Redacción Animal Político · 11 de mayo de 2023
Siguen acumulándose denuncias y renuncias en la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, mejor conocida como la Comisión de Guerra Sucia o la comisión de nombre largo y alcances cortos.
Desde su creación diversas voces alertamos sobre los graves errores en la conformación de estos mecanismos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria). Toda la estructura carece de independencia al ser encabezada y con votos mayoritarios de funcionarios de gobierno, no cuenta con presupuesto y personal suficiente, para alcanzar su mandato requiere de una ausente voluntad política, debe articularse con instancias reacias a colaborar como la FGR, las fiscalías del país y la Sedena. Todo esto llevó a que varios de los colectivos de víctimas de la Guerra Sucia no respaldaran el proceso desde un inicio. Sobran experiencias internacionales en las que se han creado estándares mínimos para estos procesos de justicia transicional. Exigir el apego a ellos no es un capricho técnico, la historia lo respalda. A pesar de su importancia, desde su creación ha habido poca atención en los medios sobre el caos que hay al interior de este mecanismo.
Desde el inicio se hicieron evidentes los problemas. Se crea un mecanismo para las víctimas de los crímenes de Estado del siglo XX y se abandona a las víctimas del presente. El Secretario de la Defensa en un discurso planteó a esta comisión como una forma perversa de reivindicar el papel de las fuerzas armadas en la Guerra Sucia. Una de las comisionadas del mecanismo de verdad renunció en septiembre pasado argumentando falta de autonomía, la imposición de una agenda política por parte de funcionarios de gobierno y falta de presupuesto, entre otros mientras el resto de los comisionados prefirió guardar silencio. Se sabe que Segob presiona para emitir el informe antes de las elecciones de 2024 para capitalizarlo políticamente. En días recientes dos de los tres encargados del componente de justicia renunciaron por la falta de financiamiento, la nula colaboración de la FGR y las fiscalías estatales, por el caos al interior del mecanismo y por la imposibilidad de cumplir su mandato. Ahora el mecanismo de justicia queda en manos de Ángela Buitrago, quien al mismo tiempo es experta independiente para el caso Ayotzinapa. Sin duda compromete su independencia al formar parte de un órgano dirigido por funcionarios de gobierno. Todo esto es la crónica de un fracaso anunciado.
A pesar de que el gobierno tenía en mano propuestas de justicia transicional que se trabajaron en colaboración con sociedad civil durante la transición, decidieron aferrarse al control político de la verdad y la justicia. El remedo de mecanismo de justicia transicional creado nació sin respaldo político, sin independencia, sin recursos, sin personal suficiente, con resistencias en Sedena y la FGR, sin respaldo mayoritario de las víctimas de Guerra Sucia. En pocas palabras, una simulación que daña fuertemente a las víctimas y a la sociedad en su conjunto y que pone en riesgo futuros procesos de justicia transicional que van perdiendo credibilidad al ser mañosamente articulados.
A pesar de sus promesas, este gobierno quedará marcado al igual que lo fue el de Vicente Fox con su fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ambos simularon y engañaron a las víctimas y a la sociedad. Ambos quisieron mantener el control político de la verdad y la justicia. Ambos se negaron a crear mecanismos independientes y sólidos. Ambos negaron la búsqueda de desaparecidos y la reparación integral. Ambos prefirieron meter bajo el tapete las garantías de no repetición. El gobierno actual, además, negó todo esto a las víctimas del presente.
Mal harían los medios y la sociedad si no se mira con lupa el trabajo de este mecanismo en los próximos meses.