¿Funciona la estrategia de seguridad?

El viernes pasado, el presidente López Obrador señaló en su conferencia matutina que, “si no funcionara la estrategia (de seguridad), nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad, en decir ‘hay que cambiar la estrategia porque no funciona’”, en un esfuerzo reiterado de convencimiento, y quizás autoconvencimiento, de que lo que se está haciendo para frenar la violencia en el país está dando resultados. Esta situación ha derivado en una guerra de números, en la que los días 20 de cada mes el gobierno federal hace un despliegue de los datos que recopila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que se repite cada que hay datos nuevos que pueden ser utilizados para este fin, o bien, que son ajustados al discurso triunfalista promovido por el presidente. 

Sin embargo, ese triunfo no puede verse, sentirse ni percibirse y los mismos números que exhibe la secretaria de Seguridad pueden ser usados a conveniencia. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que arrojó un incremento de 1.2% de la percepción de inseguridad, con un 67.4% reportado para el segundo trimestre, respecto de lo publicado en el periodo previo de este año… pero que es 6% menor que lo reportado en el primer trimestre de 2020, cuando se registró el máximo porcentaje de este sexenio, o 9.4% menos que el valor máximo reportado en el primer trimestre de 2018. 

Y así es la guerra de los datos, se presume el decremento de 9% de los homicidios dolosos en el primer semestre de 2022, respecto del mismo periodo de 2021, o el de 8% en feminicidios, pero se menciona con voz baja el incremento de 31% de las víctimas de extorsión reportadas, de 24% en las de trata de personas, de 5% en los casos de violencia familiar o el 3% en las víctimas de secuestro registradas. Es decir, bajo su misma herramienta y estrategias, la realidad tiene una lectura distinta, ya que hay que reconocer que la discusión de las estadísticas de seguridad que pone sobre la mesa el gobierno federal tiene una fuerza arrasadora por estar permeada por el poder mediático de las conferencias matutinas, que orientan la discusión pública hacia los temas que el presidente define y desde la perspectiva que le conviene más.

Sin embargo, en este esfuerzo de convencimiento nos hemos perdido de otras formas de discusión sobre la dimensión de la violencia crónica que padecemos y es el tema de las víctimas. Decir que los homicidios dolosos disminuyeron 9% es menos significativo que decir que se reportó el asesinato de 15 mil 893 personas en el periodo de enero a junio de este año; que, ante la publicación de las estadísticas del INEGI sobre homicidios en 2021, el gabinete de seguridad decide concentrarse en la disminución de mil 148 homicidios, cuando el número total informado fue de 35 mil 625, sin contar que la discrepancia que existe entre los datos del secretariado y los del INEGI es de 2 mil 307 víctimas. A lo anterior, hay que agregar que el número de personas desaparecidas ha alcanzado niveles increíbles, y que son víctimas que se encuentran en el limbo de estos conteos, y todo ello, suponiendo que las estadísticas de incidencia delictiva sirven para reflejar la realidad del país. 

Causa en Común y otras organizaciones civiles han denunciado la manipulación de los datos, la cifra negra, que refleja que solo 3 de cada 10 delitos cometidos son denunciados, y los que son denunciados muchas veces son reclasificados a categorías de menor impacto ante la omisión del secretariado y la inoperancia descarada del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También han señalado la naturaleza atroz de los delitos que se reportan en medios de comunicación, en donde se han documentado al menos 3 mil 123 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, en el mismo periodo de enero a junio de 2022. Entre estos, se incluyen al menos 250 masacres; 856 casos de tortura; 426 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 12 asesinatos de periodistas.

Los números tienen la propiedad de responder a la pregunta que se les haga, por decirlo de algún modo, pero cuando la pregunta es ¿funciona la estrategia de seguridad?, la respuesta debería ser objetiva, clara y concisa. Más allá de filias y fobias, conocer la verdad debería ser la prioridad del gabinete de seguridad y del presidente, de los gobernadores y los presidentes municipales. Desde el análisis de las condiciones generales del país, la respuesta inicial es que no existe una estrategia de seguridad, lo que existe es un discurso, un espejismo, un “dejar hacer, dejar pasar” permeado por el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas para completar la ilusión de que se sabe lo que se está haciendo. 

El entramado de instituciones de seguridad del país no está coordinado, no es homogéneo, las policías locales se encuentran abandonadas, las fiscalías están rebasadas, no hay un plan para la efectiva procuración de justicia, el sistema penal está colapsado y su política es contradictoria, las cifras de incidencia son engañosas, existen datos perdidos en clasificaciones ambiguas como “otros delitos contra la libertad de las personas”… no necesitamos que nos convenzan de que la estrategia funciona, necesitamos que exista.  

* Nancy A. Canjura Luna (@canjural) es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana y como investigadora y servidora pública. Se ha especializado en temas de seguridad y violencia, así como género.