¿Quién realmente está pagando el alza al precio del petróleo?

Por Jorge Cano
(Apoyaron en la investigación Carlos Vázquez y Nora García)* 

En momentos de incertidumbre internacional, el precio del petróleo suele ser una prueba de estrés para las finanzas públicas. Lo vimos en 2022, con la subida de precios por la guerra en Ucrania. Lo estamos viendo otra vez en 2026, ante las nuevas tensiones globales. La diferencia es que, esta vez, la respuesta del Gobierno ha sido más prudente en lo fiscal. Sin embargo, esa prudencia tiene un costo, y no lo están pagando las arcas públicas.

Piénsalo así: subsidiar masivamente las gasolinas es como usar la tarjeta de crédito para pagar el súper. Alivia en el momento, pero después llega el estado de cuenta. En 2022, esa cuenta fue de 284 mil millones de pesos (mmdp) en pérdidas fiscales, equivalentes al 5.8% de los ingresos tributarios del año. En 2026, el gobierno ha decidido no sacar la tarjeta —o usarla mucho menos—. Sin embargo, los precios del petróleo siguen igual de altos. Entonces, ¿a dónde se fue la presión? Esa es la pregunta central de esta nota.

El mismo precio del crudo, mucho menos apoyo

La comparación entre ambos momentos es reveladora. Entre marzo y octubre de 2022, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) —el petróleo que produce y vende México en mercados internacionales— promedió 95 dólares por barril. El apoyo a las gasolinas rondó los 7.8 pesos por litro: se eliminó completamente el impuesto especial a los combustibles (IEPS) y se añadieron subsidios adicionales para seguir conteniendo los precios.

En 2026, con un precio del crudo prácticamente idéntico —94 dólares por barril entre el 16 de marzo y el 24 de abril—, el apoyo promedio es de apenas 2.09 pesos por litro. No hay subsidios complementarios. El estímulo cubre alrededor del 20% de lo posible en la gasolina regular, 7% en la premium y 62% en el diésel.

 

Por qué esto es una buena noticia (hasta cierto punto)

Esta decisión tiene implicaciones importantes. En términos simples, dar estímulos al IEPS de combustibles implica dejar de cobrar recursos que sostienen áreas prioritarias. Menores pérdidas fiscales implican menor riesgo de recortes en salud, educación, seguridad o infraestructura. También evita presiones adicionales sobre la deuda pública. Por ejemplo, en 2022, la política de estímulos generó pérdidas fiscales estimadas en 284 mmdp, equivalentes a 5.8% de los ingresos tributarios presupuestados y superiores a todo el gasto de la Secretaría de Salud. Para 2026, la estimación es de apenas 15.5 mmdp, menos del 0.3%. Visto así, este cambio es positivo.

Además, los subsidios a las gasolinas —especialmente a la premium— suelen beneficiar más a los hogares de mayores ingresos, por lo que son una política regresiva.

Pero ahí no termina la historia.

La válvula que se apretó en otro lado

Cuando la presión no desaparece, sólo cambia de lugar. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí.

A pesar de otorgar menos subsidios, el Gobierno ha buscado evitar el costo político de mayores precios al consumidor. ¿Cómo? A través de acuerdos “voluntarios” con gasolineros para mantener precios tope. Actualmente, la gasolina regular no debería superar los 24 pesos por litro en estaciones participantes, y recientemente se fijó un precio de referencia de 28.30 pesos para el diésel.

Estos acuerdos han funcionado. La gasolina magna pasó de 23.6 pesos por litro en enero de 2026 a prácticamente el mismo precio en marzo (un aumento de apenas 0.2%). La premium subió 3.4% y el diésel, 5.6%. 

Para dimensionar la magnitud del choque externo, la comparación con Estados Unidos es útil (aunque con una advertencia: ambos mercados tienen estructuras de impuestos, subsidios y precios base muy distintas, por lo que la comparación debe leerse como referencia de magnitud, no como equivalencia). En ese mismo período, la gasolina regular en EE. UU. subió 36%, la premium 28% y el diésel 42%.

 

 

El riesgo que no aparece en el presupuesto

En el papel, estos acuerdos parecen una solución intermedia. En la práctica, generan tensiones. Los gasolineros deben reportar sus precios a múltiples autoridades, y si venden por encima del nivel acordado, enfrentan exposición pública y un mayor riesgo de auditorías. El mensaje implícito es claro: ajustarse al precio o enfrentar las consecuencias.

Distintos actores del sector han advertido sobre los efectos de esta estrategia. De acuerdo con entrevistas y reportes recientes, algunos expendios están operando con pérdidas, particularmente en el diésel, con márgenes negativos de hasta 80 centavos por litro. Para negocios pequeños, esto no es sostenible en el tiempo.

Aquí surge un problema de fondo. Si bien la política actual reduce el costo fiscal, traslada parte del ajuste al sector privado. Es como apretar una válvula: la presión no desaparece, solo cambia de lugar. En este caso, puede afectar la viabilidad de pequeñas empresas, desincentivar la inversión y deteriorar la confianza en las reglas del juego. Esto a su vez desincentiva la inversión, afecta el crecimiento económico y acaba golpeando a las finanzas públicas, si bien de manera indirecta. 

Conclusión

No hay soluciones sin costos. Subsidiar masivamente las gasolinas alivia el bolsillo en el corto plazo, pero compromete recursos públicos y beneficia más a quienes menos lo necesitan. Controlar precios sin subsidios traslada el costo al eslabón más débil de la cadena —en este caso, los gasolineros pequeños— y genera distorsiones que pueden tener consecuencias más adelante.

El camino más honesto, aunque más difícil políticamente, sería permitir que los precios reflejen la realidad del mercado y compensar directamente a los hogares de menores ingresos con apoyos focalizados. No es una idea nueva, pero sigue siendo la menos popular.

Por ahora, el gobierno eligió una opción intermedia: gastar menos en subsidios, pero sin asumir el costo político de precios más altos. Esa presión tiene que ir a algún lado. Esta vez, llegó a las estaciones de servicio.

*Jorge Cano es coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa. Carlos Vázquez y Nora García son investigadores en dicho programa.