#FueraElFuero

Seis homicidios y 43 desapariciones forzosas y la Procuraduría Estatal de Guerrero no ha girado orden de aprehensión contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez,  porque ¡tiene fuero! ¡Háganme el %$%&% favor! El Fiscal General del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, dijo que “Desgraciadamente Abarca tiene fuero y, hasta que no lo pierda, no se puede proceder en su contra”.

Y sí, el adjetivo es exacto. Es una desgracia que Abarca tenga fuero y más desgracia es que el Gobernador de Guerrero, igual que todos los gobernadores del país, tenga fuero. Y no nada más ellos, los diputados locales y federales, los senadores, los  ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Estados, los Procuradores de Justica y los consejeros del INE. En pocas palabras, todos los responsables de las decisiones políticas en este país gozan del fuero. Se autoprotegen para no rendir cuentas ante la justicia.

La Constitución del Estado de Guerrero dice que para que se pueda juzgar al Sr. Abarca, en su condición de Presidente del Ayuntamiento, se necesita, primero, que el Congreso del Estado declarare por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si se debe o no proceder contra el inculpado.

Por la dimensión que ha alcanzado el conflicto de Ayotzinapa se puede prever que el Congreso le quitará el fuero a Abarca, incluso el Procurador Murillo Karam está intentando consignar los delitos cometidos en Iguala, como delitos federales para que el “fuero estatal” no sea un impedimento para actuar contra Abarca.

Pero procesos de desafuero ha habido poquísimos y jamás ha pasado que un ciudadano de “a pie” denuncie a alguno de estos servidores públicos y los Congresos si quiera consideren iniciar un proceso de desafuero.

El ejemplo más reciente es el de las denuncias hechas por Sofía Lorena Mendoza quién acusó a Abarca por el homicidio de su esposo,  Arturo Hernández Cardona. Sofía es regidora y ni siquiera así pudo hacer algo, sus  denuncias cayeron en los oídos sordos de los gobiernos estatal y federal.

Los que gozan de esta prerrogativa dicen que tienen fuero porque tienen un cargo público. Sin embargo, la realidad es que muchos delincuentes tienen un cargo público para tener fuero. Los ciudadanos poco podemos hacer para defendernos frente a ellos. El fuero es un camino libre para abusar del poder y cometer actos ilícitos, sin consecuencias. Ellos lo saben y por eso lo mantienen.

En la realidad política de nuestro país mantener el fuero es injustificable. Los derechos humanos en México demandan justicia para todos, en igualdad de circunstancias y eso necesariamente pasa por eliminar la prerrogativa del fuero. Este es el momento político para exigirlo. A las denuncias sobre justicia en Ayotzinapa habrá que sumar la eliminación del fuero. Apenas hoy un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo pidieron que el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, que se negocia actualmente, sea suspendido hasta que se sancione a los responsables de la masacre en Guerrero y que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa.

La consigna para eliminar el fuero es difícil, pero la presión ciudadana y la presión extranjera pueden funcionar. Mientras los políticos sepan que ellos no pisarán la cárcel, no podremos hablar de impartición de justicia en México. La inmunidad es impunidad.