Feminicidios y bofetada legislativa

Desde el siglo XVIII, es una de las más básicas y aceptadas lecciones del derecho penal: “No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas… La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad…”. Hoy día esa lección es tan válida como hace dos siglos y medio, cuando fue publicada: “Como Cesare BECCARIA, la mayoría de la doctrina considera que la probabilidad del castigo es el factor que tiene mayor importancia en el proceso disuasorio”.

En México, la probabilidad de que un delito se esclarezca equivale a 1.3 de cada cien delitos. Por tanto, incrementar las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia.

Las y los diputados federales ven el mundo de otra manera. Lo de menos en San Lázaro es la consistencia del saber sobre el derecho penal a través de los siglos. El pasado martes 18 de febrero, en perfecta aplanadora, los siete partidos políticos representados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votaron a favor del incremento de la pena de prisión por el delito de feminicidio. Cambiaron el máximo de 60 a 65 años. Ante un incremento inusitado de homicidios contra las mujeres por razones de género, todos los partidos políticos deciden, por qué no, hacer lo que han hecho siempre, lucrar políticamente con el castigo penal. Se llama populismo punitivo.

Desmonta la esperanza mirar que el populismo punitivo está más sano que nunca, en un país donde se ha venido acumulando la segunda más pronunciada curva de crecimiento de homicidios de todo el planeta en lo que va del siglo, según datos de la ONU.

Nada ha funcionado para contener la violencia feminicida, a pesar de que hay 13 entidades con alerta de género declarada y 9 más en tránsito hacia la posible declaratoria, mientras se registra un crecimiento de casi 150 por ciento en el feminicidio.

Ya México tiene una pena mayor a la de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú y Uruguay, siendo Argentina el único país que le gana. Pero México viene aumentando la pena máxima de prisión desde hace mucho tiempo; era de 30 años en 1931 y llegó a 140 años en 2014.

Nunca tan abultadas las penas de prisión y nunca tan abultada la tragedia de las violencias, la delincuencia y la impunidad. Las y los 415 diputados de los siete partidos que votaron a favor (MRN, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM) lo saben bien.

Ahí la desgracia de la votación del 18 de febrero montada sobre la tragedia nacional. No es lo mismo repetir el ritual del populismo punitivo antes que ahora. Lo hicieron cuando la sociedad entera y el mundo voltean a México precisamente porque nada de lo que se hace está funcionando para contener las violencias.

El poder legislativo infla penas por todo el país, incluyendo penas vitalicias. Y le importa un sorbete si funciona para reducir las violencias y la delincuencia o no. Va por cuerda separada. El ritual va en vía de rentabilidad política y electoral, mientras la sociedad se ahoga en la masacre.

Una legisladora votó en contra; esa conducta ejemplar merece otro espacio.

Vaya bofetada.

@ErnestoLPV