Fiscalización sin disuasión

El 19 de febrero el Consejo General del INE sesionó para resolver sobre los informes que los precandidatos presentaron de los gastos efectuados durante las precampañas. Fue una sesión particularmente caótica en la que dominó la incertidumbre sobre lo que en realidad se estaba resolviendo.

Tres asuntos preocupan de cara al reciente inicio de las campañas electorales. El primero tiene que ver con la evidente sobrecarga de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización. Dicha sobrecarga, que se debió prever, se tradujo en una cantidad importante de erratas y adendas que debieron conocer los consejeros, y que, al decir de algunos de ellos, en muchos casos no sólo no se respetaba sino que se alteraba el sentido de los acuerdos a que se había llegado en la comisión. Ello es grave, porque trastoca la naturaleza del trabajo colegiado del Instituto. Es un aviso.

El segundo asunto que llama la atención es cierta alteración en los criterios de valoración. La fiscalización en el INE siempre ha descansado en una abigarrada cantidad de normas que terminan otorgando la certeza mínima a todos los actores. Dicha normatividad es sujeta a cotidianas revisiones y actualizaciones. Bien, uno de los criterios que se tenía como firme es que si un partido o candidato presentaba su informe de gastos en un plazo en el que era materialmente imposible su revisión por parte de la autoridad, se tenía como no presentado y la consecuencia era la imposibilidad de registrar esa candidatura.

El Consejo General ya había resuelto en ese sentido los casos de Raúl Morón y Salgado Macedonio, y el TEPJF los había confirmado. Pero no fueron los únicos casos, son solo los más sonados. Ahora una mayoría de consejeros resolvió que la consecuencia de una presentación extemporánea sería una sanción económica. No es el mejor precedente si lo que se pretende es incentivar a que candidatos y partidos rindan cuentas con oportunidad y transparencia.

Y finalmente el tercer asunto que inquieta es el de los montos de las sanciones. Ahí también parece haber una actitud más obsequiosa de la autoridad que hace que las multas no inhiban ninguna conducta indebida de los actores políticos. Más allá de que Morena vuelva a ser el partido más sancionado, es una medida que afecta al conjunto del sistema de partidos. Pareciera que estamos entrando a una fiscalización sin disuasión. Estamos cada vez más lejos de aquellas multas ejemplares que lograron imponerles a los partidos rutinas de rendición de cuentas más transparentes. No me parece que con los montos propuestos se consiga que los partidos desistan de manera sistemática de malas prácticas en materia de financiamiento.

Aún falta saber qué de todo lo aprobado es confirmado por el tribunal. Al tiempo. Pero un dato que no se nos puede escapar es que el acuerdo del Consejo General que anteriormente aprobó los informes de gastos ordinarios de los partidos políticos no fue recurrido ante el tribunal por ningún partido político. Parece haber cierta comodidad de los partidos con el trabajo del INE; lo que de fuera no se ve tan claro es que el dispendio y las malas prácticas hayan desaparecido.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.