blogeditor · 31 de octubre de 2014
El proceso para elegir a quien presidirá la CNDH los próximos cinco años se da en el contexto de una de las peores crisis de derechos humanos que haya experimentado el país en los últimos años. El asunto no es menor porque ello implica que la búsqueda de la presidencia de ese organismo es hoy, como nunca debió serlo, mucho más que la de un empleo cómodo y bien remunerado.
Al Ombudsman nacional le tocará encarar esa crisis y deberá hacerlo con absoluta responsabilidad, con un ánimo constructivo puesto en la búsqueda de un futuro de paz, pero con la firme convicción de que a nadie ayuda la simulación y de que cualquier acto que pierda de vista a las víctimas y a la sociedad civil, arriesga cualquier posibilidad de recuperar la confianza y la credibilidad en ese órgano constitucional, al menos en lo que resta de la gestión, si no es que para siempre.
De ahí que la autonomía juegue un rol fundamental. El ombudsman debe demostrar capacidad para ser autónomo desde el principio. La legitimidad que necesita la CNDH no se conseguirá sólo con un nombre renovado al frente de la institución. Esto es necesario entenderlo porque nadie entre las y los candidatos concitamos las simpatías de todos los sectores, de todas las fuerzas, ni de todos los partidos. Por eso, hoy más que nunca es imprescindible no comprometerse con ninguna otra agenda que no sea la de los derechos humanos, lo que implica no asumir compromisos que al final hagan del Ombudsman, el presidente de tal cual partido, fuerza, sector u organización.
Por eso me parece fundamental insistir en que, en esta elección, es el Senado el que debe elegir, y no las y los candidatos quienes deban contender. Y es que, desafortunadamente, la contienda invierte la carga del convencimiento hacia quien aspira y, querámoslo o no, lo coloca en una situación de ofrecer para convencer, dando al elector una posición de poder que por la vía de las sugerencias, las peticiones respetuosas o los acuerdos, se convierte en un importante obstáculo que afecta, por ejemplo, la libertad para elegir al propio equipo de trabajo, para negociar el tono de las actuaciones institucionales, en fin, para limitar el potencial del mandato que tiene el Ombudsman.
La autonomía es condición fundamental para recuperar la confianza y la credibilidad en varios frentes: en el contexto nacional, especialmente con las víctimas y la sociedad civil; en el ámbito internacional, donde la CNDH debe jugar un rol protagónico y al interior de la propia CNDH, porque es necesario recuperar la mística de trabajo en las y los colaboradores de la institución. De hecho, estoy convencido de que un Ombudsman autónomo es necesario para el Estado mismo, porque ello demostraría que la convicción que se pregona frente a los derechos es auténtica o al menos está en el camino de serlo.
El Estado tiene que aprender que la función de un Ombudsman no es hacer gala de lo que el gobierno hace bien, sino precisamente la de señalar en dónde están los problemas para que estos puedan ser dimensionados, atendidos a la brevedad y corregidos definitivamente. Si se me permite la comparación, cuando el gobierno espera que el Ombudsman guarde silencio frente a las violaciones a los derechos humanos que comete, y en cambio le exige reconocer y ensalzar todo lo que sí se hace bien, equivale a que un paciente se enfadara con su médico porque éste le dice que tiene un tumor en el hígado, en lugar de señalarle todo lo bien que está el resto de su salud.
Incluso visto en términos utilitarios, el Senado tendrá que ponderar entre el costo de elegir mas de lo mismo y el beneficio de provocar una transformación desde el proceso mismo de elección. Si opta por este último camino, entonces se tratará, sin duda, de mucho mas que de elegir un nombre, de ganar una posición política, o de satisfacer un interés particular. La importancia que tiene que el Senado asuma la responsabilidad de Estado que tiene en esta elección, de cara a la situación que guarda el país, implica garantizar desde ya, que el Ombudsman tenga las condiciones políticas y sociales necesarias para ejercer a plenitud su autonomía; ello coadyuvará a crearle, también, elcontexto de legitimidad que es condición sine qua non para que sin distinción trabaje por y para todas y todos los mexicanos. En última instancia, la decisión del Senado será también una oportunidad para mostrar respeto por las personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas, demostrando con su decisión que México les importa, que hacen algo para sanar la herida abierta que hay en el país, y que comparten honestamente con las víctimas y sus familiares, su legítimo reclamo de justicia, verdad y reparación.
* Luis González Plascencia fue ombudsman de la CDHDF y actualmente es candidato para encabezar la CNDH.