Fentanilo: el chivo expiatorio en la relación bilateral entre México y Estados Unidos

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, marcando un retroceso en la agenda de derechos humanos y una intensificación de políticas más conservadoras. Este retroceso ocurre en medio de una crisis existente y el ascenso de gobiernos ultraderechistas a nivel global. Dicho patrón se refleja en un discurso marcado por una fuerte oposición a la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y una retórica antiinmigrante.

En el ámbito bilateral, la administración de Trump ha enfatizado una política antidrogas más agresiva hacia México, con especial atención en detener y combatir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La insistencia en frenar el tráfico de fentanilo mediante la imposición de aranceles y la solicitud del despliegue de tropas en la frontera refleja una tendencia en la relación bilateral que ha persistido durante décadas.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha influido considerablemente en la política antidrogas mexicana, y la crisis actual del fentanilo no es una excepción. Aunque la Casa Blanca señala al fentanilo como una amenaza inminente, es importante diferenciar los problemas de fondo que plantea este nuevo fenómeno.

Estados Unidos enfrenta una crisis de opioides que no se explica únicamente por el tráfico de drogas, sino también por factores internos como una economía desacelerada, el resquebrajamiento del tejido social y la falta de acceso a servicios de salud, aunado a un alto consumo de medicamentos opioides recetados. De igual modo, un elemento frecuentemente ignorado es el flujo masivo de armas desde Estados Unidos hacia México, que exacerba la violencia y desestabiliza la región.

En México, el uso de fentanilo de producción ilícita no es elevado en comparación con otros países, e incluso el acceso en el ámbito médico es limitado. La crisis que experimentamos responde principalmente a la violencia generada por políticas de mano dura y militarización destinadas a combatir el tráfico de drogas.

La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido a esta situación con medidas que incluyen la prevención y atención de las causas, el refuerzo de la inteligencia para detener el flujo de fentanilo y combatir al crimen organizado. Estas acciones también han contemplado la extradición de líderes criminales hacia Estados Unidos.

En medio de esta creciente tensión, y a pesar de los esfuerzos de cooperación bilateral, persisten grandes dudas sobre las medidas que ambos gobiernos están adoptando. La crisis del fentanilo refleja problemas estructurales más profundos en la relación entre México y Estados Unidos.

A nivel internacional, las políticas más progresistas en materia de drogas sugieren avanzar hacia un enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos, en lugar de continuar con la criminalización y la estrategia de guerra contra las drogas.

Un ejemplo concreto de este cambio se materializa en la 68.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés), donde se logró una votación que plantea la revisión del marco actual para fortalecer el sistema de fiscalización internacional. Este hecho marca el inicio de una nueva conversación que podría redefinir el futuro de la política de drogas e influir también en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En este contexto, México debe desarrollar una política de drogas propia, basada en la realidad nacional y enfocada en la salud pública, privilegiando la información veraz sobre el alarmismo. Esto implica fortalecer los servicios de salud, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y reforzar la reducción de daños. Además, es urgente atender la deuda histórica de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo políticas de mano dura, como en el lamentable caso de Teuchitlán, Jalisco.

Desde el Instituto RIA, buscaremos aportar insumos para una discusión informada que contribuya a mejorar y actualizar las políticas públicas sobre drogas dentro de un marco de derechos humanos, justicia social y salud pública.

* Monserrat Angulo es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2022, fue galardonada con la medalla al mérito universitario “Dr. Gustavo Baz Prada” por su participación en un programa de servicio social de alto impacto. Monserrat ha colaborado con instituciones, plataformas internacionales y organizaciones civiles. Actualmente, es responsable de incidencia del Instituto RIA. Julia Anguiano es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). Ha participado en proyectos de investigación con el Programa de Política de Drogas, sobre salud mental, sexual y uso de sustancias psicoactivas; y en proyectos de incidencia para la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Está interesada en la reducción de la militarización y la violencia producida por el prohibicionismo de las drogas y en la comprensión del uso de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de género, clase y de derechos humanos. Actualmente es Responsable de Investigación en Instituto RIA.