Joel Aguirre · 21 de septiembre de 2026
En los mapas políticos, Groenlandia aparece vinculada a Dinamarca. En los geográficos, pertenece a América del Norte. En los militares, forma parte del territorio protegido por la OTAN. Y en los cálculos de Washington, ocupa una posición demasiado estratégica para ser tratada como una isla distante.
Esa superposición explica por qué la insistencia de Donald Trump en que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense no puede reducirse a una extravagancia territorial. La isla es clave para la detección de misiles, la vigilancia espacial, las nuevas rutas marítimas y los minerales críticos. También se encuentra en una región donde Rusia conserva una presencia militar considerable y China busca ampliar su influencia.
La preocupación estadounidense tiene, por tanto, fundamentos estratégicos. Pero la forma de expresarla abre una pregunta mucho mayor: ¿qué sucede cuando la principal potencia de una alianza intenta obtener control sobre el territorio de otro miembro de esa misma alianza?
Estados Unidos ya opera la base espacial Pituffik y mantiene desde 1951 un acuerdo de defensa con Dinamarca que permite una presencia militar amplia. Washington podría fortalecer sus capacidades de vigilancia, defensa antimisiles y operación ártica sin adquirir Groenlandia. Si el acceso puede ampliarse mediante cooperación, la insistencia en el control revela que la conversación no trata solamente de seguridad. Trata también de quién decide.
Ahí comienza la crisis más profunda de la OTAN.
La alianza fue diseñada para proteger a sus miembros de amenazas externas. No fue construida para responder cuando la presión procede desde dentro y, mucho menos, cuando la ejerce su integrante más poderoso. Dinamarca necesita a Estados Unidos para fortalecer la defensa del Ártico frente a Rusia y China. Al mismo tiempo, debe defender la soberanía de Groenlandia frente a las pretensiones estadounidenses. El garante y la fuente de presión son el mismo país.
Esto no significa necesariamente que Trump quiera abandonar la OTAN. Bajo su presión, los aliados han aceptado elevar sustancialmente su gasto en defensa. Estados Unidos puede querer conservar la infraestructura y la influencia de la alianza mientras modifica la naturaleza de sus compromisos.
El cambio sería menos visible que una ruptura formal, pero quizá más trascendente: pasar de alianzas sostenidas por promesas duraderas a relaciones sujetas a desempeño, utilidad y renegociación continua. En ese modelo, la protección deja de descansar exclusivamente en la pertenencia a una comunidad estratégica y empieza a depender de cuánto aporta cada país, qué activos controla y hasta dónde acepta alinearlos con las prioridades estadounidenses.
Una alianza puede conservar sus tratados y presupuestos mientras pierde su recurso más valioso: la certeza de que sus compromisos sobrevivirán cuando cumplirlos resulte costoso. Groenlandia está poniendo a prueba esa certeza.
También está obligando a revisitar una doctrina de hace dos siglos. La Doctrina Monroe de 1823 advirtió a las potencias europeas que no extendieran su influencia política sobre las Américas. A cambio, Estados Unidos se mantendría, en principio, fuera de los conflictos internos europeos. Con el tiempo, aquella declaración defensiva fue utilizada para justificar una posición jerárquica de Washington dentro del hemisferio.
La administración Trump no ha dejado esta comparación a los historiadores. Su Estrategia de Seguridad Nacional recuperó expresamente la Doctrina Monroe y formuló un “corolario Trump” orientado a restablecer la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, impedir que competidores extrarregionales controlen activos estratégicos y proteger las geografías consideradas esenciales para la seguridad de Estados Unidos.
Groenlandia es el lugar exacto donde esa doctrina se encuentra con la OTAN. Está físicamente en América, políticamente unida a Europa y militarmente integrada a la alianza atlántica. Cuando Washington la observa, ¿ve el territorio soberano de un aliado europeo o una pieza norteamericana que, por encontrarse dentro de su perímetro de seguridad, no debería quedar fuera de su control?
La pregunta importa en México. México no pertenece a la OTAN, pero está dentro del hemisferio cuya jerarquía Washington busca reconstruir. Su exposición a las decisiones estadounidenses es mucho mayor que la de Dinamarca. La frontera, la manufactura, los puertos, la infraestructura energética y digital y el acceso al mercado estadounidense forman parte de una integración que ya no puede leerse únicamente en términos comerciales.
La lección de Groenlandia no es que Estados Unidos pretenda anexar México. Esa comparación sería desproporcionada. La lección es que, cuando Washington define un activo como indispensable para su seguridad, las decisiones del país que lo controla dejan de ser vistas como asuntos exclusivamente internos.
En México, esa lógica puede aparecer en las reglas de origen del T-MEC, la presencia de capital chino, la trazabilidad aduanera, el control de puertos, las telecomunicaciones, el fentanilo o la migración. Washington comienza a integrarlos dentro de una sola conversación: quién tiene acceso a América del Norte, qué circula dentro de ella y qué dependencias está dispuesto a tolerar.
Por eso Groenlandia no representa solamente una advertencia. También ofrece una clave de lectura.
México suele responder a cada presión estadounidense como si se tratara de una controversia separada. Comercio por un lado, seguridad por otro, migración en otra mesa y China como una discusión ocasional. Washington, en cambio, las observa como partes de un mismo sistema. Mientras México administra expedientes, Estados Unidos organiza una arquitectura de poder.
La respuesta mexicana no debería ser la subordinación, pero tampoco una defensa retórica. La soberanía del siglo XXI consiste también en mantener capacidad de decisión sobre el capital, los datos, la energía, la tecnología y las cadenas que atraviesan el territorio.
Dinamarca posee instituciones fuertes, respaldo europeo y pertenencia formal a la OTAN. Aun así, la asimetría con Washington la obliga a negociar. México necesita observar qué protege Dinamarca, qué está dispuesta a ampliar y dónde establece sus límites, para comprender la lógica de la potencia con la que compartimos nuestra integración más profunda.
Antes de la siguiente negociación, México debería saber cuáles de sus capacidades considera estratégicas Estados Unidos, qué puede ofrecer para volverse indispensable sin volverse subordinado y qué decisiones nacionales no está dispuesto a convertir en moneda de cambio. También debería construir opciones antes de necesitarlas. La autonomía no nace durante una crisis. Se acumula con información, instituciones, aliados y capacidad propia.
Desde Copenhague, Groenlandia puede parecer una conversación sobre hielo, radares, minerales y rutas árticas. Desde México, debe leerse como algo más cercano: una demostración de lo que ocurre cuando Washington concluye que la geografía de otro país forma parte de su seguridad.
México no pertenece a la OTAN. Tampoco necesita pertenecer para sentir las consecuencias de su transformación. Si incluso la soberanía de un aliado puede entrar en tensión con el perímetro estratégico de Estados Unidos, la pregunta para México no es si podrá mantenerse fuera de esta nueva doctrina hemisférica.
La pregunta es si llegará a ella con una estrategia propia.♦