¿Gastamos para mejorar?

La pregunta que da nombre a este texto no es trivial: el gasto público es la principal herramienta con la que cuenta el Estado para promover el desarrollo y generar beneficios para la población. En un país con más del 40% de la población en condiciones de pobreza y sin acceso a condiciones mínimas de bienestar, cuestionar su efectividad no es un asunto menor.

 

Hoy contamos con alrededor de 60 mil millones de pesos adicionales a la propuesta de gasto que hizo el Ejecutivo Federal y las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados decidirán el destino de esos recursos  sujetos a compromisos políticos previamente adquiridos. Bajo esta premisa, es poco probable que el interés público esté por encima de esos intereses particulares o de grupos con poder político y económico.

 

Por otro lado, quizá a más de uno le sorprenda saber que los problemas de nuestro país en materia de equidad social, educación, salud e infraestructura no se resolverán tirándoles carretadas de dinero: el uso del presupuesto con fines políticos, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, así como la inexistencia de indicadores relevantes para medir su impacto real, son factores que aparecen invariablemente al tratar de explicar por qué el gasto público no es eficaz en dichos rubros. En realidad, ni sobran recursos, ni se gastarían de la manera más eficiente si ese fuera el caso. No es un problema de cantidad sino de calidad.

 

En este escenario, México Evalúa consideró indispensable que un grupo de investigadores, académicos y expertos realizara una valoración independiente y objetiva del gasto público en el país, misma que evidencia sus limitaciones para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades.

 

Dichos estudios integran la Serie ¿Gastamos para mejorar? y tienen como objetivo aportar, en 10 puntos, elementos útiles para la toma de decisiones en sectores estratégicos para el país, así como generar propuestas que puedan traducirse en acciones para mejorar la gestión de los recursos y el bienestar de los ciudadanos. A manera de adelanto:

 

Vale la pena destacar que el gasto público destinado a combatir la desigualdad no tiene el impacto esperado porque el 60% se concentra en los grupos de mayores ingresos, es decir, es sumamente regresivo. El 10% más pobre de la población recibe 7.8% del gasto en equidad social, mientras que el 10% más rico recibe 16.7%. Esto implica que amplios sectores de la población quedan excluidos de los beneficios del gasto público agravando aún más la desigualdad existente en el acceso y calidad de los servicios públicos.

 

Al hablar del gasto en Salud, queda claro que aún cuando el financiamiento público dirigido a la población que no tiene acceso a la seguridad social ha aumentado, se observa que el sistema de salud mantiene un elevado costo administrativo que distrae recursos de la atención a la población e infraestructura médica: alcanzó poco más del 9% del gasto en salud para todo el sistema en 2006, siendo el más alto de todos los países de la OCDE. El problema es que el incremento en el gasto en salud no esté sustituyendo el desembolso que realizan las familias en este rubro altamente valorado.

 

El gasto en educación por alumno es menor que el promedio de la OCDE (1,650 vs 6,600 dólares); asimismo, la mayor parte del gasto en este rubro se dirige a cubrir gasto corriente (OCDE 91.7% vs México 97.6%). La rigidez en la composición del gasto y la falta de reglas claras para el  ejercicio de los recursos se traducen en ineficiencia en la operación de las escuelas. Mientras eso sucede, la mitad de los estudiantes mexicanos de 15 años carecen de habilidades mínimas de comprensión lectora o para la resolución de problemas matemáticos básicos de acuerdo con la prueba PISA de 2009. Lo preocupante es que con las ineficiencias observadas, aún con mayores niveles de gasto no se conseguirán los resultados esperados.

 

En cuanto al gasto en infraestructura, a la luz del Programa Carretero 2007-2012, se concluyó, entre otras cosas, que es fundamental que las ampliaciones presupuestales en el rubro por parte del Congreso respondan a criterios técnico-económicos de los proyectos, y no sólo reflejen acuerdos político-electorales. Según estándares internacionales México mantiene bajos niveles de cobertura y calidad en este rubro. Bajo las circunstancias actuales, difícilmente la infraestructura carretera se convertirá en motor del crecimiento económico del país.

Las políticas públicas definen el rumbo de un país. Para México Evalúa es claro que la sociedad civil y la academia deben hacer un esfuerzo conjunto en la evaluación del quehacer gubernamental, para tener gobiernos más transparentes y eficaces a partir de la medición sistemática de sus resultados.

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