Gran Calzada, una comunidad bajo la presión del Gas

En Yucatán, alcanzar el sueño de una casa propia es una completa odisea. Las cifras oficiales del Gobierno de México son contundentes: durante el segundo trimestre del 2025, el valor de la vivienda en el Estado se disparó un 10.4 %, superando notablemente la media nacional del 8.45 %. Por consiguiente, obtener un patrimonio debería ser motivo de celebración; sin embargo, en el Fraccionamiento Gran Calzada, Umán, esa alegría se ha transformado en angustia y vigilia constante al descubrir que los hogares colindan con una bomba de tiempo.

El desarrollo inmobiliario de Osroca y Grupo Casitas prometía hogares con vida digna, pero lo que se recibió fue una cotidianeidad marcada por el miedo. A menos de 3 metros de las habitaciones donde las familias duermen, la Empresa Francesa Engie, bajo la filial Energía Mayakan, construye una Estación de Compresión (Booster) de Gas Natural (que es un combustible fósil, como el petróleo y el carbón); un proyecto estratégico para la “soberanía energética” que se rige sobre los cimientos de la tranquilidad de las personas: imponiendo vibraciones, polvo, olores nauseabundos y ruido constante que invaden la intimidad.

El proyecto busca abastecer de gas fósil a las nuevas plantas de ciclo combinado —Mérida IV y Riviera Maya (Valladolid)— actualmente en construcción. La rápida proliferación de este tipo de obras de alto riesgo se explica, a su vez, por la expansión de la importación de gas hacia la península de Yucatán, mediante megaproyectos como el gasoducto Mayakán, que suministrará gas proveniente de Estados Unidos y extraído mediante fracking. Todo ello busca satisfacer una demanda energética creciente, impulsada por la acelerada expansión urbana y por el avance de megaproyectos como el Tren Maya, los corredores turísticos y las granjas porcícolas, entre otros. En síntesis, estos proyectos y su enorme apetito energético forman parte de una reconfiguración territorial —tanto nacional como peninsular— orientada a los intereses del gran capital.

 

La inquietud latente entre los vecinos se materializó el 13 de octubre de 2025, fecha en que iniciaron las pruebas de la estación. Desde entonces, el entorno se ha visto sometido a un infierno acústico: vivir en Gran Calzada se volvió  comparable a habitar entre el motor de un auto y una olla de presión a punto de estallar. Esta atmósfera ha detonado una indignación colectiva que transita entre el miedo y la rabia ante la falta de claridad.

El temor e incertidumbre llevaron a las primeras manifestaciones públicas, primeramente a través de la plataforma TikTok, por uno de los autores (Abner Torres), vecino afectado, quien desde el coraje y el dolor decidió compartir su testimonio, esperando el apoyo de la sociedad en general y del Gobierno tanto a nivel estatal como federal. Sin embargo, la respuesta institucional ha oscilado entre el silencio administrativo y un desdén burocrático. Consecuencia de esto, se realizaron 8 manifestaciones por parte de la comunidad de Gran Calzada, en lugares como las oficinas de la inmobiliaria “Grupo Casitas”, el Palacio del Gobierno del Estado de Yucatán, e incluso arriesgando su vida cerrando las vías del Periférico de Mérida, la autopista principal en esta ciudad.

El espaldarazo institucional

Todo esto llevó a una reunión entre la Empresa Engie, el Gobierno del Estado de Yucatán y una comitiva de vecinos del Fraccionamiento. Lastimosamente esta se vio permeada por el paternalismo insultante de la empresa francesa sobre la condescendencia de los funcionarios estatales, priorizando los intereses económicos sobre los derechos humanos. El mensaje fue claro: la vida de las familias vale menos que un gasoducto. Es la repetición de un abuso sistémico que los yucatecos vivimos en la colonia San Damián, en Mérida.

El “Renacimiento Maya” promete cercanía al pueblo, tal como lo aseguran todos aquellos gobiernos que comulgan con la Cuarta Transformación, pero en el territorio ha sido completamente distinto. El Ayuntamiento de Umán admitió, vía transparencia, que NO EXISTEN los permisos de uso de suelo para la operación del Booster y la construcción del Fraccionamiento Gran Calzada. A pesar de la gravedad de la situación la alcaldesa Kenia Waldina Sauri prefirió lavarse las manos y revictimizar a los vecinos por no “fijarse” donde adquieren sus viviendas. Por otro lado, el Gobierno del Estado, a cargo de Joaquín Díaz Mena, propone una “reubicación” de los habitantes como solución, sin previa consulta a los afectados y relegada a un acuerdo entre particulares, dejando el destino de al menos 160 familias que habitan la cuarta etapa de Gran Calzada en manos de las mismas entidades que propiciaron el conflicto: Engie y Grupo Casitas.

También se ha emprendido una batalla legal mediante un recurso de amparo para reubicar el Booster, logrando una suspensión provisional que fue retirada en menos de 12 horas por la magistrada Julia Ramírez Alvarado y el magistrado José Alejandro de Guadalupe Moguel Espejo, derivado de una queja presentada por Engie, dejando en claro lo rápido que actúa el Poder Judicial bajo intereses económicos, ya que posteriormente fue negada la suspensión permanente.

Mientras las batallas institucionales siguen sin encontrar soluciones, la salud de la comunidad cobra factura: se ha presentado un incremento en la frecuencia de dolores de cabeza e irritación de nariz y garganta, así como cuadros de ansiedad e insomnio entre los vecinos. Pero lo más alarmante es la normalización del peligro en la niñez, que crece jugando a la sombra de la torre del “quemador de gas”, integrando el riesgo industrial a su paisaje cotidiano. El miedo de ser parte de las cifras de accidentes que ha presentado esta empresa es latente entre todos los habitantes.

El Gobierno de México mantiene su silencio. Quizás porque “del total de las importaciones de gas metano que realiza México, el 99 % provienen de Estados Unidos y, en específico, de los campos al sur de ese país, en Texas”. Como bien señaló Marcelo Ebrard, somos el principal comprador de gas de Texas y existen “socios influyentes” cercanos a Trump a quienes no se puede incomodar. Tal parece que nuestro país se ha convertido en un gran conducto para las empresas fósiles, donde el metano importado dicta la política interior y el bienestar es moneda de cambio.

Atrapados entre administraciones que evaden responsabilidades y priorizan el capital extranjero, los habitantes de Umán y la zona metropolitana de Mérida se perfilan como víctimas de una expansión inmobiliaria carente de ética moral y ambiental. No obstante, lejos de la resignación, la comunidad mantiene su resistencia y comunicación por un bien común. La organización vecinal, los amparos y la vigilancia del territorio continúan siendo las herramientas frente a un sistema que parece haber decidido que las vidas son prescindibles. Esta lucha no solo busca una solución a un problema de “unas cuantas casas”, sino sentar un precedente de dignidad y defensa del territorio frente a la voracidad corporativa y los falsos espejismos gubernamentales. Solo la comunidad organizada puede salvar a la misma comunidad de quienes han puesto precio a nuestras vidas.

* Victor Balam Villanueva, contacto: [email protected]. Abner Gerardo de Jesús Aragón Torres (IG @abneraragont), contacto: [email protected]. Redes vecinales (IG @yucatanconenergiasegura / Facebook Colectivo X un Yucatán con Energía Segura).