Desde Fox hasta AMLO: vínculos con grupos del crimen organizado

El pasado 31 de enero, un reportaje del periodista estadounidense Tim Golden reveló que, según investigaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en la campaña presidencial de 2006 el líder criminal conocido como “La Barbie” (miembro de la organización Beltrán Leyva) entregó alrededor de 2 millones de dólares a los asesores de campaña de López Obrador bajo la promesa de que en el futuro gobierno federal los funcionarios de ley no interferirían con las actividades de los narcotraficantes. Asimismo, el 22 de febrero una nota de The New York Times señaló que funcionarios estadounidenses han investigado posibles vínculos entre asesores cercanos a López Obrador e importantes cárteles mexicanos tras asumir el cargo en 2018.

El presidente ha rechazado las acusaciones y ha tachado al periodista estadounidense de “mercenario” y “peón”, incluso sugirió “darle el premio a la calumnia”. Lo mismo sucedió con la nota de The New York Times, pues adjudicó al medio de “pasquín” y divulgó el teléfono personal de la periodista coautora de la nota, situación que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ya investiga.

Si bien estas acusaciones hacia el mandatario ponen en duda su integridad y preocupan en un país donde la tasa de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2 % en los últimos ocho años, es preciso señalar que no es la primera vez que ocurren. En realidad, los demás presidentes que han asumido el cargo durante el presente siglo también se han visto envueltos en acusaciones que los relacionan con grupos del crimen organizado.

Entre noviembre de 2018 y enero de 2019, durante el juicio por narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, testigos revelaron que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron cientos de millones de dólares en sobornos.

Aunque con Vicente Fox no se habló de un vínculo directo, Jesús Reynaldo Zambada alias “El Rey”, otro de los líderes del cártel, declaró haber gastado 300 mil dólares al mes en sobornos a militares y funcionarios públicos durante el gobierno de Fox y aseguró que entregó 3 millones de dólares a funcionarios públicos a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, para que se nombrara a un jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, que ya “estaba comprado”.

En cuanto a Felipe Calderón, Alexander Cifuentes Villa, socio de “El Chapo”, declaró que en 2016 el expresidente recibió sobornos de la organización Beltrán Leyva a cambio de “protegerlos” en la guerra que mantenían con los Guzmán. Por otro lado, el exsecretario de Seguridad Pública durante su gobierno, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones, fue acusado de recibir sobornos de más de 10 millones de dólares y de estar vinculado con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Finalmente, con Enrique Peña Nieto, Cifuentes también señaló que el expresidente recibió 100 millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa, y que incluso había pedido un monto total de 250 millones dólares. El abogado de “El Chapo” en México también aseguró que Peña Nieto recibió 1,800 millones de dólares desde el inicio de su campaña presidencial en 2012. De igual manera, en octubre de 2020 el general Salvador Cienfuegos, quien se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos por su presunta colaboración con la organización de los Beltrán Leyva y su responsabilidad en delitos de narcotráfico y lavado de dinero, aunque actualmente ya se encuentra en México exonerado de los cargos.

Todas estas acusaciones han sido negadas por los expresidentes y puestas en duda por tratarse de testimonios de criminales. Sin embargo, resalta la indiferencia de los mexicanos y mexicanas y la breve atención pública que reciben tales revelaciones. Como señala una nota de The New York Times, en parte esto se debe a los problemas cotidianos que preocupan a la sociedad y en los que centran su atención, así como a los niveles de corrupción e impunidad que existen en México y que no son ninguna novedad.

En este sentido, una encuesta liderada por la Universidad de California en San Diego y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que el 64 % de los mexicanos y mexicanas considera que el crimen organizado o cárteles de droga compran a funcionarios públicos, mientras que el 71 % cree que los funcionarios del gobierno se aprovechan de sus cargos para obtener beneficios personales sin consecuencias legales.

Otro factor que influye en estos casos es la complejidad que implica investigar y comprobar los vínculos con el crimen organizado que involucran a altos dirigentes. Las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, tensan las relaciones diplomáticas entre ambos países e, incluso, pueden ser consideradas como un acto de intervencionismo, tal como sustentó el presidente López Obrador ante las recientes acusaciones.

En general, estos temas desaparecen del foco de la opinión pública tras un par de días y se enfrascan en una disputa política. Las acusaciones pueden, o no, afectar la reputación de los presidentes y la confianza que la sociedad deposita en ellos, pero sin duda se utilizan como argumentos políticos que usan unos para atacar a otros. El discurso manejado por López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas son un claro ejemplo, al destacar en repetidas ocasiones la “herencia” de inseguridad y violencia que recibió en su gobierno y al señalar que “ya no es como antes”, “ya es distinto”. De hecho, en su conferencia del 17 de marzo de 2022 comentó:

Por eso avanzamos y avanzamos sobre todo porque no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, como era antes. ¿Más claro? Ya no está García Luna de secretario de Seguridad, porque está preso en Estados Unidos, acusado de asociación delictuosa con el crimen organizado. Ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez.

En los próximos sexenios, esta disputa política que involucra a personalidades y partidos seguirá presente, mientras que los posibles nexos entre líderes políticos y grupos del crimen organizado serán pasados por alto en una sociedad donde tales actos ya no sorprenden, y donde la verificación de los hechos y su consecuente acción legal queda difusa.

* Dulce Alicia Torres Hernández es asistente de investigación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Lic. en Relaciones Internacionales por la UNAM.