Ethos · 3 de noviembre de 2026
Por Mireya Mondragón*
La desigualdad económica suele analizarse a partir de las diferencias de ingresos entre la población. Sin embargo, la manera en que los hogares distribuyen sus recursos también permite comprender cómo estas brechas se traducen en distintas condiciones de vida. Mientras algunos hogares destinan la mayor parte de su presupuesto a satisfacer necesidades básicas, otros cuentan con mayores posibilidades de invertir en educación, ahorrar o realizar actividades recreativas. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 permiten observar cómo esas diferencias se reflejan en las condiciones de vida de las familias mexicanas.
La alimentación es uno de los rubros donde estas diferencias se hacen más evidentes. En 2024, los hogares del decil I, es decir, el 10 % de los hogares con menores ingresos, destinaron 51.1 % de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que en el decil X, correspondiente al 10 % de hogares con mayores ingresos, esta proporción fue de 28.7 %. Esto no significa que los hogares con mayores recursos gasten menos dinero en alimentación, sino que este rubro absorbe una proporción considerablemente menor de su presupuesto.
En contraste, mientras los hogares de menores ingresos destinaron apenas 4.2 % a educación y esparcimiento, los de mayores ingresos asignaron 13.9 %. Estas diferencias evidencian que la composición del gasto varía según el nivel de ingreso y que, para los hogares más vulnerables, cubrir las necesidades inmediatas deja un margen limitado para destinar recursos a otros rubros.
Esta desigualdad se vuelve aún más evidente al comparar los ingresos y gastos de los hogares. Según la ENIGH, los hogares del decil I registraron un ingreso promedio mensual de 5,598 pesos y un gasto de 5,652 pesos. Es decir, sus gastos fueron ligeramente superiores a su ingreso. En el extremo opuesto, los hogares del decil X reportaron un ingreso promedio de 78,698 pesos mensuales y un gasto de 39,330 pesos, aproximadamente la mitad de su ingreso. Estas diferencias muestran que los hogares enfrentan condiciones muy distintas para administrar sus recursos.
Mientras los de mayores ingresos cuentan con mayores posibilidades de ahorrar y enfrentar imprevistos, los de menores ingresos tienen menos capacidad para absorber gastos inesperados sin comprometer su consumo. Ante una enfermedad, la pérdida del empleo u otra emergencia económica, estos hogares son más vulnerables a reducir su consumo esencial, recurrir al endeudamiento o profundizar las condiciones de pobreza.
Las implicaciones de estas diferencias van más allá de condicionar el consumo presente, pues también pueden contribuir a reproducir las desigualdades a lo largo del tiempo. La educación es un ejemplo de ello. En 2024, los hogares del decil I gastaron, en promedio, 236 pesos mensuales en educación, frente a 5,472 pesos entre los hogares del decil X, es decir, 23 veces más. Si bien estas diferencias dependen del número de estudiantes en cada hogar, muestran una brecha considerable en el gasto educativo. Para los hogares de menores ingresos, las restricciones económicas reducen las posibilidades de acceder a distintas opciones educativas, por lo que dependen en mayor medida de la educación pública. En este contexto, las deficiencias en la calidad y cobertura de los servicios públicos educativos pueden profundizar las brechas existentes, limitando las oportunidades de desarrollo y movilidad social de las siguientes generaciones.
El bienestar de los hogares no depende únicamente de sus ingresos, sino también de su acceso a servicios públicos que les permitan satisfacer necesidades esenciales. Por eso, mejorar su bienestar requiere una estrategia que vaya más allá del incremento de los ingresos. Fortalecer la provisión de salud y educación puede contribuir a reducir los gastos que las familias deben asumir directamente para acceder a estos servicios. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla incrementos reales de 10.8 % en salud y 7.6 % en educación respecto a lo aprobado para 2026. Sin embargo, el aumento de los recursos públicos no garantiza por sí mismo mejores condiciones de vida. Para que estos incrementos contribuyan a reducir las desigualdades, es necesario que se traduzcan en servicios de calidad, accesibles y suficientes, que disminuyan la necesidad de que los hogares cubran directamente estos costos y les permitan disponer de mayores recursos para otras necesidades.
Los resultados de la ENIGH evidencian que el bienestar no debería evaluarse solamente por cuánto dinero reciben las familias, sino también por las posibilidades que tienen de utilizarlo para satisfacer sus necesidades y construir oportunidades futuras. Para reducir las brechas se requiere fortalecer su capacidad económica, pero también garantizar el acceso a servicios públicos de calidad que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida en el corto, mediano y largo plazo.♦
*Mireya Mondragón es investigadora en Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas.