Guanajuato: simulación en derechos humanos

Por: Raymundo Sandoval (@ray_sandoval)

El 04 de octubre se publicó en el periódico oficial del gobierno del Guanajuato la “Convocatoria para integrar la terna para ocupar el cargo de titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado” (PDHEG), que permite que organizaciones propongan candidaturas que cubran el perfil establecido en la Ley, para que luego el gobernador presente una terna al Congreso para la designación del titular. Este proceso está encima. Según dicha convocatoria el plazo para “formular” propuestas al Gobernador venció el 14 de octubre y la elección tendrá que estar hecha a mediados de noviembre.

En este contexto, quisiera afirmar que no existe una política sobre derechos humanos en Guanajuato, y por ello presento los siguientes botones de muestra.

1. Pobreza y violencia: una cuestión estructural

Según el CONEVAL (2014), 46 % de quienes viven en Guanajuato viven en pobreza. Si bien la pobreza extrema en el estado se redujo (considerando cifras de 2012 a 2014), el número de pobres aumentó ya que más de 150 mil personas pasaron a esa categoría. Guanajuato es una entidad donde la Inversión Extranjera Directa ha hecho que el Producto Estatal crezca y sea la 5ª entidad con mayor aportación al crecimiento total nacional (INEGI, 2016), pero ello no se ha traducido en mejor distribución de la riqueza. La pobreza es, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, 2012) un problema grave de derechos humanos que requiere su atención inmediata. En Guanajuato las políticas públicas no tienen perspectiva de derechos humanos, ni priorizan, como señala la ONU, el combate a la pobreza.

2. Un programa de derechos humanos sin diagnóstico

En julio pasado la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno del Estado convocó, teniendo como aliada a la PDHEG, a mesas de trabajo para elaborar un Programa de Derechos Humanos para la entidad, que según consta en el oficio DGDH/188/2016 contará con: “gran apoyo de la Dirección General de Política Pública de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y estableciendo los mecanismos de asesoramiento técnico con la Unidad de Fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, así como con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado”

La actual administración de la PDHEG estuvo 8 años en el cargo y no realizó un diagnóstico integral sobre derechos humanos, y ahora plantea la realización de un Programa a petición de la Secretaría de Gobernación federal al vapor para ser elaborado en “tres meses”, “sin diagnóstico porque no da tiempo”, “son propuestas para el siguiente gobierno”, “esto no es una panacea”, “vamos a poner la semillita”, y otras frases que dan cuenta de la improvisación del proceso, de la falta de rigor metodológico y una vez más, de la simulación del gobierno estatal en materia de derechos humanos. Como señala la cita anterior, este “Programa” contaría con la participación de la OACNUDH, lo cual ha sido negado por la propia Oficina.

La misma OACNUDH ha establecido en otros programas estatales ciertos principios que no se cumplen en Guanajuato: la instalación de una instancia entre los 3 poderes, la construcción de una red de OSC´s que participen, la designación de un presupuesto para el proceso, el apoyo técnico de la OACNUDH, un diagnóstico que tome en cuenta a la sociedad civil y las recomendaciones internacionales, la definición de contenidos que respondan al diagnóstico y sean transversales, y la elaboración de indicadores, y de un mecanismo de evaluación. Ninguno de los Principios se cumple para Guanajuato, por lo que este supuesto programa es una simulación.

3. La libertad de expresión al banquillo

La organización Artículo 19 señaló en su informe de 2015 que Guanajuato junto con Puebla, tuvo un crecimiento exponencial en las violaciones a la libertad de expresión registrando 10 eventos con 13 periodistas afectados. Hasta septiembre de 2016 se han registrado al menos 6 agresiones a periodistas, según la documentación de un colectivo formado para defender la libertad de expresión en la entidad.

La agresión a Karla Silva ha sido paradigmática de la agresión a periodistas orquestada por funcionarios municipales; también en Guanajuato queda sin aclarar el asesinato del periodista Gerardo Nieto en Comonfort cometido en julio de 2015, en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha presentado conclusiones ni evidencia de que el crimen no esté relacionado con su práctica periodística.

Dicho colectivo considera que muchas de las agresiones son cometidas por funcionarios municipales que se oponen a la libertad de expresión y se caracterizan por el bloqueo informativo, las amenazas directas o indirectas, e incluso el despido como consecuencia de notas que consideran críticas.

4. Pendientes de la PDHEG

Si bien la PDHEG cuenta con “plena autonomía” según el artículo 4º de la Constitución estatal, ésta solo queda en el papel, muestra de ello es la falta de independencia del Procurador saliente y el proceso de designación que está todavía en manos del Ejecutivo.

Uno de los casos históricos que debilitaron la legitimidad de la presente administración, fue el de la recomendación que emitió en relación a los expedientes de las mujeres presas por el delito de homicidio en razón de parentesco en 2010, donde la PDHEG solicitó se redujera el castigo para que pudieran salir libres sin entrar al fondo del problema que es la criminalización de las mujeres.

¿Por qué las organizaciones de mujeres y feministas de la entidad no están siquiera pensando en el proceso de relevo en la PDHEG? Sencillamente porque no confían en que pueda tener autonomía y pronunciarse a favor de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de exigibilidad. Según Verónica Cruz de Las Libres, la Procuraduría: no “ha procurado realmente los derechos de las mujeres: combate a la pobreza, a una vida libre de violencia, a un debido proceso, al derecho a decidir y a la maternidad elegida”.

Con un actuar tibio, dependiente del gobierno estatal, la PDHEG se ha encargado de utilizar fórmulas confusas para hablar de sus cientos de recomendaciones (se refieren a cada numeral de los documentos recomendatorios como si fueran independientes) que rondan por el “97 %” de cumplimiento. Recomendaciones que carecen de estándares internacionales, con escaso posicionamiento institucional, poca perspectiva de reparación del daño y de medidas de no repetición. Y que las instituciones simulan cumplir.

Ejemplos de ello son haber dado por cumplida la recomendación en el caso de Karla Silva, que motivó a que la organización Artículo 19 interpusiera un recurso en la CNDH por nulo cumplimiento de la reparación del daño; la falta de seguimiento a las recomendaciones por violencia escolar ante la Secretaría de Educación Estatal (SEG), que de enero de 2014 a mayo de 2016 tuvieron 215 expedientes en su contra por violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes (solicitud de información 00468116). ¿Si se han emitido 17 documentos recomendatorios en ese periodo a la SEG, por qué se siguen presentando casos de violencia escolar? ¿Qué seguimiento le da la PDHEG a estas recomendaciones? ¿Su 97 % de “eficacia” aplica en los casos de simulación de cumplimiento?

La Procuraduría tampoco se ha pronunciado firmemente por los casi 250 casos de feminicidio que Las Libres han documentado de 2013 a la fecha, ni que decir de su nulo posicionamiento sobre la Alerta por Violencia de Género en la entidad.

Los pendientes que debe resolver la actual administración de la PDHEG antes de irse:

• El caso Kala, en el que un investigador de la Universidad de Guanajuato hostigó sexualmente a una colaboradora y en el que la víctima ha señalado dilación por parte de la PDHEG.
• El caso de las agresiones a indígenas en los paraderos de las estaciones de transporte en León, Guanajuato (SIT) cometidas por grupos denominados “Halcones” que se comprobó son policías que no cumplieron los controles de confianza y que actúan como grupos de choque.
• El caso de ejecución extrajudicial cometido por policías municipales de León contra un joven de una zona irregular conocida como “Los Castillos”. Así como el sinnúmero de abusos policíacos en León, donde se ha denunciado tortura y detenciones arbitrarias.
• El caso de los desaparecidos en Salamanca, presuntamente sustraídos por la delincuencia organizada en el que no se han pronunciado.
• La falta de establecimiento del área especializada de atención a la niñez que la Ley estatal en la materia señala y que la PDHEG no ha cumplido. Durante 2015 las violaciones a derechos humanos a este sector fue la 3ª causa de inicio de quejas en la PDHEG.

5. La Ley de protección del PAN/PRD: ventanilla al mecanismo federal

Después de la agresión a Karla Silva, las y los periodistas han podido documentar más claramente los bloqueos informativos, las amenazas y los controles informativos en Guanajuato. Aunado a ello, la actual Legislatura del Congreso analiza dos iniciativas para crear una Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos, una de ellas presentada por el PAN y el PRD que propone regular el secreto profesional (ya establecido en una Ley) y colaborar con la federación para implementar medidas de protección, iniciativa que ha sido denominada “Ventanilla al Mecanismo Federal”. Por otro lado, el PRI ha propuesto una iniciativa que sí propone crear un Mecanismo Estatal para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tenga por objeto proteger diversos derechos.

Ninguna de las 2 iniciativas tiene perspectiva de derechos humanos ni de género, no recuperan la experiencia del Mecanismo Federal ni parten de diagnósticos en la materia ni incorpora a las defensoras comunitarias. Además, la metodología de análisis no garantiza que las propuestas hechas por periodistas y organizaciones sean retomadas, entre las que se encuentran además de crear un Mecanismo estatal, derogar los delitos de difamación y calumnias, suspender a funcionarios que violen la libertad de expresión, crear protocolos de investigación, fortalecer a la PDHEG en la materia y discutir la penalización o el agravante de ataques a la libertad de expresión.

Conclusiones

Guanajuato es un estado con un crecimiento económico estable, pero donde una de cada dos personas vive en pobreza. La PDHEG no es autónoma y el proceso de designación del nuevo titular se apunta como una decisión del Ejecutivo que pretende simular una consulta social, pero que no garantiza una ruta para el fortalecimiento de la Procuraduría.

El relevo en la PDHEG no requiere de una pasarela de candidatos que usen a las OSCs como aval y que convenzan al gobernador, se requiere de una plataforma ciudadana, que a partir de una evaluación amplia señale cuáles son las omisiones y los retos que la Procuraduría tiene para los 4 siguientes años.

Los derechos humanos no son una concesión de los gobiernos, ni son propuestas al vapor sin el reconocimiento de las responsabilidades estatales establecidas en el artículo 1º Constitucional. Basta de simulación.

 

* Raymundo Sandoval es Docente e investigador en derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana León, Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y director de NIMA Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.