Fría la muerte; no los números

Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian), Investigadora de México Evalúa

 

El 60% del gasto público destinado a combatir la desigualdad se concentra en la población de mayores ingresos.*

Entre 2009 y 2010, se cometieron 11.8 millones de delitos. Sólo se reportó el 20% y se inició una investigación en el 14.8% del total. **

 

Dimensionar los problemas de nuestro país, ponerlos en números como los de las líneas de arriba, nos acerca a la posibilidad de encontrar la estrategia para resolverlos; la solución difícilmente vendrá de una corazonada al momento de diseñar políticas públicas. En el mismo sentido, la “fotografía completa” de la crisis de violencia que vive el país requiere, tanto de los datos más confiables en torno a ésta, como del relato de la tragedia humana en dicho contexto.

Dicho lo anterior, (como parte del equipo de trabajo de un centro de análisis de políticas públicas y como periodista), llamó mi atención la entrada que mi colega Diego Osorno publicó hace unas semanas en su blog en Gatopardo bajo el título de “Un joven zeta mexicano”, en torno a la frialdad que percibe en el tratamiento de la información de “la guerra” por parte de medios de comunicación e incluso, él mismo durante 2006.

El reportero y extraordinario narrador recuerda que, con chaleco antibalas y casco, acompañó a elementos del ejército a una búsqueda de zetas en Apatzingán, Michoacán, hasta que se percató de que detestaba ser un rambo-periodista que contaba muertes en lugar de intentar contar las historias que había detrás de ellas. Sin embargo, la afirmación que me generó mayor desconcierto viene a continuación: “Quizá es prematuro afirmarlo con todas sus letras, pero es probable que la lógica seguida por los medios de comunicación, de aproximarse con vocación estadística, cuasi deportiva, a la violencia desatada en varios lugares del país –una lógica que yo también seguí– en algo ha de ser cómplice de la tragedia nacional.”

Pero, ¿dónde está lo reprochable? ¿En el que medios (y gobierno) lleven un conteo de los muertos? Estoy convencida de que en medio del dolor que cubre al país desde que estalló la crisis de violencia relacionada con el crimen organizado, nos confunde una supuesta “ofensa de los números” consistente en que las víctimas de homicidio, pero también de secuestro, extorsión, robo, etcétera, se integren a la estadística en cuestión. Sí: toda vida es irremplazable y su pérdida, desgarradora, pero es cuantificable y debe ser cuantificada para que ninguna pueda hacerse pasar por un hecho aislado o peor aún: hacer como si no hubiera ocurrido.

No digo esto último en vano. En octubre pasado, los reporteros Alberto Morales y Silvia Otero revelaron que en el registro que Tamaulipas entregó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), sólo se contabilizaron 18 homicidios dolosos entre enero y agosto, lo que borraba de un plumazo a las 193 víctimas, presuntamente de los zetas, descubiertas en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando en abril. ¿Ofensivo? Eso sí lo es, y por decir lo menos.

En un caso similar, de acuerdo con el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de delitos graves que realizó México Evalúa, Morelos no reportó al SNSP las denuncias por el delito de secuestro presentadas ante los Ministerios Públicos locales entre mayo de 2007 y febrero de 2009, ni a partir de octubre de 2010. Una raya más al tigre: el Estado de México no reporta casos de extorsión desde diciembre de 2009 hasta la fecha.

¿Esperarán vendernos la idea de que hubo cero secuestros y extorsiones en estos periodos?

A todo esto hay que sumar otra cuestión con las cifras que, sin duda, da para una próxima entrada en este espacio: la brecha entre el número de delitos registrados por las encuestas de victimización que realiza el INEGI, los denunciados ante los Ministerios Públicos y los que a su vez, éstos últimos reportan al SNSP. Varios factores tienen que ver aquí, como la cifra negra de delitos, la opacidad y hasta, presumiblemente, la manipulación de datos a través de mecanismos como la “reclasficación” de delitos. (Véase el caso del Estado de México y sus datos de homicidio.)

La sociedad civil organizada y los medios de comunicación podemos hacer mancuerna para exigirle a nuestros gobiernos cifras confiables (no sólo las que les conviene mostrar), que nos permitan calificar su desempeño basados en la evidencia. Pero no sólo eso: acercarnos a la verdad sobre la incidencia delictiva —lo cual depende de la información proporcionada por los estados y la federación—, es condición indispensable para hacer buenas políticas públicas, generar información periodística de calidad y análisis en torno al tema. Todos tenemos derecho a los números de la tragedia que nos ocupa.

 

*Datos de John Scott, investigador del CIDE, presentes en el documento de México Evalúa “10 puntos para entender el gasto en equidad en México”, de la serie ¿Gastamos para mejorar?

** Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2010