Garantizar los derechos de las mujeres indígenas

En días recientes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, instituido en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de Abya Yala, en honor a la luchadora aymara Bartolina Sisa, quien se opuso a la dominación colonial española y fue asesinada en la Paz, Bolivia, en 1782. El objetivo de esta conmemoración es rendir tributo a todas las mujeres que pertenecemos a los pueblos indígenas del mundo, así como visibilizar los retos que enfrentamos en la actualidad. En ese contexto, es importante señalar que continúan las violaciones a nuestros derechos como mujeres indígenas en la intersección de nuestras identidades individuales y colectivas, y que es impostergable realizar acciones a nivel global y a nivel nacional para garantizar el ejercicio pleno de tales derechos.

En América Latina y el Caribe se estima que existimos más de 23 millones de mujeres indígenas pertenecientes a más de 670 pueblos, enfrentando cotidianamente una múltiple discriminación y mayor vulnerabilidad con el resto de la población y al interior de las propias comunidades. En México, según datos del CONEVAL, 75 de cada 100 mujeres indígenas habitan viviendas en condiciones precarias, sin acceso a luz, agua y gas, además de la violación sistemática a sus derechos sociales y las distintas violencias que enfrentan. la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, indica que 67.6 % de mujeres indígenas ha sufrido algún tipo de agresión.

Otro de los principales detonadores de la violación de nuestros derechos lo constituyen las constantes amenazas a nuestros territorios; para las mujeres indígenas, la violencia de género es definida no solo por la discriminación de género dentro de los contextos indígenas y no indígenas, sino también por un contexto de continua exclusión social y la imposición de distintos proyectos de desarrollo que no corresponden a las necesidades de nuestros pueblos y comunidades, al igual que las actividades extractivas que se ejecutan en nuestras tierras y territorios sin respetar el derecho a la autonomía y libre determinación.

Cierto es que las mujeres indígenas hemos logrado progresivamente el reconocimiento de nuestros derechos tanto a nivel global como a nivel nacional. Un instrumento importante en la lucha ha sido la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Sin embargo, la CEDAW no hace referencia explícita hacia la discriminación que enfrentan mujeres y niñas indígenas, el nexo existente entre nuestros derechos individuales y colectivos, así como la intersección de las diversas formas de discriminación que enfrentamos por ser mujeres y por ser indígenas. Por ello, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas ha reiterado su invitación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para que adopte una recomendación general sobre las mujeres indígenas, donde se examinen cuestiones relacionadas con los derechos individuales y colectivos a la igualdad, la no discriminación y la libre determinación; los derechos sociales y económicos, incluidos los derechos al trabajo decente y a la tierra, el territorio y los recursos; el derecho al agua y a la alimentación; derechos culturales; los derechos civiles y políticos, y el derecho a vivir libre de cualquier forma de violencia.  La adopción de esta recomendación permitiría exigir a los Estados Parte reconocer la especificidad de las experiencias de las mujeres indígenas y nuestras realidades particulares, ampliando así la protección y comprensión de nuestros derechos humanos.

A nivel nacional es impostergable que el Estado mexicano realice en un tiempo breve y razonable múltiples acciones para cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y satisfacer los derechos sociales de las mujeres indígenas, evitando medidas regresivas y canalizado todos los recursos a su alcance para garantizar tales derechos.  Al mismo tiempo, reafirmar la exigencia que hiciera en 2018 la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas al Estado mexicano respecto a implementar “medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia”.

De igual forma, a más de 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, es impostergable aprobar la reforma constitucional en materia indígena que plantea que se reconozca a los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación.  La propuesta plantea mayores niveles de participación y acceso en el goce de derechos colectivos y sociales como es la titularidad de las tierras y territorios.

Es necesario también derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes, como es el caso de las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial; así como promover una nueva Ley General de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica.  La implementación de estas acciones incidirá significativamente en el ejercicio de nuestros derechos como mujeres indígenas en la intersección de nuestras identidades individuales y colectivas, pues es claro que los actuales marcos legales que permiten el despojo de nuestros territorios y bienes naturales no solo afectan a nuestros pueblos en un sentido amplio, sino también de manera concreta a las mujeres que habitamos y salvaguardamos esos territorios.

* Maira Olivo Paz (@maira_olivo) es abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.