Guacamaya, Sedena y el posible efecto no deseado

El hackeo de millones de mensajes y documentos de la Sedena a cargo del grupo Guacamaya nos permite confirmar que el rol político de esa institución rebasa los límites constitucionales, ejerciendo la influencia propia de un actor político deliberante cuyo margen de autonomía, con respecto al Ejecutivo Federal, sugiere incluso la posibilidad de una inversión en la relación de subordinación, de manera que, en lugar de que los militares se subordinen al Presidente de la República, éste habría quedado supeditado a aquélla en grado desconocido.

El hackeo enseña además que la Sedena podría haber institucionalizado una política que documenta la delincuencia y las violencias, pero no necesariamente las interviene, aún si eso implica la pérdida de vidas, cual es el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua. Se están dando a conocer también investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre posibles responsabilidades de delitos graves por parte de militares.

Y en este contexto, la entrevista reciente que Carmen Aristegui hizo a una exintegrante de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN), confirmaría que el Presidente y esa Secretaría mintieron sistemáticamente desde el día uno de creación de aquélla, gestionándola como un brazo militar, jamás como una institución con perfil civil como lo ordena la Constitución.

La entrevista no tiene una sola palabra de desperdicio y enseña prácticas en esa institución militar que contravienen múltiples leyes, en especial las que tienen que ver con la atención a las víctimas. La mujer entrevistada, de hecho, encontró no solo el descarrilamiento de su carrera sino incluso la persecución penal, justamente por querer cumplir con los mecanismos de atención, acceso a la justicia y reparación con una víctima que perdió un ojo por disparo de arma de fuego a manos de miembros de la GN, a consecuencia de un presunto uso desproporcionado de la fuerza.

Apenas se informó que el titular de la Sedena pospuso una cita a comparecer el 18 de octubre, desacatando la convocatoria por parte de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que lo citó precisamente para conocer su postura respecto al hackeo del grupo Guacamaya.

Desde la Universidad Iberoamericana CDMX hemos iniciado una Gira Universitaria de Talleres sobre Militarización y Militarismo y de inmediato encontramos indicios de un posible desconocimiento generalizado respecto a la dimensión del crecimiento en recursos y funciones asignadas a las instituciones castrenses, y las delicadas implicaciones que esto supone. También estamos avanzando en la construcción de estudios de opinión que nos permitirán calibrar con mucha más precisión la percepción social que hoy conocemos respecto a ellas. Creemos que sabemos en realidad muy poco sobre lo que la gente quiere y no quiere de la Sedena y la Semar, pero quizá más importante aún, mediremos cómo interactúa la gente con quienes realizan funciones militares.

Por ahora, a propósito del hackeo masivo, hemos elaborado otra hipótesis: si Guacamaya intentaba poner la luz donde nadie mira, acaso buscando fortalecer la rendición de cuentas, podría suceder exactamente lo contrario, de manera que, sepamos lo que sepamos, de todas maneras, por ningún lado, sea desde el Estado o desde la sociedad, se activarían nuevos impulsos eficaces para someter a los militares al imperio de la ley, provocando entonces no menos sino aún más margen de autonomía e impunidad. Pronto comprobaremos o refutaremos esta delicada hipótesis.

@ErnestoLPV