¿Gobernanza criminal en Ecuador?

Como suele ser en casos de gran violencia criminal, lo que ocurre en Ecuador necesita explicarse de manera multifactorial. Los espacios cambian, y en materia de violencias y criminalidad esto no es la excepción. Ecuador solía ser un país relativamente pacífico. Ahora, y de acuerdo con cifras oficiales reportadas por la agencia de noticias AP, el país sudamericano cerró el 2023 como el año más violento en su historia reciente, superando una tasa de 40 homicidios por cada cien mil habitantes. ¿Qué cambió? Por un lado, los puertos ecuatorianos se han vuelto mucho más relevantes de lo que habían sido para el tráfico internacional de drogas ilícitas, particularmente cocaína. Experiencias similares sobran porque los puertos siempre están sujetos a disputas de este tipo, y ejemplos sobran. Lo ha sido Amberes, en Bélgica; Róterdam, en Países Bajos, o experiencias nacionales como Acapulco o Lázaro Cárdenas.

Guayaquil, además de uno de los grandes puertos en el norte de Sudamerica, también es el espacio económico clave de Ecuador. Esta revalorización, junto con la conveniencia logística para algunos mercados criminales, provocó que los intereses económicos ilícitos en torno a Ecuador crecieran; con ello, y como también ha sido en otros casos, crece la posibilidad de que grupos criminales interesados en el tráfico tomen control territorial de espacios clave. En consecuencia, aumenta la presencia de armas y de organización criminal. En una entrevista para el New York Times, el mayor Edison Núñez, oficial de inteligencia de la policía nacional ecuatoriana, reconoció que el Estado tiene capacidad para inspeccionar únicamente el 20 % de lo que transita por el puerto. El margen de discrecionalidad es gigantesco y tiende a serlo aún más. Por otro lado, la degradación del sistema penitenciario ecuatoriano ha derivado en riesgos explícitos que han convertido a las cárceles en el centro de disputa de control entre autoridades y grupos criminales. Fugas, rehenes, transformación de cárceles en centros de control y en general descontrol caracterizan la crisis.

Como resultado, comienzan a apreciarse en Ecuador rasgos de lo que se conoce como gobernanza criminal, un fenómeno en el que se construyen redes criminales políticamente consolidadas o interesadas en consolidarse como vía para realizar funciones de gobierno y, en general, definir el orden social local. Dicho de manera simplificada, se trata de grupos criminales definiendo cómo se realiza la vida pública y privada. La gobernanza criminal suele implicar formas complejas de confrontación y colaboración con diferentes sectores del poder público legal. Además, busca sostenerse sobre despliegues de poder, rituales de presentación y ejercicios llamativos de comunicación, tal y como se apreciaron en la televisión ecuatoriana.

En lugar de anticiparse, el gobierno nacional está reaccionando al incremento de poder de estos grupos. Esto ha ocurrido en muchos casos a lo largo de la historia reciente del narcotráfico (Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Jamaica). El problema de enfrentarlo de manera reactiva es que no le permite actuar de manera estructural sino a través del uso de la fuerza. Si los grupos criminales también usan la fuerza, como es en este caso, las posibilidades de que deriven en violencia generalizada son altas. En ese sentido, la declaración de estado de excepción presagia más violencia porque funciona como una expresión de poder por parte de las autoridades legales, quienes al hacerlo reconocen la existencia de una confrontación con potenciales o reales autoridades ilegales. El gobierno central está urgido de demostrar fuerza pública, por lo que la tentación de la mano dura es seductora ya que le permite mostrarse más allá de que resuelvan o no en lo inmediato. Otro riesgo implícito es la construcción de una alteridad, un “ellos” confrontados contra “nosotros”, que además de artificial produce tentaciones de solución autoritarias.

Otro problema potencial es echar a andar la estrategia de kingpin o de “descabezamiento” de líderes criminales, misma que prácticamente nunca ha funcionado en América Latina. La fuga de una cárcel (precisamente de Guayaquil) de José Adolfo Macías, alias “El Fito”, seguramente que tiene un rol práctico y simbólico en la articulación de las bandas criminales y de los esquemas de gobernanza criminal que se están desarrollando, pero para nada sería posible asumir que su neutralización provocaría que el problema completo deje de existir. Sería un error craso si el Estado ecuatoriano desatiende formas estructurales y se enfoca en “Fito” o cualquier otro líder criminal como el origen y fin de todos estos problemas. Finalmente, el hecho de que sea el ejército la única institución capaz de hacerse cargo de la seguridad en el marco de estado de excepción, también conlleva el riesgo de una eventual militarización de la seguridad pública.

La experiencia internacional evidencia que las respuestas de mano dura a la gobernanza criminal no funcionan ni en el corto ni en el largo plazo. Ecuador vive una gran crisis, pero también tiene una oportunidad para innovar y echar mano de las lecciones que la historia reciente de la seguridad y el narcotráfico ha mostrado. Las mejores experiencias internacionales de pacificación de contextos de gobernanza criminal han sido capaces de construir redes de paz basadas en la articulación de sectores sociales pacíficos. De lo contrario, aquí sí, violencia generará más violencia.

* Rodrigo Peña González es Doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden (Países Bajos), investigador y director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Asistencia de investigación por el Lic. Adrián Rojas Fix.