Redacción Animal Político · 8 de octubre de 2023
Las políticas de drogas en México, a lo largo de su historia, han tomado un enfoque prohibicionista. Esto significa que han girado alrededor del encierro, el encarcelamiento y el castigo. Este enfoque ha significado diversos costos de salud y sociales.
Tales costos de salud se han generado, en gran medida, por priorizar únicamente el antiguo enfoque médico desde el cual se contempla la abstinencia como la única solución a los daños del consumo de drogas. Esto ha favorecido los tratamientos en los que se encierra a los consumidores en cárceles o en los llamados centros de reinserción social o de rehabilitación. Desde este enfoque, los consumidores necesitan ser sustraídos de la interacción social y vivir en aislamiento hasta que, por lo menos, los síntomas de la abstinencia desaparezcan, lo cual provoca su marginación de la convivencia social. Este enfoque de salud pública ha fomentado la proliferación de centros de rehabilitación (también conocidos como anexos) en todo México. La numerosa presencia de los anexos ha dificultado la tarea del gobierno de supervisarlos. Esto, a su vez, ha suscitado que se den violaciones de derechos humanos en su interior. Además, es importante tener en cuenta que, como lo ha mencionado la OMS, el acceso a una salud con enfoque humanitario está profundamente atravesado por la posición socioeconómica, el género, la etnicidad o el color de piel, lo que implica que no todos los grupos sociales pueden acceder a los mismos tratamientos de salud.
Esto se conecta con los costos sociales que ha implicado el prohibicionismo de drogas. Uno de estos lo hemos padecido los mexicanos, pues por muchas décadas hemos enfrentado una violencia sistemática en todos los ámbitos de nuestra vida. Con datos del INEGI, es posible observar que los homicidios en México aumentaron en gran medida a partir del inicio de la mal llamada “guerra contra las drogas”. Tan sólo el año pasado se registró una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta violencia no es vivida por igual entre toda la población, por ejemplo: a) el estimado de homicidios de mujeres aumentó desde el inicio de esta guerra y b) las regiones más afectadas por la violencia e inseguridad en Latinoamérica son aquellas con escasez de oportunidades económicas.
Un costo grave adicional ha sido el encarcelamiento en masa. La política implementada para el tratamiento de consumos riesgosos o incluso el castigo por la portación de drogas ha sido el encierro. Esto, además de implicar barreras para el acceso a la salud de los consumidores, ha fortalecido los procesos de estigmatización que sufren, provocando que los usuarios de drogas no sólo no puedan acceder a un trato médico digno y humano, sino que tampoco puedan acceder a derechos básicos como lo es la vivienda y el empleo. Además, el encarcelamiento no sólo conlleva costos emocionales y financieros para los consumidores de drogas encarcelados, sino también para sus familias, en especial para las mujeres cuidadoras de familias con bajos ingresos, ya que son ellas quienes se hacen cargo de los costos de la vida por el encierro y de los trabajos de cuidado y emocionales que esto envuelve.
El prohibicionismo, o la llamada guerra contra las drogas, también ha provocado que se margine en mayor medida a las personas que viven en las calles. Las consecuencias de la discriminación vivida implican que estas personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como lo es el acceso al agua y alimentos. Una situación similar ocurre con los migrantes: al no recibir apoyos, son privados de redes de apoyo, empleo, vivienda, etc. Muchas veces esto es a causa de relacionar su presencia en las ciudades o su estado migratorio con consumo de drogas.
Algunos autores afirman que el prohibicionismo fue causado por la presión estadounidense durante reuniones multilaterales que buscaban prohibir el consumo de opio (asociado con la población china), de mariguana (vinculada a los mexicanos que trabajan en California) y de la cocaína (relacionada con la población negra). Estas presiones originaron la firma de diversos tratados internacionales como la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
El enfoque prohibicionista fue endurecido durante la administración de Nixon en Estados Unidos. Durante su administración se crearon programas estatales y privados con una perspectiva desde la criminalización, misma que se extendió al plano global. Fue a partir de las presiones internacionales que México adoptó tal enfoque prohibicionista, lo que se observa, por ejemplo, en las percepciones en torno a la mariguana que fueron establecidas a partir de los operativos militares (llevados a cabo a causa de la presión gringa), debido a la creencia de que “los campesinos sinaloenses envenenaban a la juventud estadounidense con mariguana y amapola”.
Congruente con lo que he mencionado, las políticas en México han sido punitivistas, priorizando las medidas erguidas desde la violencia. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la mal llamada guerra contra las drogas se hizo oficial, los militares asumieron la seguridad pública dejándonos un país institucionalmente militarizado a través de un despliegue permanente de las fuerzas armadas. La militarización continuó durante el sexenio de Peña Nieto con la propuesta de la Ley de Seguridad Interior. En la administración de López Obrador la militarización tampoco se vio pausada, pues durante este sexenio hemos atestiguado a los militares encabezar incontables funciones civiles e incluso los vemos al frente de la seguridad civil en la Guardia Nacional.
También se ha observado una política de encierro constante. En 2011, las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios eran poco menos de 231,000 y en 2021 el INEGI registró a más de 220,000. Aunque haya disminuido, la población encarcelada sigue siendo muy alta, lo que corresponde a una tasa de 170.9 por cada 100 mil habitantes. Entonces, el encierro masivo no ha implicado un mejoramiento en la seguridad. A pesar de las numerosas condenas por homicidios, la tasa de homicidios ha seguido escalando durante más de 10 años.
Un ejemplo de esta sed de encierro del Estado mexicano es la presencia e intentos de expansión de la prisión preventiva oficiosa, misma que es contraria al respeto de los derechos humanos pues viola los derechos procesales de las personas imputadas. Esta medida conlleva el encierro automático e inmediato de los imputados sin la necesidad de una condena, o bien, sin pruebas de intento de fuga; significa el encierro dado por la mera acusación de delitos. Por supuesto que es una medida contraria a la justicia, tal como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que la justicia no debe ser una medida automática que se tome sin considerar la necesidad y la proporcionalidad de las actuaciones que deben tomarse.
Las medidas de encierro y aislamiento no sólo no han contribuido a disminuir la violencia padecida en el país, sino que han abonado al rompimiento del ya mermado tejido social. Las políticas de seguridad basadas en el ataque y la persecución han repercutido en graves daños contra los consumidores de drogas, las personas privadas de la libertad, en sus familias y en la población en general, ya que a través de la violencia estatal nos hemos visto envueltos en un clima de intensa brutalidad que parece nunca acabar.
Por otro lado, no todos los grupos poblacionales han vivido estos costos de manera igualitaria. La guerra contra las drogas ha recaído sobre grupos específicos. Como he expuesto, tanto los costos de salud como los costos sociales, han impactado en mayor medida en las poblaciones con más bajos ingresos.
Esto implica que la guerra contra las drogas no es contra las drogas. El problema no son las sustancias psicoactivas, el problema es que determinadas poblaciones las consumen. Ésta es una guerra contra las personas. Ante esta guerra nos enfrentamos a un complejo panorama. Estoy segura de que cambiar esta realidad es un camino muy largo por recorrer (¡nos estamos enfrentando a las consecuencias de una guerra heredada que lleva más de medio siglo entre nosotros!) pero por otro lado estoy segura de que es posible lograrlo. El trabajo de muchas organizaciones civiles en Latinoamérica ha demostrado el impacto en el cambio de narrativas en torno a las personas privadas de la libertad: aquí Las Caras de la Tortura de Documenta, análisis y acción para la justicia social, que ayuda a visibilizar la tortura que sufren los consumidores en centros de atención a adicciones y en detenciones por parte de la seguridad pública; aquí la herramienta Desintoxicar Narrativas de Elementa DDHH; o aquí las investigaciones del Programa de Políticas de Drogas; o los talleres reivindicativos de Reverdeser; o el activismo digital de Échale Cabeza, aquí el Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos; aquí Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas; aquí Un Consumo Seguro; aquí Feminismo & Flow; aquí la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas que Usamos Drogas, entre muchas otras.
Sin embargo, es muy importante que el Estado solucione los problemas que la guerra ha creado. Los esfuerzos por mitigar estas consecuencias no deben descansar solamente en la sociedad civil. Desde el ámbito de la salud pública, resulta fundamental cambiar la imagen de los usuarios de drogas como “adictos” o “enfermos” encadenados a las sustancias. La salud pública debe asumirlos como sujetos de derechos autónomos para decidir sobre su consumo y tratamiento. Es necesario plantear la reducción de daños como una alternativa ante las políticas actuales de salud. La reducción de daños acepta que el consumo de sustancias es inevitable y que, en lugar de perseguir un objetivo imposible (la eliminación de las drogas), busca reducir los daños y riesgos implicados en el consumo de drogas (como la transmisión de enfermedades por jeringas compartidas, o los efectos físicos o psicológicos de los consumos prolongados o riesgosos). La reducción de daños ayuda a mitigar las consecuencias de esta guerra, así como a minimizar la estigmatización, el encierro y las políticas de castigo. A través de la reducción de daños es posible disminuir los estigmas sociales, la exclusión social y los obstáculos que los usuarios de drogas se enfrentan en el ámbito de salud. Algunos ejemplos de este tipo de esfuerzos se ven en el trabajo de Prevencasa y Verter.
Por último, en el ámbito penal y de seguridad, es fundamental abandonar el arcaico modelo que ha prevalecido en esta guerra “contra las drogas”. Debemos rechazar firmemente la noción de castigar y marginar a quienes consumen drogas, así como de seguir militarizando nuestro país. El prohibicionismo en las políticas de drogas sólo nos ha llenado al país (y al continente) de muertes y dolor. Ni el Estado mexicano, ni sus aspirantes a gobernarlo, parecen tener intenciones de cambiar sus enfoques en esta lamentable guerra, pero nosotros, como ciudadanos, podemos influir en la metamorfosis de este país desde el cambio de narrativas. Debemos apropiarnos de nuestra de voz y luchar por ponerle fin a esta eterna guerra.
* Paloma Reynoso (@PaalooRe) es alumna participante del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2023 del Programa de Política de Drogas, realizado del 19 de mayo al 30 de junio de 2023.