Fuerzas armadas, verdad y justicia: ¿de qué tamaño es la brecha?

Por: Mara I. Hernández Estrada (@maraihdez)

En su más reciente informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer del caso de Ayotzinapa, informó lo siguiente respecto de las entrevistas al personal militar del batallón 27 que solicitó al gobierno federal desde su primera visita a México:

“Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación […]” (énfasis añadido)

Los avances que ha registrado México en su camino hacia un Estado de Derechos son notables. El Congreso ha aprobado reformas constitucionales vanguardistas; se han litigado exitosamente casos emblemáticos, y contamos con comisiones de derechos humanos que gozan de autonomía constitucional, tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, nunca como hoy ha sido tan clara la brecha –ni tan profundas las contradicciones– entre la realidad a la que tiene acceso la ciudadanía y nuestro marco jurídico.

[contextly_sidebar id=”vPd9pKX2vihygHsp2gKNAP17XOwAc5aR”]Se trata, por un lado, de evidencia cada vez más contundente sobre la regularidad con la que se presentan casos de desaparición de personas, uso excesivo de la fuerza o tortura, además de casos emblemáticos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya que han sacudido la consciencia nacional. Esta realidad se alimenta de un contexto de impunidad generalizado. Según el más reciente informe de la ONU, por ejemplo, sólo cinco casos de tortura resultaron en condenas entre 2004 y 2013. Nada de esto es nuevo o particularmente distinto de lo que ha pasado antes en materia de derechos humanos, pero se trata de una realidad que está más presente que nunca en los medios nacionales e internaciones, en las redes sociales y en la conciencia de los ciudadanos.

Por el otro lado, el país cuenta con un nuevo marco jurídico que, a partir de la reforma del 2011, eleva los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al rango de la constitución, con carácter vinculante bajo el criterio pro-persona. Este nuevo marco entró en vigor poco antes de que terminara el sexenio de Calderón, pero ha enmarcado el actuar de esta administración, convirtiéndose en un potente contrapeso al poder presidencial. El cambio es tan profundo que se habla de un nuevo paradigma legal.

¿Qué significa todo esto para el caso que nos ocupa?

El gobierno fue relativamente exitoso en darle a la crisis de Ayotzinapa un carácter de episodio “local” y “aislado”, pero frente a la presión nacional e internacional de investigar el caso a fondo, se han activado diversos mecanismos que se enmarcan dentro del nuevo paradigma legal. Un ejemplo de esto es la presencia del GIEI, expertos en derechos humanos nombrados por un organismo internacional que van a escrutar a fondo la investigación realizada por el gobierno federal. También están los periodistas que han empleado los nuevos mecanismos de transparencia para solicitar información sobre el caso o la participación directa de peritos forenses argentinos en la investigación. Estos mecanismos van dejando al descubierto un talón de Aquiles en la investigación del caso. Este talón de Aquiles tiene que ver con la actuación del Ejército. ¿Sabían o no sabían? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo se decidió enfrentar el episodio?

Pero este talón de Aquiles tampoco es nuevo. La opacidad e impunidad con la que se han conducido nuestras fuerzas armadas han sido evidenciadas en distintos episodios de nuestra historia, desde tiempos de la Guerra Sucia.

¿Qué significa que el Gobierno Federal, al más alto nivel, esté resguardando al Ejército del escrutinio directo del GIEI? ¿Significa que el Presidente es cómplice de la tragedia de Ayoztinapa? No. De eso no hay indicio alguno. Lo que sí es un patrón cada vez más evidente en nuestro sistema político post-transición, es la extrema cautela con la que el titular del ejecutivo trata a las fuerzas armadas. Se trata de una suerte de deferencia que profesa la élite política, sin distingo de partido, y que ha quedado evidenciada en diversos episodios desde la alternancia del 2000. De entre estos episodios destacan las salvaguardas con las que el Senado aprobó convenciones internacionales de derechos humanos en 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, mismas que han fungido como candados para no procesar a elementos del ejército por violaciones graves a derechos humanos. Otro ejemplo paradigmático fue la respuesta del gobierno federal frente a las recomendaciones de la Corte IDH en el caso Rosendo Radilla, 2008, en el sentido de restringir la competencia de los tribunales militares en casos de violaciones a derechos humanos.

En suma, esta “deferencia” o “delicadeza en el trato” ha tenido por efecto insular a las fuerzas armadas del proceso democratizador, convirtiéndolas en un poder fáctico sin contrapesos efectivos. Pero en el contexto del nuevo marco institucional de derechos humanos, consentir este poder de facto se torna cada vez más costoso para el titular del Ejecutivo en términos de legitimidad política nacional e internacional, además de atentar contra derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la verdad y la justicia.

El actuar del gobierno federal en el caso de Ayotzinapa está bajo el más estricto nivel de escrutinio público a nivel nacional e internacional. Proteger al batallón 27 de un nivel equiparable de escrutinio no sólo atenta contra el derecho a la verdad de las víctimas, también va en detrimento de la credibilidad del Presidente y de las fuerzas armadas en su conjunto, además de alimentar las sospechas sobre la posible corresponsabilidad del ejército en la desaparición de los estudiantes.

 

* Mara I. Hernández Estrada es Profesora Investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.