Redacción Animal Político · 18 de agosto de 2024
El reciente anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para regular las donaciones a organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha suscitado un amplio debate sobre la naturaleza del financiamiento en este sector, así como sus implicaciones para la democracia y la participación ciudadana en México.
Una de las consideraciones fundamentales a reflexionar es que recibir financiamiento es un derecho de las OSC, siempre que su procedencia sea legal y transparente, ya sea nacional o extranjera. Este principio está respaldado por la normativa internacional y la fiscal mexicana. Contamos con un marco normativo que requiere que las organizaciones transparenten el uso de los recursos obtenidos y rindan cuentas. Así, la transparencia es un componente esencial para fomentar la confianza pública y asegurar que los fondos se destinen a las causas que las organizaciones promueven como lo dicta la ley.
Un entorno habilitante es crucial para que la sociedad civil organizada pueda operar de manera eficiente y en beneficio del bien común. Este entorno no solo implica acceso a financiamiento, sino también encierra la necesidad de contar con un marco normativo que facilite el trabajo de las organizaciones en lugar de obstaculizarlo. Las leyes deben permitir a las OSC actuar con seguridad y autonomía, evitando regulaciones punitivas que restrinjan su operatividad y puedan llevar a un clima de autocensura. 1 En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades de las OSC contribuye al desarrollo social y a una democracia más robusta.
Al considerar cambios al marco normativo vigente, debería primero verificarse y aplicar correctamente las normativas existentes. El marco actual proporciona elementos considerables para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, muchos problemas relacionados con la falta de confianza en las organizaciones surgen de interpretaciones erróneas o mal aplicadas de la legislación existente y de declaraciones públicas generalizadas sobre este tipo de agrupaciones. Por lo tanto, es crucial revisar el contexto actual antes de realizar modificaciones que podrían tener efectos adversos en la operatividad del sector. 2
La visión de AMLO parece ignorar la importancia de una revisión crítica y constructiva del marco normativo existente. Al hacer cambios, es necesario adoptar una postura habilitante que considere los diversos perfiles operativos y las diferentes figuras organizativas que existen dentro de las OSC, más allá de las donatarias autorizadas. Esto permitirá crear un marco normativo que no solo fomente la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también desincentive la corrupción. 3 Cada tipo de organización puede tener un propósito y estructura distintos que requieren enfoques diferentes en términos de regulación y supervisión.
Además, el diseño de políticas y regulaciones debe incorporar la voz y las experiencias de las mismas Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto ayudará a garantizar que las leyes sean efectivas, justas y adaptadas a la realidad que enfrentan. Un marco normativo inclusivo no solo combate la corrupción, sino que también promueve la participación y el fortalecimiento del tejido social, permitiendo que las OSC desempeñe su función de vigilancia y defensa de los derechos humanos y la transparencia gubernamental. 4
También es esencial destacar que cualquier intento de regular el financiamiento a las OSC debe evitar perspectivas que trasladen la desconfianza hacia todo el sector. El enfoque debe estar en las malas prácticas, garantizando a su vez que las organizaciones que operan de manera legítima y efectiva no sientan que sus operaciones están amenazadas. Al final, es la transparencia y la rendición de cuentas las que deben predominar en cualquier discusión relacionada con la regulación del financiamiento, asegurando que los recursos se utilicen para los fines previstos y no para socavar la labor esencial que realiza las OSC en México. 5
En conclusión, la visión y declaraciones de AMLO que busca regular las donaciones al sector requiere una reflexión profunda y un diálogo constructivo que tome en cuenta los múltiples factores involucrados. La consideración de un marco normativo que habilite la operación de las causas sociales, proteja su derecho a recibir financiamiento y mantenga estándares de transparencia y rendición de cuentas es clave para promover un entorno donde la democracia y la participación ciudadana puedan prosperar.
* Aede Hatziri Recillas Ayala es directora general de Dakshina A. C. Georgina Jatzire Arévalo Pacheco es coordinadora de Gestión del Conocimiento.
1 Márquez, J. (2024). La relación entre el gobierno y las ONGs en México: Desafíos y perspectivas. Revista de Estudios Sociales, 45(2), 121-134.
2 González, A. (2024). El impacto de las reformas fiscales en las organizaciones no gubernamentales: Un análisis crítico. Revista Mexicana de Políticas Públicas, 12(1), 55-72.
3 López, M., & Rodríguez, S. (2024). Financiamiento y sostenibilidad de las ONGs en México: Un reto inminente. Análisis Social, 34(3), 33-47.
4 Márquez, J. (2024). ob. cit.
5 González, A. (2024). ob. cit.