Guatemala nos recuerda: la impunidad de ayer puede ser la impunidad de hoy

Guatemala está por vivir un momento histórico, el cual no debe pasar desapercibido en medio de la vorágine de acontecimientos que se viven hoy en día. Tras 27 años del asesinato del obispo Juan José Gerardi ha reaparecido un testigo: Darío Morales, miembro del Estado Mayor Presidencial, quien fue deportado de Estados Unidos y llevado a la justicia guatemalteca.

Para comprender la importancia de este caso es necesario analizar el conflicto armado guatemalteco, entre 1962 y 1996. Según datos oficiales, después de 36 años de guerra se registraron un total de 42,275 víctimas, incluidos hombres, mujeres y niños. De estas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159, a víctimas de desaparición forzada. El 83 % eran mayas y el 17 % eran ladinos.

Con el anhelo de paz, el obispo Juan José Gerardi Conedera fue nombrado junto a monseñor Rodolfo Quezada Toruño a participar en la Comisión Nacional de Reconciliación en 1988, lo que llevaría a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), cuyo objetivo era atender a las víctimas de cualquier violación a los derechos humanos en el contexto de guerra civil.

El 24 de abril de 1998 fue presentado el informe titulado Guatemala: nunca más, en cuatro tomos. Este fue un proceso de recopilación que llevó dos años de investigaciones y centenares de entrevistas personales en español y en 15 idiomas mayas.

El informe identifica con nombres y apellidos a una cuarta parte de los civiles muertos en la guerra (los 50,000 nombres se recogen en el cuarto y último volumen) y documenta 410 matanzas, la mayor parte de ellas cometidas entre 1981 y 1983, pero algunas mucho más tarde, en 1995, poco antes de la firma de la paz.

El asesinato de Juan José Gerardi

Dos días después de presentado el informe, el obispo Gerardi fue asesinado con repetidos golpes en la cabeza que le destrozaron el cráneo en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián. Cientos de hipótesis sobre su muerte comenzaron a girar en la opinión pública, pero una estaba clara: el Ejército, principal señalado por el informe, tenía algo que ver.

Fue así que después de una investigación perniciosa por parte de la Fiscalía, supuestas manipulaciones de pruebas y nueve años de investigación, el sistema judicial guatemalteco dictó sentencias condenatorias, el 8 de junio del 2001, y decretó 20 años de prisión a dos altos militares y a un sacerdote que compartía la parroquia con el obispo.

Ambos militares, Byron Lima Estrada, quien era comandante de la base militar de Chiquimula, y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, eran miembros del Estado Mayor Presidencial, órgano de inteligencia militar del gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú (1996-2000).

Darío Morales fue testigo en el juicio de 2001, aunque un tribunal consideró que había mentido y estaba ocultando información, por lo que su caso quedó abierto. Su pista se perdió desde 2003. Morales vivió por nueve años en Estados Unidos antes de ser detenido por migración de ese país. Fue capturado y deportado el 27 de abril de 2025.

El imputado ha mencionado a la prensa que tiene miedo, y no es para menos: de los cuatro condenados, tres ya están muertos. Hay que recordar que Morales no es un simple testigo, su captura es una oportunidad para comprender la verdad sobre el magnicidio.

El Ejército y los secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales

A pesar de que tres militares fueron condenados como coautores, hay cosas por resolver: ¿quienes organizaron el asesinato?, ¿quién cometió el crimen?, ¿quiénes más estuvieron involucrados en la manipulación de evidencias, las campañas de desinformación y el soborno a testigos? Y quizá lo más importante: ¿cuál fue el papel del Estado Mayor Presidencial?, pues casi todos los involucrados eran parte de esa organización.

Según investigaciones de la época, durante la guerra civil en los años 70, el Ejército guatemalteco creó un aparato de inteligencia cuyo objetivo era salvaguardar la familia presidencial, comandado por el Estado Mayor Presidencial (EMP). Eventualmente, en el contexto del conflicto armado se convirtió en una fuerza represiva involucrada en numerosos casos que incluyen: secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en lugar de prohibir estos grupos, que contaban con exgenerales y exaltos oficiales de inteligencia, fue sustituido en sus funciones hacia la lucha contra el secuestro. Para el 2013 el parlamento guatemalteco eliminó el EMP y dio vida a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), pero las organizaciones de derechos humanos han señalado que no existió un mecanismo de depuración para asegurar que no estuvieran infiltrados por exoficiales corruptos.

Por lo que este “poder oculto” ha permeado desde hace años, evolucionando y diversificándose en toda la estructura estatal, y aún posee mucha influencia en la vida política y económica de Guatemala.

El informe final de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA (2004) establece que, dentro de los compromisos a cumplir de parte del Gobierno con la entonces Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), en el marco de los acuerdos de paz, era justamente la desaparición de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Ahora, ese mismo Estado debe garantizar la seguridad de Darío Morales para esclarecer la verdad, porque la memoria no se archiva, la memoria se construye todos los días y es la única que puede garantizar la no repetición. ♦