Hablemos de gobernanza de litio en México

Los datos del Banco Mundial son claros: para poder cumplir con los compromisos del incremento de fuentes y tecnología para el uso de energías renovables —en línea con el Acuerdo de París —, la demanda de minerales como el litio podría incrementarse cinco veces al 2050. De ahí el dilema que se genera en los países productores de este mineral respecto a las oportunidades económicas y retos ambientales que vienen de la mano con la explotación de este recurso. La oportunidad que este boom representa serviría para la reactivación económica y la posibilidad de invertir en política social. También podría ser una oportunidad para impulsar cadenas de producción que den valor agregado al litio y aceleren la transición energética en estos países. Sin embargo, los retos socioambientales que vienen aparejados con la industria minera son parte de los altos costos que deben ser considerados. Una buena gobernanza en la industria minera es clave para que los países productores se beneficien no sólo en términos económicos, sino también socioambientales. Más aun cuando la justificación para incrementar la extracción de este mineral es precisamente mayor sustentabilidad en la generación de energía.

El Estado como gestor exclusivo de los minerales estratégicos para la transición energética

En México, recientemente se han encontrado yacimientos de litio que han atraído el interés de algunas de las grandes corporaciones de la industria. En particular, el proyecto denominado Sonora Litio en el municipio de Bacadéhuachi, desarrollado por las empresas británico-canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium, que ha levantado el interés por la producción de este mineral.

En este contexto, el pasado primero de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de Reforma Eléctrica que incorpora aspectos sobre el desarrollo del litio en nuestro país. La iniciativa constitucional plantea que el litio, y demás minerales críticos para la transición energética, tienen carácter estratégico para efectos de la Constitución y, por lo tanto, son de uso exclusivo del Estado mexicano. Sin embargo, es importante señalar que en los artículos transitorios de la iniciativa se establece que se respetarán las concesiones y permisos otorgados hasta ahora a los privados para la explotación del litio. Por lo que, de aprobarse esta iniciativa, habría un doble régimen, manteniendo, por un lado, la posibilidad de los privados de continuar con las concesiones de litio y, por el otro, que sea el Estado el encargado de su explotación.

¿Cómo nos beneficiaría esta propuesta en caso de concretarse? Primero, habría que identificar si la problemática de la actividad minera en México se puede reducir al régimen de acceso, es decir, a quién puede hacer uso de estos minerales. En gobernanza del sector minero México deja mucho que desear. Así lo señala  la más reciente publicación del Índice de Gobernanza de Recursos Naturales de Natural Resource Governance Institute (NRGI):  la gobernanza de la minería en México es insuficiente —con una calificación de 59/100— muy por debajo de la gobernanza del  sector de hidrocarburos que califica como satisfactoria —con un puntaje de 76/100—.

Esta situación responde a fallas como, por ejemplo, la trazabilidad de los recursos, pues existe muy poca información sobre transferencias subnacionales de los ingresos provenientes de los recursos naturales. También, un área con fuertes debilidades es la relacionada con los impactos locales, pues no existen estudios de impacto social, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) no son todas difundidas públicamente y no se hace un seguimiento a su cumplimiento. En aspectos como el otorgamiento de concesiones y el régimen fiscal hay falta de transparencia, situación que ocasiona fuertes cuestionamientos sobre cuán beneficiosos son los tratos para el país.

De esta manera, más allá de la discusión sobre la explotación estatal o por privados, una reforma que impacte a la minería abre una ventana de oportunidad para mejorar los estándares de gobernanza del sector. Esto incluye aspectos del régimen fiscal, riesgos y daños ambientales y las medidas para asegurar el respeto a las comunidades locales. Todo esto tendría que ser parte de prioridades para la minería en México y debe ser parte de la discusión sobre la reforma.

En Chile, por ejemplo, se estableció una nueva comisión por ventas o regalía a las extractivas litíferas. Esto se consideró entre algunas organizaciones de la sociedad civil como un avance importante respecto del régimen tributario general (que se aplica por ejemplo al cobre) en tanto traerá mayores beneficios fiscales para el país.

Encuentro para hablar del litio en México desde las experiencias de otros países en América Latina

Para ampliar y enriquecer el debate a partir de experiencias de países de la región que llevan un avance en el desarrollo de este mineral, el próximo jueves 18 de noviembre se desarrollará un evento convocado por Natural Resource Governance Institute (NRGI), la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Deutsche Gelleschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), con el apoyo del Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países Andinos (MinSus), financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, para discutir las experiencias de los países andinos respecto a la gobernanza del litio y obtener lecciones para el caso mexicano. La experiencia de los países de la región servirá, esperamos, para nutrir la discusión sobre el camino que debe seguir México para resolver el dilema respecto al desarrollo y la producción del litio. De la minería en general en nuestro país.

* María Fernanda Ballesteros (@mfballe) es la responsable de país de Natural Resource Governance Institute para México (@NRGIesp)