a nivel internacional es uno de los avances más concretos y una referencia obligada en el tema, posiblemente una crítica que se le puede hacer a la AGA es que sólo contempla la implementación de estrategias y políticas de ámbito federal. Por definición, Gobierno Abierto implica transitar de una lógica jerárquica a una de creación de redes y colaboración horizontal. La diferencia fundamental entre una estrategia de Gobierno Abierto y una de transparencia focalizada es la participación activa de las comunidades, lo cual tiene sus mejores oportunidades de realizarse en un nivel local.

En el caso de la #CDMX han habido algunos avances, como el lanzamiento de la Plataforma de Gobierno Abierto. Esta iniciativa reúne a distintas dependencias del Gobierno de Distrito Federal, así como a organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a más de un año de su lanzamiento, no se ha logrado consolidar en medidas institucionales para la implementación de políticas Gobierno Abierto en la Administración Pública local.

En la Declaración de Principios de Gobiernos Locales Abiertos de la Iniciativa de Gobierno Abierto, proyecto colaborativo abierto que incluye representantes de City Camp, Open Colorado, Code for America, Sunlight Foundation y Open Plans, se establece entre otros puntos la necesidad de establecer un marco legal que institucionalice los principios del Gobierno Abierto.

En este sentido, recientemente se presentó en la ALDF el primer proyecto de Ley de Gobierno Abierto para la #CDMX (#CiudadAbierta), con el que se abre un importante debate sobre el marco legal que debe adoptarse. Como cualquier iniciativa de Gobierno Abierto, se trata de un proyecto en construcción, abierto y colaborativo, que está disponible para ser comentado y editado en línea.

De igual manera, en el marco del foro “Ciudadanía, Estado de Derecho y Desarrollo”, convocado el pasado julio por la ALDF y UNODC, en el cual expertos en la materia analizaron la iniciativa #CiudadAbierta, la directora del Laboratorio para la Ciudad, Gabriella Gómez-Mont, anunció que también el GDF presentará próximamente una iniciativa de ley, lo que permitirá profundizar en el debate y seguir avanzando en la consolidación de una agenda de Gobierno Abierto para la capital del país.

Retomando lo dicho en ese evento por Eduardo Bojórquez, presidente de Transparencia Mexicana, estamos ante una coyuntura histórica, en la cual una Ley de Gobierno Abierto de la #CDMX puede ser un referente internacional en la materia. Ciudadanía y gobierno tenemos la oportunidad de construir juntos un ordenamiento que beneficie a nuestro sistema político y a la relación entre ambos, además de permitir la co-creación de valor, con los beneficios económicos que eso implica. Hoy, podemos cambiar el paradigma.

 

 

* Roberto Velasco Alvarez (@r_velascoa) y Bernardo Rivera Muñozcano (@bern_rm) participan en la redacción y desarrollo del proyecto de iniciativa de Ley de Gobierno Abierto #CiudadAbierta, que presentó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF.

 

 

 

[1] Policy Brief – Public Sector Modernization: Open Government, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2004.

[2] Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. En qué consisten. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Pág. 2254.