Fortalecer a las policías también es atender las causas

Por: Nancy Canjura

En Guadalajara, una manifestación para exigir agua limpia terminó con denuncias de golpes, detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas por parte de la policía estatal de Jalisco. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, policías que participaban en un operativo para retirar motocicletas fueron golpeados por un grupo de personas; dos agentes requirieron hospitalización. Las imágenes provocan indignación, pero la conversación pública suele agotarse antes de examinar a las instituciones detrás de los uniformes.

Los hechos exigen respuestas distintas: investigar y sancionar los abusos contra manifestantes y esclarecer las agresiones contra los agentes. También plantean una pregunta común: ¿qué condiciones están construyendo las autoridades para que las policías puedan cumplir su función, proteger a la población y regresar con vida a sus casas?

Nuestra relación con los policías suele concentrarse en momentos concretos: una infracción, una emergencia, una detención o una protesta. Esperamos que lleguen, resuelvan y actúen correctamente. Pocas veces nos detenemos a preguntar cómo fueron preparados, qué órdenes recibieron o qué protección tienen. A sus integrantes se les pide incluso dar la vida, mientras sus carencias laborales e institucionales permanecen fuera de la conversación cotidiana.

Las autoridades también suelen voltear a verlos cuando necesitan desplegarlos. Después, ante un abuso, resulta conveniente reducir la explicación al agente que aparece en un video. Las responsabilidades individuales deben investigarse, pero también las decisiones de los mandos, la planeación del operativo, los mecanismos de supervisión y las condiciones que permiten repetir conductas indebidas. El uniforme no vuelve autónomo al policía respecto de la institución que lo dirige.

El informe de Causa en Común, Las policías en México: el drama de un retraso histórico documenta carencias esenciales. Sólo 17 policías estatales habían constituido formalmente su servicio profesional de carrera. En 21 entidades no se acreditaron catálogos de puestos actualizados con requisitos y procedimientos de promoción. Sin reglas claras para ingresar, desarrollarse y ascender, se debilitan los incentivos para permanecer y construir una trayectoria profesional.

En uso de la fuerza, sólo 11 policías estatales acreditaron contar con protocolos. Ninguna demostró cumplir con la obligación de elaborar el informe público anual sobre su utilización. Estas respuestas a solicitudes de información muestran deficiencias graves de documentación y rendición de cuentas. La ciudadanía necesita conocer cómo se decide una intervención, qué consecuencias tiene y quién responde cuando se vulneran derechos.

Las condiciones laborales también forman parte del diagnóstico. En 2024, el 55% del personal policial municipal recibía menos de 15 mil pesos mensuales. Los registros municipales reportaron seguro de vida para el 58% del personal adscrito a las corporaciones y apoyos para familiares de personal fallecido en funciones para el 28%; estos porcentajes incluyen personal operativo y administrativo. A ello se suman jornadas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso y necesidades de atención psicológica.

Esperar profesionalismo en estas condiciones exige revisar lo que el Estado ofrece para hacerlo posible. El cansancio, la incertidumbre familiar y la falta de oportunidades de desarrollo afectan la permanencia y el servicio. Reconocer esas condiciones obliga a corregirlas y a sostener, al mismo tiempo, la exigencia de una actuación respetuosa de los derechos humanos. Proteger al personal y supervisar su conducta son responsabilidades institucionales complementarias.

La violencia contra los agentes da urgencia a esa revisión. Entre octubre de 2024 y el 19 de octubre de 2026, Causa en Común registró al menos 668 agentes de seguridad pública asesinados; 362 pertenecían al ámbito municipal. El monitoreo periodístico incluye distintos cuerpos de seguridad y amplió su cobertura de personal militar en 2026. Cada asesinato exige investigación; las amenazas, mecanismos de prevención y protección, y las familias, respaldo efectivo.

El financiamiento refleja las prioridades públicas. La eliminación del FORTASEG en 2021 debilitó un instrumento federal de apoyo a las policías municipales. Recuperar recursos exige compromisos de los tres ámbitos de gobierno, criterios transparentes de distribución y auditorías que permitan comprobar mejoras en formación, equipamiento y condiciones de trabajo del personal.

En este contexto, la militarización se ha justificado por la gravedad de la inseguridad y las debilidades de las instituciones civiles. Pero la prolongación de esa respuesta obliga a evaluar qué se está haciendo para desarrollar capacidades policiales permanentes. Al 9 de octubre de 2026, 15 dependencias estatales de seguridad estaban encabezadas por titulares de origen militar. La conducción de las policías debe ofrecer oportunidades a cuadros civiles preparados para ejercer esa responsabilidad.

Fortalecerlas también es atender las causas institucionales de la inseguridad. La prevención social, la educación y las oportunidades económicas requieren acompañarse de instituciones capaces de proteger derechos, investigar y sostener una presencia legítima en el territorio. La desconfianza ciudadana, las capacidades insuficientes y la dificultad para mantener esa presencia se relacionan con el desarrollo policial, además de las fiscalías, los tribunales y las condiciones políticas y sociales de cada lugar.

Una policía cercana y profesional puede recibir información, detectar riesgos, atender conflictos y colaborar en investigaciones. Esas capacidades se construyen con personal suficiente, formación continua, salarios adecuados, carrera, supervisión y financiamiento estable. Su ausencia deja espacios que otros actores pueden aprovechar y dificulta la cooperación de comunidades que han aprendido a desconfiar.

La seguridad exige autoridades que respondan por el estado de sus policías. La indignación ante un abuso y la solidaridad ante una agresión deberían traducirse en esa exigencia sostenida. Pedirles que protejan nuestra vida implica garantizar condiciones para ejercer su función y rendir cuentas por sus decisiones. También por las decisiones de quienes las gobiernan.

Fuentes

Causa en Común (2026). Las policías en México: el drama de un retraso histórico. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1qAr-rPwAhh3HZRmmtkjtZvWlxz3eqt7v/view

 

Nancy Canjura. Maestra en gobierno y asuntos públicos y politóloga por la UNAM. Especialista con más de 10 años de experiencia en seguridad, violencia y políticas públicas. Miembro de la red AMASSURU de mujeres en seguridad e inestigadora en la organización Causa en Común.