Genaro García Luna y los crímenes de los que no se está hablando

Han pasado tres semanas desde que inició el juicio en Estados Unidos (EEUU) contra Genaro García Luna, y en la Corte de Brooklyn han desfilado una veintena de testigos los cuales han sido interrogados por la fiscalía con el principal objetivo de probar que el exfuncionario mexicano tenía nexos con integrantes del crimen organizado, que mintió en diversas declaraciones y que estaba inmiscuido en el tráfico de drogas. Y en el juicio, ¿qué han indagado sobre la responsabilidad de García Luna u otros personajes en los casos de violaciones a derechos humanos durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón cuando García Luna fungió como funcionario público? ¡Nada!

Este juicio parecería la oportunidad perfecta para acusar al exSecretario de Seguridad por delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, sin embargo, no está ocurriendo así. La agenda de los fiscales en EEUU está clara: centrarse en la política de  persecución penal y prohibición de drogas al mero estilo de la administración del presidente Nixon y así apoyar a la consolidación de políticas y estrategias de seguridad en países extranjeros, sin tener en cuenta, claro está, las consecuencias políticas y sociales que estos padecen. Las masacres, las desapariciones, las torturas y los asesinatos parecen carecer de importancia frente al tráfico y consumo de drogas en esta relación bilateral de un país de producción hacia uno de consumo.

A pesar de que en estas tres semanas varios testigos han mencionado eventos que incluyen violaciones a derechos humanos durante 16 años de la mal llamada “guerra contra las drogas”, ninguno de estos temas han sido comentados con mayor profundidad dentro del juicio. El común denominador en los testimonios es la evidencia de infiltración del crimen organizado en las más altas esferas de las instituciones políticas y de seguridad del Estado mexicano. Los procesos de verdad y justicia no tienen importancia, y los intereses políticos pesan más que lo humanitario.

No hay que perder de vista que Genaro García Luna es directamente responsable (y no el único) de las consecuencias de la crisis de derechos humanos que se vivió (y persiste hoy en día), pues “el máximo responsable es aquella persona que tiene un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya: dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos”. ¹ Así, su responsabilidad es no sólo por el claro fracaso en la estrategia de seguridad, sino porque las acciones y omisiones directas que tuvo como director de la Agencia Federal de Investigaciones y como Secretario de Seguridad Pública derivaron en múltiples violaciones a los derechos de miles de personas.

Pero resultaría absurdo cargar la responsabilidad de estos crímenes únicamente en García Luna o el expresidente Felipe Calderón, pues el entramado de corrupción, la arquitectura y estructura de relaciones de poder entre funcionarios públicos y crimen organizado alcanza a los tres órdenes de gobierno en los tres Poderes de la Unión. Un caso ejemplar es el del exfiscal de Nayarit y uno de los testigos más controvertidos en el juicio de García Luna, Edgar Veytia alias “el Diablo”.

“El Diablo” montó una estructura criminal al interior de la Fiscalía de Nayarit desde la cual se establecieron alianzas con distintos grupos de la delincuencia organizada, creando un monopolio de violencia en la entidad. Fue artífice de distintas violaciones a derechos humanos ² como despojos de inmuebles y tierras, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y asesinatos. Posterior a su detención por parte de autoridades de los EEUU en 2017, los casos de desaparición de persona incrementaron alarmantemente ³ por una desestabilización en la región o “plaza”. Colectivos de familiares de personas desaparecidas han denunciado la existencia de patrones generalizados y sistemáticos en la desaparición forzada cometida por elementos de la fiscalía estatal.

Resaltamos la gravedad de la ausencia de imputaciones que tiene “el Diablo” sobre los casos de tortura, intimidación, asesinatos, secuestros y demás violaciones graves a derechos humanos que ocurrieron durante su gestión, y que aún así, podría tener beneficios en su sentencia, por cooperar con las autoridades estadounidenses, reforzando los pactos de impunidad.

Casos como este sucedieron antes, durante y después del inicio de la “Guerra contra las drogas” gracias a las redes de complicidad, corrupción e impunidad que han imperado en estas esferas de la política. Y de esto, ni en México ni EEUU hay procesos de justicia real para procesar a responsables ni para atender a las víctimas de las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Ante la crisis de graves violaciones a derechos humanos que vive México, resulta indispensable que los responsables de la comisión de los delitos sean señalados y juzgados. Los procesos de acceso a la justicia deben ser una realidad en este y demás juicios, tanto en México como en EEUU. Para los gobiernos, el derecho a la verdad y la justicia para las miles de víctimas debe estar por encima de los pactos de impunidad.

Aunque el actual presidente insista en que la guerra se ha acabado, en que las masacres y las violaciones a derechos humanos han acabado y la paz reina en el país, nos parece muy importante recordar que sin debidos procesos de justicia, memoria, verdad y garantías de no repetición, no podemos hablar de paz, sino de un desprecio por los derechos humanos.

* Aurora Sánchez (@aurobebe) es estratega de comunicación en México y Ricardo Reyes (@vegetable0000) es coordinador de investigación, ambos en @ElementaDDHH.

 

¹ Ver la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia referente a la responsabilidad de mando Sentencia C-579 del 2013 acápite 8.2.3, aquí.

² Para mayor referencia ver “El fiscal que hizo de Nayarit un infierno” aquí.

³ Durante la gestión de Edgar Veytia como fiscal de Nayarit de febrero del 2013 a marzo de 2017 se registraron 89 desapariciones. Posterior a su detención, de marzo a diciembre de 2017 las cifras oficiales del RNPED señalan 185 en 9 meses.