Guardia Nacional, el atajo militar envenenado

El gobierno de López Obrador se negó a crear el observatorio externo de la Guardia Nacional (GN), ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del llamado caso Atenco. El argumento oficial fue que ya existen los controles suficientes.

En respuesta oficial a la solicitud de información con folio 332259822000225, firmada con fecha del 21 de febrero pasado, la GN avisó que aún no realiza las evaluaciones periódicas de uso de la fuerza como lo ordena el artículo 35 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, de manera que “al día de la fecha no se cuenta con ninguna evaluación”.

Esto quiere decir que a tres años de iniciadas las operaciones de esa institución y de promulgarse dicha ley, la GN no ha considerado suficientemente relevante cumplir con los estándares mínimos de control en el ejercicio de su más delicada atribución. A 37 meses de operaciones, no se ha dado tiempo para revisar formalmente cómo usan la fuerza las decenas de miles de efectivos desplegados.

Alguien está tomando las peores decisiones posibles para la GN al impedir la supervisión externa especializada y al obstaculizar la creación de un sistema robusto interno de control sobre el uso de la fuerza. ¿En qué cabeza caben decisiones de tal gravedad? ¿Quién decidió empujar el mayor despliegue posible y a la vez negar los controles externos e internos eficaces? ¿Qué quieren lograr con esto?

Son decisiones intencionales; han preferido realizar tareas policiales sin someterse a los estándares propios del quehacer policial profesional. Esto representa una contradicción estructural que ya va acumulando las peores consecuencias, como sucede con el uso desproporcionado de la fuerza letal.

Sabemos que la letalidad federal crece, entonces la pregunta es hacia dónde quieren llevarnos quienes vienen tomando estas decisiones. La hipótesis obligada es gravísima: han decidido que el uso de la fuerza de los militares en tareas policiales no requiere los controles y contrapesos propios de un verdadero sistema comprehensivo de rendición de cuentas policial, como el recomendado por la ONU en este material.

En el 2019 recogí este esquema amplio de controles internos y externos de la ONU para proyectar lo que a mi juicio debía ser la inserción de la GN en un modelo ejemplar de rendición de cuentas, si es que se quería en efecto llevar a esa institución a un desempeño eficaz y legítimo. Parece que algo así jamás estuvo en el plan.

Y con la Semar y la Sedena las cosas no son mejores. El monitoreo permanente de la militarización que hacemos desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX confirma que la primera no reconoce que sus integrantes son sujetos obligados de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza (contraviniendo abiertamente el acuerdo presidencial del 11 de mayo del 2020 que dispone exactamente lo contrario), mientras la segunda no encuentra documento sobre programa alguno de evaluación en materia de uso de la fuerza (publicaremos en breve nuevas entradas sobre esto en nuestro sitio).

Y no es que esto sea diferente a la inmensa mayoría de las policías en el país; teníamos policías sin profesionalización en el uso de la fuerza y ahora tenemos policías y militares en funciones policiales sin esa profesionalización.

Quisieron el “atajo” militar y en realidad nos están alejando aún más de contar con instituciones policiales que cumplan con los estándares constitucionales aplicables (legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, al imperio de la ley, al mando superior, y “en lo conducente a la perspectiva de género”).

Están envenenado de origen a la GN. Es un “atajo” militar sin controles externos e internos robustos. Las síntesis es que están multiplicando los riesgos. ¿Qué puede salir mal?

@ErnestoLPV