Gatopardismo y regulación de las armas de fuego en Estados Unidos

En los últimos meses han ocurrido cambios importantes relativos a cómo, desde diferentes esferas de autoridad, se regula en Estados Unidos el tema de la portación y el acceso a las armas de fuego. En algunos casos, los cambios han significado avances importantes para la agenda afín a un mayor control de armas; en otros, representan graves retrocesos. Este artículo recapitula la dirección de tales cambios y apunta a una idea central: a pesar de la epidemia de violencia que se vive en aquel país, el debate en torno a la regulación de las armas es un tema aún inconcluso. Como en la famosa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gattopardo, en este tema pareciera que cambia todo para que nada cambie.

La epidemia de violencia ocasionada por las armas de fuego

Estados Unidos es, por mucho, el país con más armas de fuego per cápita en el mundo. A pesar de eso, en la última década una serie de leyes ha provocado que, a escala federal y local, el acceso a las armas de fuego se haya hecho aún más sencillo. Esto facilita que cualquier persona —traficantes incluidos— pueda adquirir un arma sin el menor tamiz.

Como resultado, la violencia con armas de fuego se ha salido de control: más de 110 personas mueren cada día a causa de un disparo con arma de fuego. Si se compara con el promedio de otros países desarrollados, Estados Unidos tiene una tasa de homicidio con arma de fuego 25 veces mayor, así como una tasa de suicidio con arma de fuego 8 veces más alta. Es un escándalo.

De 2019 a 2020, el porcentaje de homicidios con arma de fuego en Estados Unidos creció 35%, el aumento más importante del que se tenía registro en ese país. En 2021 creció otro 13%. Como resultado de estos incrementos, la principal causa de muerte en niños y adolescentes de 1 a 17 años dejó de ser el accidente vehicular. Ahora son las armas de fuego.

Las armas involucradas en casos de violencia doméstica son también un reto descomunal. Una de cada cuatro mujeres víctimas de homicidio en Estados Unidos es asesinada con un arma de fuego por su pareja sentimental (esposo, exesposo, o novio). Se estima que cada día, en promedio, 41 niños pierden a por lo menos uno de sus padres a causa de disparos con armas de fuego. Ni siquiera los policías están a salvo: de 2012 a 2021, más de 450 oficiales fueron asesinados con un arma de fuego. La epidemia de violencia con armas de fuego alcanza cada rincón, cada espacio; es inagotable.

Quizá el problema más mediático, y por tanto el más conocido fuera de las fronteras de Estados Unidos, es el de los tiroteos masivos. Según Gun Violence Archive, estos son definidos como ataques en los que cuatro o más personas reciben un impacto de bala (letal o no letal). De manera análoga a los casos de homicidio con armas en general, estos aumentaron en un 46% entre 2019 y 2020.

Uno de los tiroteos más recientes – tristemente no el último- ocurrió en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Durante el incidente perdieron la vida 19 niños y dos maestras. La consternación y la indignación llevó a organizaciones, maestros, actores y políticos a demandar acciones concretas para regular las armas de fuego, su adquisición y portación.

Los avances logrados

Tras complejas negociaciones en el Senado —hasta hace poco impensables— demócratas y republicanos aprobaron una serie de medidas que ayudarán a atender el problema de la violencia perpetrada con armas de fuego.

Una de las medidas más importantes consiste en ofrecer apoyos monetarios para que los estados implementen sus versiones de las denominadas Órdenes de Protección ante Inminente Riesgo (ERPO Laws). Estas leyes buscan anticipar un evento violento. Así, si una persona da señales de querer suicidarse o de pretender llevar a cabo una masacre (por ejemplo, sube a redes sociales anuncios de un tiroteo en una escuela), tanto sus familiares como agencias policiales podrán solicitar que se le retiren temporalmente las armas de fuego que posee legalmente. Asimismo, se le prohibirá la adquisición de nuevas armas.

Otra medida que resultó del acuerdo bipartidista es la tipificación del tráfico de armas como delito federal. Aunque buena parte del proceso de adquisición de armas continuará siendo un tema estatal, la nueva disposición sí tendrá efectos en el movimiento ilícito de armas al interior de Estados Unidos, ya que por fin se podra castigar a aquellas personas o armerias que lucren con la venta indebida de armas. La medida busca que se reduzca el tráfico de armas de estados con regulaciones más permisivas a lugares con leyes más estrictas. En Nueva York, por ejemplo, más del 70% de las armas que circulan provienen de otros estados con regulaciones más permisivas. Se constata lo mismo con los delitos que ocurren en Chicago, donde cerca del 66% de las armas recuperadas proviene de otros estados, principalmente de Indiana.

Además, con las nuevas disposiciones, la prohibición de adquisición de armas para quienes tengan una orden de restricción en su contra se extenderá a relaciones no maritales, pues ahora sólo se consideran las interpuestas por un o una conyuge. Esto significa que se incluirán relaciones de noviazgo -vigentes o no-, avance no menor si se considera que la mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de una pareja sentimental son perpetrados por sus exnovios.

Por si fuera poco, en el paquete de medidas recién aprobadas y firmadas por el presidente Joe Biden el 25 de junio, se incluyen otras para fortalecer la seguridad en las escuelas y un mayor acceso a servicios de salud mental para la población.

Las medidas listadas, entonces, representan algunos avances. ¿Qué falta por hacer?

Las dudas y oportunidades perdidas

Las buenas noticias se ven empañadas por algunas dudas por parte de académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Una cuestión es legislar y otra es ejecutar. Es necesario analizar y monitorear minuciosamente cómo se implementan estas medidas a escala local. En particular, habrá que poner atención en cómo administrarán los estados los recursos provenientes de la implementación de leyes ERPO. Además, dado que la Ley les da cierta discrecionalidad para diseñar sus propias versiones de ERPO, lo estados incluso podrían utilizar los recursos en otros programas de prevención, si deciden no implementar una ley ERPO.

Si bien la tipificación de tráfico de armas como delito federal es una buena noticia, de nada sirve si no se apoya decididamente a la ATF, la agencia encargada de monitorear el tráfico de armas en Estados Unidos. Para empezar, se le tiene que asignar un director general, posición vacante desde 2015. Además, la ATF no cuenta con suficiente personal y recursos monetarios para inspeccionar todas las armerías del país, ni para llevar el monitoreo de los denominados gun shows, lugares ideales para el tráfico de armas.

En las medidas aprobadas por el Congreso y el presidente aún quedan desatendidos aspectos importantes. La mayor ausencia es que no se contempla la prohibición de armas de asalto, frecuentemente utilizadas en los tiroteos masivos. Tampoco se legisló para convertir la revisión de antecedentes (background checks) en una obligación para todos los puntos de venta de armas de fuego. Sin esta última medida, los traficantes continuarán adquiriendo armas de fuego en ventas privadas, sin ningún filtro o pregunta.

En el paquete de medidas tampoco se mencionan las denominadas “armas fantasma”, 1 las cuales, en los ultimos años, han sido utilizadas con mucho mayor frecuencia en la comisión de delitos.

En resumen: las medidas representan un modesto avance en la dirección correcta, pero hay dudas sobre su implementación y ausencias importantes.

Los retrocesos

La posibilidad de tener una regulación más estricta sobre la portabilidad y acceso a las armas de fuego acaba de sufrir un retroceso y éste no vino del Poder Legislativo, sino de la mano de la Suprema Corte de Justicia. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte radicalizó aún más la interpretación de la Segunda Enmienda.

El pasado 23 de junio, la Suprema Corte interpretó que las personas pueden adquirir una licencia para portar armas fuera de los hogares sin que los estados tengan la facultad de solicitar requisitos adicionales, más allá de entrenamiento y una revisión de antecedentes. Esto quiere decir que estados como Nueva York, Hawaii, California y Massachusetts tendrán que debilitar el fuerte andamiaje regulatorio que hasta ahora mantenían.

En este punto, es importante resaltar que esta interpretación de la Suprema Corte se dio a pesar de que la mayoría de los estadunidenses apoya leyes más estrictas y que diversos estudios han mostrado que los estados que tienen la prerrogativa de aprobar licencias de portación de armas presentan tasas de violencia con armas mucho más bajas que otros estados. Las consecuencias de la decisión de la Corte se materializarán, tristemente, en más violencia.

El tema de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos está lejos de acabar; el debate público continúa sin definirse de un lado u otro.

Hacia el futuro quedan muchas interrogantes. Por ahora, es importante que el tema continúe siendo prioritario, por lo menos hasta noviembre, cuando tendrán lugar las elecciones intermedias. Sólo teniendo la mayoría en la Cámara baja y sesenta senadores, los demócratas podrían implementar los cambios necesarios para solventar las ausencias del plan bipartidista ya expuesto. Por su parte, quedó claro que la Suprema Corte de Justicia continuará siendo uno de los principales escollos para lograr cambios sustantivos en torno a este problema.

Lo que pasa en Estados Unidos importa en México. Quizás inspirado por los sucesos en el país del norte, la primera semana de julio, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que su partido presentará una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego para permitir que las “familias mexicanas” puedan acceder a armas “con mayor facilidad”.

La porosidad fronteriza, ya se ve, no solo habilita el tráfico ilegal de mercancías; posibilita, además, el flujo y difusión de políticas de seguridad en América del Norte. Más vale poner atención.

* Eugenio Weigend Vargas es experto en prevención de violencia asociada con armas de fuego. Carlos A. Pérez Ricart es profesor Investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México.

 

 

 

1 En Estados Unidos se ve con mucha más frecuencia la venta de partes individuales de un arma. Posteriormente, las armas pueden ser ensambladas en cualquier parte (por ejemplo, los hogares). A estas armas se les llaman armas fantasmas porque no tiene un numero de serie y es casi imposible rastrearlas.