García Luna: culpable. Dos reflexiones y una propuesta

El día de ayer el exsecretario de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón fue declarado culpable en Estados Unidos. Los cargos se centran en su vinculación con el Cártel de Sinaloa y la red de corrupción que permitió el fortalecimiento de dicho grupo mientras que, con el apoyo y asesoría de Estados Unidos, forjaba su carrera política y articulaba la simulada y mal llamada “guerra contra las drogas”.

Durante semanas desfilaron miembros del crimen organizado y servidores públicos que habían negociado con la justicia norteamericana. Sus testimonios se centraron en la forma de operar de Genaro García Luna para proteger al cártel, distribuir miles de kilogramos de cocaína y utilizar el aparato estatal para mantener y fortalecer el mercado declarado ilícito de drogas.

Pero más allá del morbo y el circo al mejor estilo de serie gringa, ¿qué nos deja este juicio? Este veredicto que suena a victoria, pero deja sensaciones encontradas. ¿Qué significó para el país que el secretario de seguridad pública se relacionara con el cártel más poderoso de la época? ¿Qué conversaciones públicas invita a abrir en torno al impacto de la política criminal de Estado Unidos en nuestro país y la política de drogas vigente? Para intentar responder a estas preguntas, acá van dos reflexiones y una propuesta.

La primera reflexión que deja este juicio es que estamos muy lejos de realmente conocer y entender cómo operan las redes de macrocriminalidad en México, los actores públicos y privados que intervienen, así como su nexo e impacto de las violencias que nos atraviesan como sociedad. Las pruebas presentadas por la fiscalía sobre la forma de operar de García Luna se limitaron a evidenciar los delitos relacionados con las estructuras del narcotráfico a través de testimonios. Las pruebas documentales no son de carácter público. Hay nota de primera plana, circo mediático, sensación de victoria del gobierno en turno, pero no hay análisis de contexto. En ese sentido, es importante tomar con serenidad el fallo. Como ha señalado Miguel Pulido, ¿queremos información o queremos espectáculo sobre uno de los temas públicos que más nos atraviesan como sociedad?

Hay un enorme reto por construir el rompecabezas de lo que significan las redes de corrupción del mercado ilícito de drogas y su vinculación con el contexto de graves violaciones a derechos humanos que ha dejado a miles de víctimas y mucho recurso público invertido en empresas criminales. Varias de esas piezas no son públicas, sino que quedan almacenadas y clasificadas en los sistemas de información del poder judicial norteamericano. Además, poco o nada sabremos sobre el destino del dinero, en el caso de que a la par de la pena privativa de la libertad se ordene el pago de una multa. En ese sentido, queda la interrogante sobre qué implica en materia de trasparencia que la información para construir verdad y memoria de la vida pública de las últimas dos décadas en México no sea de acceso público. ¿Cuál está siendo el papel del gobierno de México para poder acceder esa información para impulsar procesos de verdad a nivel local?

La segunda reflexión se centra en la narrativa en torno a este caso y, en general, los procesos contra servidores públicos y miembros del crimen organizado en Estados Unidos, y la confusa sensación de justicia que brinda al debate público. En ese sentido, primero debemos tener claro que el juicio de García Luna es la excepción a la regla. En otras palabras, son pocos los casos donde el proceso llega a juicio; por el contrario, la mayoría de las personas detenidas y/o extraditadas por delitos de drogas cometidos en países fuera de Estados Unidos evitan llegar a juicio a través de una negociación donde se declaran culpables y, a cambio de algunos beneficios, aceptan dar información sobre las estructuras criminales en las que participaron. Lo importante acá es que ello implica la clasificación de la información que brindan en el marco de la negociación. Esa excepcionalidad en este caso, además de la figura de alto nivel que representa García Luna, dio paso a que durante varias semanas el desarrollo del juicio definiera los titulares de prensa. Lo debatible es cómo la narrativa en México -sobre hechos ocurridos en México- la dicta la política criminal de Estados Unidos. La agenda pública se centró, en su mayoría, en la figura del exsecretario únicamente como parte de la red de corrupción entre cártel y Estado, dejando de lado su papel en el contexto de violencias y vulneraciones a derechos humanos que ocurrieron para proteger a dicha red.

Lo anterior también permeó en los medios y en la opinión pública. Prueba ello es la encuesta de Enkoll para el periódico El País, la cual arrojó que el 84 % de los mexicanos opina que Felipe Calderón debería ser investigado por vínculos con el narcotráfico. Más allá del porcentaje y el personaje en cuestión, vale la pena reflexionar sobre las narrativas que permean en la sociedad y el delito por el que se clama la investigación al expresidente. Centrar la narrativa solo en el narcotráfico como un ente maligno, al estilo de Regan, difumina los costos en términos de derechos humanos que tiene la vinculación entre el crimen organizado y el Estado, pero también el rol del sistema de prohibición de drogas en ese vínculo. Vale la pena pensar cómo construimos nuestra propia narrativa atendiendo a nuestras realidades y dolores, más allá de los intereses del país vecino. Buenas prácticas hay al respecto. Periodistas como Laura Sánchez Ley han cubierto el juicio de García Luna a la par de visibilizar su papel en prácticas violatorias de derechos humanos, incluidas tortura, asesinatos, desapariciones y vulneraciones al debido proceso.

Desde Elementa proponemos que la apuesta narrativa se centre en construir una mirada integral sobre el sistema de prohibición, las redes de corrupción que genera y las violaciones a derechos humanos que derivan. La memoria sobre las últimas dos décadas en México se almacena en las cortes estadounidenses sin tener oportunidad de descifrar la verdad sobre los impactos de la política de prohibición, el alcance de los niveles de corrupción, así como la simulación de agencias y gobiernos para hacer frente al mercado declarado ilícito de drogas. Esto requiere un cuestionamiento serio hacia ambos gobiernos.

Estamos convencidas sobre la pertinencia de impulsar desde la sociedad civil procesos de transparencia en México y Estados Unidos, para allegarnos de información recopilada a través de los procesos de justicia estadounidense que permita aportar a entender nuestro país, sus violencias, las causas e impulsar procesos de verdad en favor de las víctimas y que nunca más, se les trate como daño colateral.

* Adriana Muro Polo (@adrianawall), es directora ejecutiva de @ElementaDDHH.