Fiscalizar con la sociedad

En septiembre del año pasado, cinco organizaciones civiles y la Auditoría Superior de la Federación llevaron a cabo un seminario internacional sobre participación ciudadana y fiscalización. Participaron servidores públicos de entidades de fiscalización y organizaciones civiles de México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Hoy se da a conocer por todas las convocantes la memoria del evento.

El propósito del seminario fue conocer las mejores prácticas, los cuellos de botella y las zonas resbalosas de una idea muy potente y expansiva: cómo hacer para que personas, organizaciones civiles, grupos comunitarios, asociaciones vecinales, periodistas, organizaciones juveniles o académicos cuenten con canales institucionales para participar en las labores que realizan las entidades encargadas de fiscalizar al poder público en los tres órdenes de gobierno.

Vale la pena inspeccionar el mecanismo de la fiscalización para entender lo que pretende esta idea: las entidades de fiscalización tienen la función de revisar que las acciones de los gobiernos ocurran conforme a lo que dice la ley, generen los efectos esperados en los tiempos previstos y se ejerzan debidamente los recursos implicados. De ese tamaño es la tarea de la Auditoría Superior de la Federación y de sus contrapartes estatales. Por supuesto, si una acción de gobierno (construir un aeropuerto, un tren, una refinería, un hospital, universidades, implementar una estrategia de vacunación, comprar medicinas, sembrar árboles o fomentar el empleo) no se ajusta a la ley, no genera lo que se esperaba o desvía recursos, se entiende que esa acción daña el interés público, debe ser sancionada y el daño reparado.

Para cumplir con esta labor las entidades de fiscalización i) planean qué van auditar; ii) acuden a los entes fiscalizados y les solicitan información que permita determinar si las acciones se realizaron correctamente, revisan la información, emiten recomendaciones e inician procedimientos para sancionar a quienes violaron alguna disposición legal; iii) dan a conocer públicamente sus hallazgos, y iv) les dan seguimiento para determinar si las observaciones realizadas a las autoridades y entes fiscalizados fueron implementadas, es decir: si se corrigieron los errores, inconsistencias, etc.

Lo que el Seminario mostró es que en América Latina hay un vasto panorama de prácticas y modelos, diseños institucionales, velocidades, intensidades e iniciativas para permitir que las personas y grupos interesados participen de manera activa en esas cuatro etapas de la fiscalización. Imagine usted que colectivos mayas puedan tener una vía institucional para señalarle a la Auditoría Superior de la Federación inconsistencias en la construcción y trazo del Tren Maya y que puedan acompañar a los auditores en su tarea. O a padres de familias diciéndole a la Auditoría qué medicamentos escasean en el IMSS. O a grupos de campesinos interesados en que se verifique le gestión de recursos hídricos por parte de la CONAGUA o el funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Bien vista, la idea de la participación ciudadana en la fiscalización amplía la capacidad de los entes de fiscalización de encontrar deficiencias en la actuación gubernamental (multiplica sus ojos y sus oídos) y se incrementa la resonancia y el impacto público de sus auditorías: serán esos mayas, esos padres de familia y esos campesinos los principales interesados en dar seguimiento a las observaciones realizadas hasta conseguir que se atiendan por parte de las autoridades correspondientes y se sancione a quien lo amerite.

El Seminario mostró que se pueden construir diseños y prácticas institucionales que hagan posible la participación ciudadana en todas las etapas de la fiscalización. La sola apertura de canales de denuncia y la transparencia (tanto de las acciones de gobierno como de las auditorías) no equivalen a participación ciudadana. En México estamos lejos de que esta idea se instituya, pero hoy contamos con una hoja de ruta -la memoria del Seminario-, que bien puede ser la estrella del Norte de la propia Auditoría Superior de la Federación, de los órganos de fiscalización estatales, del Congreso de la Unión y de los Congresos estatales.

La participación ciudadana en la fiscalización debe estar orientada a resultados, debe demostrar sus beneficios públicos en cada una de las cuatro etapas de la fiscalización, no debe entorpecer las acciones de fiscalización y debe ser medida, estudiada y analizada. Pero para ello tiene que ser implementada. Si existe interés para abatir la corrupción y para contar con mejores gobiernos, éste es un mecanismo institucional de colaboración Estado-sociedad que debe ser puesto en marcha: desde ahora por parte de los entes de fiscalización y con una mirada integral y de largo plazo desde los poderes legislativos.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).