blogeditor · 10 de octubre de 2022
Según revelan documentos hechos públicos por el grupo Guacamaya, el proyecto de reformas a diversas leyes secundarias que entregó la Guardia Nacional a la Sedena fue diseñado por ésta, mientras que en la reforma constitucional apenas aprobada que prolongó la intervención militar hasta el 2028 no se incluyeron planes de profesionalización policial y de retiro militar de la seguridad pública, y tampoco mayores controles civiles porque “las Fuerzas Armadas no lo aceptaron”, según declaró el senador Emilio Álvarez Icaza.
Escribió Wolf Grabendorff: “…las Fuerzas Armadas están asumiendo actualmente más tareas dentro de estructuras estatales civiles generalmente bastante débiles, al tiempo que intentan acentuar su tradicional autonomía institucional. De este modo, en América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios“.
¿Esa revelación a cargo de Guacamaya y las palabras de Álvarez Icaza confirman que la Sedena y la Semar ejercen una influencia que excede sus atribuciones constitucionales y legales, colocándolas por encima del poder civil? Que las Fuerzas Armadas diseñen propuestas normativas bajo las instrucciones del presidente de la República sería una cosa, que las impongan al poder civil es otra muy diferente. ¿En dónde estamos?
¿Qué deciden y hacen las instituciones militares al margen del control civil en la práctica diaria? En una columna anterior recogí la frase de una mujer con larga carrera política que me aseguró que “ningún civil se atreve a decirle no a los militares”. En un conversatorio el pasado 6 de octubre, una abogada de derechos humanos con amplia trayectoria litigando casos relacionados con delitos graves presuntamente cometidos por miembros de la Sedena y la Semar, aseguró que los ministerios públicos no se atreven a investigarlos. He confirmado personalmente lo mismo con policías de los tres órdenes de gobierno por más de tres décadas.
No tengo duda de que estamos ante la confirmación del poder de veto militar y mis investigaciones sobre los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia me han permitido corroborar que la Sedena y la Semar ejercen poderes de facto que ningún civil siquiera intenta controlar. He recibido por décadas testimonios de agentes del ministerio público que son obligados a recibir y acusar personas que fueron detenidas por militares durante periodos que exceden por mucho los límites legales, sin supervisión civil alguna.
Allá por 1990, cuando en alguna clase en la universidad se hablaba de los grandes mitos de la historia de México, un compañero dijo una frase que jamás olvidaré: “lo que a este país le hace falta es una buena dosis de verdad respecto a su propia historia”. Inolvidable también, por otro lado, aquella frase del militar encarnado por Jack Nicholson en la película Cuestión de Honor, quien al testificar en un juicio que lo puede responsabilizar de un crimen, contesta al abogado que lo interroga: “no puedes manejar la verdad”.
¿Podemos manejar estas verdades? Porque si no podemos, mucho menos seremos capaces de enfrentarlas.