Glorieta de las mujeres que luchan: pequeño gesto con miles de víctimas 

La violencia institucional que padecen las familias de las víctimas de feminicidio en México es inaudita. Es un flagelo que ha generado, por décadas, impunidad en miles de casos, al parejo de un duelo que no se cierra ante la imposibilidad de acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

Para llamar la atención sobre esa terrible situación, diversas colectivas han exhortado a las autoridades de la CDMX a renombrar la exGlorieta de Colón como La Glorieta de las mujeres que luchan.

El objetivo es honrar a las mujeres que buscan y rastrean a familiares que han desaparecido; a madres, hermanas, hijas que luchan porque se haga justicia a las víctimas de feminicidio; a las mujeres que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; a las que ejercen el periodismo y con ello enfrentan ataques e intimidación; a las que lucharon por la independencia de México y a las que participaron en la lucha revolucionaria; a las que por escribir fueron denostadas; a las estudiantes indígenas que defienden la educación rural; a las afroamericanas e indígenas… a todas las que luchan por defender sus derechos y los de otras personas.

La idea es que la Glorieta sea de todas las mujeres que con sus luchas han construido nuestra historia y contribuyen a sostener este país con dignidad.

Con la Glorieta de las mujeres que luchan se reconocería también la exigencia que dignamente mantienen las mujeres frente a la violencia institucional, caracterizada por las constantes omisiones del Estado en la procuración e impartición de justicia (la deficiente o nula investigación de los casos, la pérdida de evidencia o a la falta de resguardo de la zona donde ocurrieron los hechos); el constante maltrato por parte de agentes estatales y la necesidad de hacer lo que corresponde al Estado hacer: buscar, rastrear, impulsar el proceso penal, allegar de evidencia.

En la desesperación porque sus casos no registran avances, las familias de las víctimas invierten su tiempo y recursos económicos para investigar, hacer tareas de búsqueda de personas desaparecidas y hasta sirven de mensajeras a la autoridad para trasladar oficios.

De esa manera muchas madres, hermanas, hijas de víctimas han puesto en riesgo su seguridad al tratar de hacer un trabajo al que está obligada la autoridad. La incapacidad de ésta para cumplir con sus obligaciones es justamente la causa de la revictimización de las familias.

Si bien es cierto que la presión de éstas sobre las autoridades ha permitido reencauzar investigaciones, o incluso evitado que algunos casos sean cerrados, aún así la justicia tarda en llegar o no llega.

El tiempo invertido por las familias de las víctimas, para que sus casos prosperen es abrumador. En el caso paradigmático del asesinato de Mariana Lima Buendía, ocurrido el 28 de junio de 2010, su madre, Irinea Buendía, lleva 20 años exigiendo justicia para su hija, pese a que tiene en su favor una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Algo similar ha sucedido a Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, que ha luchado desde finales de 2012 para que se haga justicia en el feminicidio de su hija. Debido a las graves deficiencias en la investigación de la muerte violenta de Karla, la SCJN emitió, el 13 de noviembre de 2019, una sentencia invalidando la consignación del caso de Karla por homicidio culposo y ordenando reponer la investigación y realizar todas las diligencias necesarias para investigarlo con perspectiva de género.

En nuestro informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, documentamos tres casos de feminicidios precedidos de desaparición y uno de desaparición que muy probablemente haya culminado ya en feminicidio, que son ejemplos claros de violencia institucional. En el de la joven Nadia Muciño, su madre, María Antonia Márquez Hernández, lleva 17 años reclamando justicia; la señora Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Sánchez Curiel, 6 años; Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio, 4 años y Ana, Vanesa y Luz María, hijas de Julia Sosa Conde, tres años.

Desde Amnistía Internacional hemos lanzado la campaña global #HastaSerEscuchadas, que incluye una petición a las autoridades del Estado de México exigiendo justicia en los cuatro casos que, con todos los ya citados, son apenas la punta del iceberg de la violencia institucional que padecen miles de mujeres que buscan justicia para las víctimas de feminicidio.

Violencia institucional, problema añejo

El problema de la violencia institucional es de larga data en nuestro país. En 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 044/98, por las falencias en que incurrió la entonces Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, al investigar 36 crímenes cometidos de manera brutal, en Ciudad Juárez, en contra de diferentes mujeres en los años de 1996 y 1997 1, infringiendo normas legales e instrumentos internacionales en perjuicio de las víctimas y de sus familias.

En México existe diversa jurisprudencia que traza una ruta muy clara para atender y sancionar la violencia de género, ejemplo de ello lo encontramos precisamente en las sentencias de la SCJN sobre el caso de Mariana Lima (2015) y el de Karla Pontigo (2019), así como en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del campo algodonero (2009). Todas son una guía imprescindible para que la autoridad haga una correcta investigación de los asesinatos de mujeres.

Sin embargo, hay una ineficacia manifiesta de las autoridades para aplicar esos instrumentos jurídicos que ha dejado a éstos prácticamente en el papel. Pese a los obstáculos que enfrentan, las familiares de las víctimas continúan su lucha por obtener justicia para sus hijas, madres, hermanas, una justicia que las autoridades están obligadas a brindar, junto con las garantías de no repetición y la reparación integral del daño.

Por qué la Glorieta de las mujeres que luchan

Si las autoridades hicieran eco de la exigencia hecha por las colectivas de mujeres para que la ex glorieta de Colón lleve el nombre de Glorieta de las mujeres que luchan, ello constituiría un paso en el camino de la reparación del daño, honraría la memoria de las víctimas y reconocería la lucha de las mujeres por acceder a verdad, justicia y reparación. También sería un reconocimiento de la contribución que hemos hecho las mujeres mexicanas para acceder a todos nuestros derechos.

El Estado tiene una enorme deuda con las mujeres que luchan, cuyos nombres fueron repintados en dicha glorieta el 3 de octubre de 2021, luego de que personal del gobierno de la CDMX los borrara el 25 de septiembre -en un acto sumamente insensible que podría ser catalogado también como violencia institucional-, apenas horas después de que fueran escritos por primera vez.

Para quienes formamos parte de Amnistía Internacional fue muy emotivo acompañar a las colectivas y a las defensoras de derechos humanos, en el acto de escribir uno a uno los nombres de las mujeres que luchan: nos dio un gran gusto pintar los nombres de las mujeres que acompañamos en su lucha: Esperanza Lucciotto López, Nancy Arias Arteaga, Lidia Florencio Guerrero, Ana Laura Curiel Armenta, María Antonia Márquez Hernández, Ana, Vanesa y Luz María Sosa, y también pintar los de muchas otras con las que nos sentimos identificadas porque han tenido la dignidad y el valor de luchar por sus derechos. Las recordamos cantando y bordando, pero también con lágrimas porque sus pérdidas nos duelen y nos conmueve el duelo inacabable de sus familias.

En el derecho internacional de los derechos humanos, la reparación integral del daño ha sido reconocida como un derecho de las víctimas. En el Sistema Interamericano -artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos-comprende la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, e incluye las medidas de satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas. Mantener el nombre de la Glorieta de las mujeres que luchan constituiría una medida de este tipo.

El anuncio hecho por la autoridad de la CDMX, en el sentido de que en la Glorieta de Colón colocará una réplica de la señora de Amajac, podría ser interpretada por las mujeres, cuyos nombres están hoy escritos en la barda, como un acto de insensibilidad. ¿No sería mejor dialogar con ellas y con las colectivas para reconocer la resignificación de este espacio y abrir paso al establecimiento de un compromiso real para dar cauce a sus demandas?

Si se trata de pagar deudas con el pasado, aquí tenemos una que es muy vigente y de consecuencias humanas inconmensurables.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.

 

 

1 Se puede consultar aquí.