¿Quién financia la “guerra contra las drogas”?

Recientemente, en México Unido Contra la Delincuencia suscribimos el llamado internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de poner fin a la “Guerra contra las drogas” y adoptar políticas en la materia que se alejen del paradigma de la prohibición, la discriminación, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, una cuestión clave para desmontar las dinámicas de criminalización es identificar y cuestionar el financiamiento de las mismas.

Apenas este septiembre, Harm Reduction International (HRI) publicó el informe Aid for the War on Drugs, en el que analiza las dinámicas de financiamiento y provisión de recursos materiales y asistencia técnica que operan desde los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el avance de iniciativas antidrogas y la promoción de un consenso moral y prohibicionista en los países del Sur Global.

Todas las transferencias por concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) deben ser reportadas al Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por sus siglas en inglés) de la OCDE. De acuerdo con el análisis de HRI, entre 2012 a 2021 se destinaron 974 millones de dólares (mdd) para el “control de narcóticos”. Más de la mitad de ese monto fue donado por Estados Unidos (550 mdd). Le siguen la Unión Europea (282 mdd), Japón (78 mdd), el Reino Unido (22 mdd), Alemania (12 mdd), Finlandia (9 mdd) y Corea del Sur (8 mdd).

En total, 92 países han sido “beneficiados” de dichos fondos para el “control de narcóticos”. Los mayores receptores de estos recursos entre 2012 y 2021 fueron Colombia (111 mdd), Afganistán (98 mdd), Bolivia (87 mdd), Perú (76 mdd), Nigeria (44 mdd), Pakistán (25 mdd) y México (21 mdd). HRI señaló que, en el mismo periodo, por lo menos 70 mdd han sido donados para “control de narcóticos” en 16 países que prevén la pena de muerte para delitos de drogas, como Indonesia o Irán.

Lo anterior tiene repercusiones importantes para el caso de México, pues la política de mano dura y la militarización han sido los enfoques que el país ha implementado para disminuir el consumo de sustancias desde hace décadas, sin mencionar que desde 2006 existe un fuerte recrudecimiento de la militarización. Al respecto, hay que señalar que no todo el financiamiento de las respuestas punitivas en México proviene de la AOD. Desde 2008, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos envía recursos a México para la implementación de este tipo de políticas.

En 2021, ambos países suscribieron el Entendimiento Bicentenario, que a pesar de contemplar compromisos importantes en materia de prevención del tráfico ilícito de armas de fuego y de reducción de las violencias, también tiene un fuerte componente punitivista, sobre todo en lo que concierne a las drogas sintéticas –como el fentanilo–. Este enfoque prohibicionista y criminalizante es respaldado por los sectores más conservadores de Estados Unidos, quienes han realizado diversos llamamientos para tomar medidas más drásticas respecto al consumo de sustancias, incluso proponiendo el intervencionismo militar en territorio mexicano.

Está por demás documentado que la estrategia de guerra y cárcel sólo ha traído a México más violencia, inseguridad y violaciones graves a los derechos humanos. Además de que ha abordado el fenómeno como uno de seguridad o de justicia penal, impidiendo que se desarrolle una política nacional que atienda al asunto de las drogas como uno de salud pública que priorice las políticas de reducción del daño. Esta estrategia, además, está acompañada por campañas gubernamentales de estigmatización y desinformación respecto a las drogas y a las personas que las usan.

La reducción de daños hace referencia a las políticas, programas y prácticas que buscan minimizar los impactos sociales, legales y de salud negativos asociados con el consumo de sustancias. De tal forma, la reducción del daño encuentra su base fundamental en la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y la no discriminación, enfoques que claramente el gobierno de México no ha incorporado en el diseño de sus políticas.

Existen muchos ejemplos de políticas exitosas en materia de reducción de daños como programas de intercambio de jeringas y agujas para evitar la transmisión de enfermedades, como el VIH o la hepatitis; salas de consumo seguro y supervisado; servicios de testeo de sustancias en fiestas, conciertos o festivales; provisión gratuita de medicamentos para la reversión de sobredosis, etc. La adopción de este tipo de medidas está centrada en la idea de que la vida de un ser humano es más valiosa que cualquier apreciación moral que un individuo o sociedad tenga sobre las drogas. En este sentido, dada su función, tendría sentido que la AOD fuera destinada a programas de reducción del daño.

HRI lo enfatiza al mencionar que, a pesar de su probada efectividad y eficacia costo-beneficio, las iniciativas de reducción de daños se encuentran insuficientemente financiadas alrededor del mundo por la AOD. En lugar de financiar políticas que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas —hasta el grado de financiar las acciones antidrogas de países que contemplan la pena capital para delitos de drogas—, el mundo debería invertir en servicios de salud pública accesibles y en políticas basadas en los derechos humanos y en evidencia empírica.

* Gerardo Álvarez es investigador integrante del área de Incidencia de @MUCDoficial. Abogado. Se ha dedicado al litigio constitucional y administrativo, así como a la investigación en seguridad ciudadana, política de drogas, militarización, control de armas y derechos humanos.