Joel Aguirre · 23 de septiembre de 2026
Por Delia Paredes Mier*
El debate sobre el Paquete Económico 2027 se ordenó, como casi siempre, alrededor del déficit y la deuda. Pero hay otra pregunta menos transitada: de dónde saldrá el crecimiento de entre 1.5 y 2.5 % real que supone el propio paquete.
De un impulso fiscal agregado, difícilmente. El gasto neto total crece 0.7 % real respecto a lo aprobado para 2026 y el gasto programable, 1 %. Sin embargo, si hay una apuesta adicional por el crecimiento, puede estar en dos iniciativas que acompañan al paquete: la simplificación para micro y pequeñas empresas y la ley de pagos digitales. Ambas se han entendido principalmente como instrumentos de recaudación. Su potencial, sin embargo, va bastante más allá.
El punto de partida es la productividad. La informalidad laboral alcanza 55.1 % de la población ocupada, mientras que la economía informal genera, según cifras del INEGI, alrededor de un cuarto del PIB. Estos números no son directamente comparables como medida de productividad individual, pero juntas reflejan un problema conocido: una gran parte del empleo se concentra en actividades de bajo valor agregado.
Formalizar, por sí solo no resuelve el problema de productividad. El efecto aparece cuando la formalización cambia las restricciones que enfrenta una empresa: reduce costos administrativos, genera información verificable, facilita acceso al crédito y permite crecer.
La iniciativa para las mipymes avanza claramente en el primer frente. El alta patronal ante el IMSS pasaría de 80 a 14 campos; el registro en el REPSE, de ocho trámites a uno; y el ISR podría pagarse trimestralmente. Buena parte de esos costos son fijos: una microempresa enfrenta muchos de los mismos trámites que una empresa mayor, pero debe repartirlos entre ventas mucho menores. Por eso la carga regulatoria pesa más precisamente donde la decisión de formalizarse es más incierta.
El problema aparece después de entrar. El paquete también amplía los umbrales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Aunque las bases gravables son distintas, la diferencia entre tributar entre 1 y 2.5 % sobre ingresos bajo el régimen simplificado y pasar posteriormente al régimen general puede crear un salto importante en la carga efectiva. Subir el umbral no elimina ese acantilado; lo desplaza hacia arriba. México estaría abaratando la entrada a la formalidad sin necesariamente facilitar la graduación hacia empresas de mayor tamaño.
Ahí es donde los pagos digitales pueden hacer una diferencia. Para muchas microempresas, el obstáculo para obtener crédito no es la ausencia de actividad económica, sino la ausencia de un expediente que permita observarla.
Un registro verificable de cobros puede funcionar como colateral informacional: permite a una institución financiera observar ventas, regularidad de ingresos y comportamiento transaccional. Ese vínculo importa porque el crédito puede ayudar a una empresa pequeña a cambiar de escala. Financiar inventarios, maquinaria, tecnología o capital de trabajo permite aprovechar oportunidades que de otro modo quedarían fuera de alcance. La formalización empieza a convertirse en política de crecimiento cuando facilita ese proceso, no simplemente cuando incorpora a una empresa al padrón.
La evidencia internacional apunta en esa dirección. Un estudio del BIS para 101 economías encuentra que una mayor utilización de pagos digitales está asociada con mayor crecimiento del PIB per cápita en los dos años siguientes y con menor empleo informal. Eso no demuestra por sí solo que los pagos digitales eleven la productividad. Sí sugiere, en cambio, que pueden ampliar la información disponible sobre empresas y hogares, facilitar el acceso financiero y reducir algunas de las fricciones que hoy limitan el crecimiento de las unidades pequeñas.
Aquí surge una contradicción. Para hacer atractivo el régimen simplificado, la autoridad redujo obligaciones contables y declaraciones detalladas. La carga administrativa bajó, pero también la información. Una empresa puede quedar al corriente con el fisco sin generar el expediente que necesita para obtener crédito. Formalidad fiscal e inclusión financiera estarían entonces avanzando por carriles separados.
El reto no consiste solo en lograr que más empresas entren al sistema, sino en construir una escalera para que puedan crecer dentro de él. Eso exigiría tres cosas: primero, una transición gradual del régimen simplificado al general; segundo, información contable mínima y portable que permita construir historial financiero; y tercero, una evaluación basada no solo en nuevos contribuyentes o recaudación, sino en empresas que contrataron, invirtieron y aumentaron su escala. Ese último indicador es probablemente el más importante. Un régimen diseñado para que entrar resulte barato puede incrementar el padrón sin transformar la estructura productiva.
La verdadera prueba será otra: comprobar si las empresas que se formalizan logran financiarse, invertir y crecer, o si simplemente cambiaron de ventanilla. Formalizar puede servir para recaudar. Bien diseñada, también puede ser una política de crecimiento.♦
*Delia Paredes es maestra en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac y en Economía de Mercados Globales por la London School of Economics (LSE). Actualmente es socia en TransEconomics, desarrolla una labor docente en la Universidad de Anáhuac y el Tec de Monterrey y es experta en México, ¿cómo vamos? Redes: @deliyo