Fiscalización de las elecciones 2021

El INE concluyó la fiscalización de las campañas electorales federales y locales sin retrasos, desconciertos ni dubitaciones. Los resultados sobre la comprobación de los ingresos y los gastos reiteraron, una vez más, que los partidos políticos realizan, elección tras elección, las mismas conductas vulneradoras de la equidad de la contienda comicial.

Nuevamente, los partidos políticos son sancionados con multas millonarias. Sin embargo, éstas no han logrado inhibir la instrumentación de prácticas ilícitas que quebrantan las reglas de equidad, trasparencia y legalidad de las elecciones. Tal parece que las sanciones se han convertido en un gasto previsto en las estrategias de los partidos políticos para ganar simpatías, votos y comicios. Más vale una sanción que una elección perdida.

En las siguientes líneas se presenta un análisis sobre las dimensiones de la fiscalización, las multas millonarias, los rebase de los topes de campaña, la perennidad de las conductas ilegales y un replanteamiento sobre las sanciones. Veamos.

Magnitudes  

El INE tuvo 45 días para analizar, valorar y determinar la legalidad de los datos y las cifras contenidas en los 39 mil informes de campaña que presentaron las 29 mil candidaturas 1. Para ello, la autoridad electoral tuvo que fiscalizar $11,278 millones, distribuidos en dos grandes rubros: $5,632 millones en ingresos y $5,646 millones en gastos. La verificación de las elecciones locales representó un análisis del 77% del monto involucrado, frente al 23% del monto correspondiente a las elecciones federales. La tabla 1 resume los montos por rubro que el INE tuvo que fiscalizar.

Al comparar las dimensiones del proceso electoral de 2021 con el proceso electoral de 2018, se encuentra que el INE tuvo realizar 40% más actividades para verificar el origen y el destino de los recursos utilizados en las campañas electorales. En otras palabras, la autoridad electoral tuvo que revisar más del 54% de los informes de campaña, auditar a más del 67% de las candidaturas, fiscalizar más del 7% de los recursos y resolver más del 27% de las quejas.

Como era de esperarse, la elección más grande la historia también fue la elección más fiscalizada de la historia. La tabla 2 presenta una comparación entre las dimensiones de la fiscalización en los comicios de 2018 y 2021.

Una de las tareas de comprobación y verificación que realiza el INE sobre las cifras reportadas por los partidos políticos consiste en cruzar información con los proveedores de bienes y servicios, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF). También, el INE realiza un monitoreo de la propaganda electoral colocada en la vía pública, en los medios impresos, en las páginas de internet y en las redes sociales. Asimismo, el INE realiza visitas a las casas de campaña y efectúa inspecciones en los actos proselitistas.

Derivado de las actividades monitorio y de las visitas de campo, la autoridad electoral encontró 110 mil elementos de propaganda en la vía pública, 50 mil testigos de publicidad en internet y redes sociales, 9 mil anuncios en medios impresos, verificó 1.4 millones de eventos de campaña y auditó 31 mil casas de campaña. Estas cifras representan un aumento del 77% con respecto al proceso electoral de 2018. La tabla 3 muestra los resultados del monitoreo y la verificación que le INE realizó en las votaciones de 2018 y de 2021.

Multas

Se sancionó a los partidos políticos y a las candidaturas independientes por un monto global de $1,203 millones. Los partidos políticos nacionales fueron multados con $1,100 millones, es decir, agruparon el 91.46% de las sanciones, mientras que los partidos políticos locales fueron multados con $96.8 millones que corresponden al 8.04% de las sanciones. Finalmente, las candidaturas independientes fueron multadas con $6 millones equivalente al 0.5% de las sanciones. La gráfica 1 muestra la distribución de las multas por tipo de actor.

A nivel de partido político nacional, MORENA fue el instituto político más multado con $373.1 millones, seguido de FXM con $102.9 millones, RSP con $100 millones, PRI con $93.7 millones, PAN con $88.4 millones, PT con $85.9, PVEM con $84.5, MC con $73.1 millones, PES con $55 millones y PRD con $42.8 millones. La gráfica 2 ilustra la distribución de las multas por partido político nacional.

Al realizar un análisis por grupos partidos políticos, se obtiene que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia 2 fueron multados con 593.5 millones, los miembros de la coalición Va por México 3 con 224.9 millones y los nuevos partidos políticos 4 con 257.9 millones 5. La gráfica 3 presenta el porcentaje de multas por grupos de partidos políticos.

Los partidos políticos fueron sancionados mayormente por prácticas instrumentadas en las elecciones locales[6], ya que fueron acreedores a una multa de $993 millones, lo que engloba el 82.5% de las multas. En cambio, en las elecciones federales se multó con $210 millones a los institutos políticos, lo que equivale al 17.7% de las sanciones. La gráfica 4 muestra la distribución de las multas a nivel federal y local.

Rebase de topes de campaña

Derivado de las actividades de fiscalización, se detectó que 274 candidaturas rebasaron los topes de gastos de campaña, es decir, solo el 0.93% de las candidaturas gasto más de lo permitido por la legislación electoral. De estas candidaturas, 24 corresponden a diputaciones locales, 248 presidencias municipales y 2 presidencias de comunidad. La tabla 4 ilustra sobre la distribución territorial y por cargo de las candidaturas que rebasaron el tope de campaña.

De los 274 rebases de topes de campaña, 35 casos corresponden a candidaturas que ganaron las elecciones, lo que es equivalente al 13%. En otras palabras, en 239 casos (87%), las candidaturas que gastaron más dinero fueron derrotadas, sin importar que tuvieron más recursos para promocionares y ganar las simpatías de los electores.

De las 35 candidaturas que rebasaron el tope de campaña, 30 corresponde a presidencias municipales, 3 a diputaciones locales y 2 a concejales de ayuntamientos. Estas se encuentran distribuidas territorialmente de la siguiente manera: 23 en Puebla, 3 en Veracruz, 2 en Oaxaca, 2 en Tlaxcala, 2 en Jalisco, 1 en chipas, 1 en Coahuila y 1 en Hidalgo. La tabla 5 muestra un resumen sobre las candidaturas que rebasaron los topes de campaña.

Ahora bien, en 5 casos se actualiza el supuesto de rebase superior al 5% del tope de gastos de campaña y una diferencia menor de 5 puntos porcentuales entre el primero y segundo lugar 7. En estos casos acontecen en 3 presidencias municipales, 1 diputación local y 1 concejal de ayuntamiento. La tabla 6 da cuenta de estos casos. Cabe señalar que el INE no anula elecciones. En su momento, las instancias jurisdiccionales se encargarán de analizar las implicaciones del rebase de topes de gastos y podrán decidir sobre la nulidad de los comicios.

Lo mismo de siempre  

En los últimos 3 procesos electorales concurrentes, los partidos políticos han instrumentado una serie de prácticas sistemáticas que consisten en no reportar los gastos y los ingresos, obstaculizar la actividad fiscalizadora del INE y en la opacidad en el origen y en el destino de los bienes. Prácticas que se repiten elección tras elección. Prácticas que no son inhibidas por las multas. Prácticas realizadas para quebrantar la equidad de las elecciones. Prácticas que son presupuestadas por los partidos políticos como un déficit de grandes resultados.

Para ejemplificar, en las elecciones de 2015 el monto de gasto no reportado fue de 240 millones, en los comicios de 2018 fue de 365 millones y en las elecciones de 2021 fue de 348 millones. De 2015 a 2018 el gasto no reportado tuvo un aumento del 52% y en de 2018 a 2021 tuvo una leve disminución del 4%. Esta conducta quebranta la equidad de la contienda electoral, ya que puede generar el ocultamiento de un financiamiento ilegal y el camuflaje de las aportaciones de personas prohibidas.

En la misma tesitura, en las elecciones de 2018 el monto por eventos registrados extemporáneamente fue de 99 millones y en las elecciones de 2021 fue de 102 millones. Se presentó un incremento del 3%. Esta conducta está destinada obstaculizar los trabajos de la fiscalización del INE, ya que representa la perdida oportuna de verificar en campo los eventos proselitistas realizados por los partidos políticos.

Por otra parte, en las elecciones de 2015 se reportaron 2.2 millones de aportaciones provenientes de personas prohibidas por la ley, en las elecciones de 2018 fue de 7.5 millones y en las elecciones de 2021 fue de 7.7 millones. Estas cifras representan un aumento progresivo de que pasó del 240% al 3%. Dicha conducta atenta contra la trasparencia de la fiscalización, puesto que las aportaciones son reportadas como legales, o bien, no son reportadas en los informes de gastos de campaña.

En resumen, las conductas de los partidos políticos están destinadas a quebrantar la equidad, la transparencia y la legalidad de las campañas electorales. No son conductas noveles o atípicas, sino que son prácticas sistemáticas que son instrumentadas, elección tras elección, para obtener triunfos en los comicios, una mayor cantidad de sufragios y una mayor presencia en la arena política-electoral.

Lamentablemente, las sanciones impuestas por el INE no han logrado inhibir las conductas ilegales e ilícitas. Debido a que las multas son pagas con los montos del financiamiento público que reciben los partidos políticos, estos actores tienen presupuestadas a las sanciones como un activo que merma su capacidad económica, pero que proporciona triunfos en las elecciones, incremento en las votaciones y mayor presencia en la vida político-electoral de la sociedad.

Repensar las sanciones

Las sanciones son indispensables para inhibir su repetición y sistematicidad en los procesos electorales. No obstante, las sanciones han dejado de inhibir la instrumentación de conductas ilegales y prácticas ilícitas. Es más, las sanciones han perdido su finalidad de prevención, ya que los partidos políticos las contemplan como una consecuencia positiva que se deriva de una estrategia para ganar una mayor votación y para triunfar en las elecciones.

A pesar de que en cada proceso electoral las sanciones han involucrado mayores montos, los partidos políticos son inmunes a sus efectos inhibitorios y preventivos, puesto que no dejan de instrumentar las conductas que vulneran la equidad en las contiendas políticas. A manera de ejemplificación, se tiene que de las elecciones de 2015 a 2018 las sanciones se incrementaron en 133 puntos porcentuales y que de 2018 a 2021 las multas aumentaron en 61 puntos porcentuales. En conclusión, de 2015 a 2021 las sanciones se incrementaron en un 264%. La gráfica 5 muestra un recopilado de las sanciones impuestas a los partidos políticos.

Si se quiere garantizar la finalidad inhibitoria y preventiva de las sanciones es necesario que se transite por senderos más firmes para los partidos políticos. Me explico. Se podría reducir el número de descuentos de las ministraciones; con ello, los partidos políticos verían reducida su capacidad económica, situación que lograría reposicionar a las sanciones como medidas de represión. También se podría endurecer las sanciones: dejar a un lado las multas, para pasar a la suspensión de tiempos de radio y televisión, y hasta llegar a la cancelación del registro como partido político nacional.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

 

 

 

1 2,237 candidaturas federales y 27,375 candidaturas locales.

2 Integrada por PT, PVEM y MORENA.

3 Integrada por PAN, PRI y PRD.

4 PES, RSP y FXM.

5 MC no conformó ninguna coalición electoral ni es partido político de nueva creación.

6 Gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales.

7 Artículo 78 bis, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.