Gratis, hasta las patadas

Decía mi abuela que gratis, hasta las patadas. Sin embargo, desde la perspectiva de los economistas, sociólogos y estudiosos del comportamiento humano, todo aquello en el que el precio no refleja el verdadero costo o esfuerzo de producirse, al final termina despilfarrándose y al final, nos sale más caro.

Un ejemplo clarísimo son los subsidios a la gasolina. Al estar relativamente barata la gasolina en nuestro país, justamente debido a estos subsidios, los dueños de los coches tienen los incentivos para usarlo a la mínima provocación. Si tienen que ir al súper a la esquina, lo usan; y si tienen que llevar a los hijos al cole (ahora ya no es colegio, es cole) aunque esté a unas cuantas cuadras, lo sacan; si tienen un poquito más de pachocha, se compran una camionetota (o mamavan) que además de representar una arma de destrucción masiva para los ciclistas, peatones y otros automovilistas, usan mucho más gasolina y contaminan más. Sin embargo, lo que ninguno de ellos  se da cuenta es que al final esos subsidios que recibieron a lo largo del año, que en el 2012 sumaron la friolera cantidad de 227 mil millones de pesos, dejan un hoyotototote en las finanzas públicas marca llorarás, además de los efectos nocivos en el medio ambiente y por supuesto, en la salud de todos nosotros.

Imagínense qué podríamos financiar con esos 227 mil millones de pesos que se usaron sólo para subsidiar la gasolina el año pasado y que no volverá. Pudimos ampliar el programa oportunidades más de 5 veces, o financiar la operación anual de casi 4 universidades del tamaño de la UNAM. Sin embargo, preferimos quemarla en nuestros coches y crearnos la falsa sensación de que nos sale más barato hacerlo y que no estamos generando una factura que en algún momento deberemos pagar, o nuestros hijos, o nietos.

Otro caso interesantísimo sobre el debate entre cobrar lo que realmente cuesta dar un servicio público a la ciudadanía o subsidiárselo, es el acceso al agua. De hecho, el artículo 4 constitucional establece que el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal doméstico es un derecho, el cual debe darse de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Así nomás. Sin embargo, independientemente de que éste sea un derecho consagradísimo en nuestra Carta Magna, debemos pagarla, ¿no? La razón es muy fácil. Cuesta sacarla de donde esté, para llevarla hasta la casa, el trabajo o el lugar donde la necesitemos, y como cuesta, alguien tiene que pagarlo. El cobro del suministro del agua no cancela de ninguna manera el derecho a éste, pero si no se hiciera, primero, el Estado no podría cubrir el costo total de suministrarlo, y al ser gratuito, todo el mundo lo desperdiciaría, si aun así lo hacen.

La respuesta han sido subsidios diferenciados. Se ha establecido que, a partir de un perfil de ingresos del usuario del agua, así como las necesidades promedio de cada hogar, se determina un precio a una cantidad específica de agua por bimestre y si te pasas de eso, pues ya te costará más.

Lo importante de este punto es que el agua, a pesar de ser un derecho constitucional, en ningún momento su acceso es gratuito, porque cuesta suministrarlo. Así nomás.

En estos momentos, un grupo de entusiastas están promoviendo que sea considerado el acceso a Internet como un derecho constitucional (¿o humano?) y que su provisión deba ser gratuita a través de la fibra óptica instalada por la Comisión Federal de Electricidad, conocida por todos como la CFE. Haciendo uso de la nueva facultad constitucional que tenemos los ciudadanos de presentar iniciativas al Congreso de la Unión (recuerden que se aprobó una reforma política el año pasado que lo permite), la promoción del Internet para todos me parece una propuesta noble. Sin embargo, en lo que no coincido es en la forma.

Ya en pláticas anteriores con ustedes habíamos tocado el tema sobre qué modelo de país queremos. Uno, en el que la provisión de servicios públicos de carácter casi universal sean a través de subsidios, o inclusive regalado; otro, a través de la promoción de la competencia, la eficiencia y la productividad. Reconociendo que en la segunda vía se requiere más trabajo político y un esfuerzo colectivo mayor, la primera vía sólo posterga la factura por pagar, se la pasa a las siguientes generaciones, y crea la ilusión de que nada cuesta y a nadie le cuesta.

El activismo también puede tener su cara populista que recuerda más a las políticas gubernamentales de los setentas, sumamente irresponsables, que a la búsqueda de soluciones reales. Yo no veo la diferencia en proclamar más subsidios a las gasolinas, bajar el precio de la electricidad por decreto, eliminar las tenencias, endeudar a los estados y a los municipios y ofrecer Internet gratis para todos. Al final, todos acabamos pagando los platos rotos. Eso sí, tal vez se obtenga notoriedad en las redes sociales.

¿Y si impulsamos la competencia, la eficiencia y la productividad? ¿O eso ya requiere más trabajo?