Ciudad de México: áreas verdes, no cuarteles

Hace unos días, el Gobierno de la Ciudad de México tomó la acertada determinación de cancelar la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el terreno que ocupa el histórico vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco. La rectificación del Gobierno de la CDMX debe aplaudirse.

Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para ceder parte del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco al Gobierno Federal, con el propósito de construir un cuartel de la Guardia Nacional, esto a pesar de que el predio es un Área Natural Protegida y no obstante su relevancia para las comunidades de Xochimilco. Después de una larga lucha de las y los vecinos que llegó incluso al Poder Judicial de la Federación, el pasado 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga esta desincorporación, cancelando así la construcción.

La decisión de revertir la desincorporación de ese predio a favor de los castrenses, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, ocurre después de que un grupo amplio de vecinos y vecinas interpusieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, con el acompañamiento del Centro Prodh. En su demanda, las y los vecinos argumentaron que la construcción de un cuartel en esa zona violentaba sus derechos ambientales y su derecho a la consulta. Gracias a la interposición de este recurso, precisamente, las y los vecinos lograron suspender la construcción, lo que a la postre fue esencial para que al momento de revertir la decisión subsistiera todavía el vivero.

Esta revocación es un logro de la lucha de las y los habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.

También es un referente para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, como las que se han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco. Estos procesos continúan también en otras entidades como Chiapas, donde comunidades indígenas tseltales han impugnado la militarización de los territorios indígenas.

Los organismos públicos de derechos humanos harían bien en acompañar a los vecinos y comunidades en estos importantes procesos colectivos de reivindicación de derechos. Exigir que las políticas de seguridad preserven la naturaleza civil a la que se refiere la Constitución y frenar la expansión territorial sin consulta de cuarteles de la Guardia Nacional en lugares donde su construcción no es prioritaria, es esencial para los derechos humanos en el país.

En particular en la Ciudad de México, las cifras que arroja la política de seguridad en clave civil no justifican una ampliación de la presencia castrense en la capital. Más aún, dado que el reciente proceso constituyente local llevó al reconocimiento de derechos y de conceptos vinculados con estos temas —el derecho a la ciudad, las referencias a la seguridad ciudadana— la lucha de Xochimilco por más áreas verdes y menos cuartales es un ejemplo de cómo en México los derechos se dotan de contenido a partir de la acción colectiva de la sociedad.

@CentroProdh