Redacción Animal Político · 30 de junio de 2024
México sufre una crisis ambiental de contrastes: huracanes, tornados, sequías, altas temperaturas… son los efectos del cambio climático causados por años y años de mal aprovechamiento de los bienes de la naturaleza, de deforestación y uso excesivo de combustibles fósiles, entre otros factores.
Los efectos de estos fenómenos climáticos tienen consecuencias directas en la población, su economía, en entorno social y su bienestar.
Urge que en el país se tomen medidas distintas, se desarrollen políticas públicas y estrategias tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, urgen el fomento de una economía distinta a la tradicional y que esté basada en el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.
Hay diversas experiencias de Economía Social a lo largo y ancho de la República, que han mostrado resultados de ello.
Se trata de un modelo distinto de hacer economía que pone en el centro a las personas y su trabajo sobre el capital, con equidad e incluyente, que promueve el desarrollo sustentable en perspectiva comunitaria y de identidad territorial. Asume los principios del derecho humano al medio ambiente sano y el derecho al trabajo digno.
Las empresas de Economía Social están formadas por personas trabajadoras, productoras y/o consumidoras, que se asocian y se constituyen formalmente con fines económicos, sociales y ambientales. En México, gran parte de ellas han surgido en comunidades indígenas y rurales.
En una Mesa de Diálogo organizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza el pasado 26 de junio (ver aquí) se compartieron algunos casos. En Tabasco, por ejemplo, en artesanías con fibras textiles naturales, en aprovechamiento de recursos forestales y en el cultivo y comercialización del cacao.
En Guerrero, donde este modelo está siendo relevante para superar los efectos del huracán Otis que en octubre del año pasado devastó cientos de hectáreas de cultivo, y que afectó labores agropecuarias y de pesca particularmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez.
Eduardo Munguía y Fidel Arias, colaboradores de la organización Horizontes Creativos, expusieron que en las comunidades cacaoteras la relación con la naturaleza es horizontal. “En ella encontramos bienes, no recursos”.
Los principios de la Economía Social van desde trabajar en forma cooperativa, hasta promover, formar y vincular experiencias. Desde Horizontes Creativos se acompañan los procesos, más que resolver necesidades, lo cual permite construir alternativas para enfrentar las problemáticas de productores, artesanos y de distintas actividades económicas.
Además, desarrollan proyectos de energía no solamente asociados con la electricidad, sino con la leña y el aprovechamiento del sol.
Fernando Terrazas, coordinador operativo de Guerrero es Primero, expuso que el impacto devastador de Otis dejó daños en cultivos agrícolas en 12 mil hectáreas: de maíz, 9 mil hectáreas; de coco, 1,700; de mango, 750 y limón 470; además de múltiples afectaciones en infraestructura y equipos de actividades pecuarias y acuícolas que no se han podido recuperar.
El impacto económico, al cierre del año pasado, se estima en una contracción de la actividad económica para Guerrero en -11.7%, con una prolongación al cierre de este año.
Terrazas comenta que esto permite dimensionar la relación que tiene la economía con el cambio climático, así como las posibilidades y necesidades de recuperación que debe de tener el sector de la Economía Social, porque esa es la forma de afrontar las devastaciones, dado que hay organización, cooperación y participación de las comunidades, como alternativa a un modelo económico dominante.
En la misma Mesa de Diálogo, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC; refirió que cuando se habla de justicia climática, se debe mencionar la política de adaptación al cambio climático que permita hacerle frente. Hoy México, a pesar de ser el cuarto país más vulnerable a los efectos climáticos adversos, no la tiene.
Sostiene que la Economía Social es la solución más clara para poder enfrentar esta crisis climática y construir alternativas. La crisis climática va acompañada de una crisis humanitaria y se deben atender ambas de manera conjunta.
De acuerdo con el INEGI, en 2022, los costos por agotamiento y degradación ambiental en México ascendieron a 1.2 billones de pesos, equivalente al 4.1% del PIB.
Los mayores costos ambientales están relacionados con las emisiones al aire, que generan un impacto de 2.5% del PIB; la degradación del suelo, 0.5% y los residuos sólidos urbanos 0.4%.
En ese mismo año, los gastos en protección ambiental totales del sector público representaron apenas el 0.7% del PIB nacional.
Con los datos más recientes, la Economía Social aporta el 1.6% del PIB nacional y generan 1.7 millones de puestos de trabajo remunerado.
A nivel sectorial es el 34% del PIB del sector primario: 74% de aprovechamiento forestal; 37% de la agricultura, 26% de la cría y explotación de animales, 23% de los servicios agropecuarias y forestales y el 20% del pesquero. En estos sectores, tan relevantes para el cuidado del medio ambiente, la presencia de la Economía Social es significativa.
En México es necesaria una política pública de fomento a la Economía Social, no solamente como una vía para mejor el ingreso de las familias y comunidades, sino también para lograr un mayor y mejor cuidado del ambiente y fortalecer las respuestas ante las consecuencias del cambio climático.
En materia económica y ambiental, las decisiones que se tomen en el próximo sexenio serán fundamentales. Y el reto es muy grande.