Feminicidios: ante la impunidad y el olvido, la sororidad nos da fuerza para buscar justicia

En noviembre de 2001 el Grupo feminista 8 de marzo colocó la primera Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Tenía 260 clavos que recordaban el número de feminicidios contabilizados en el estado a esa fecha. A 30 años de que se empezaron a documentar, en 1993, los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, la violencia de género se extendió ya a todo el país y es la causa de que al día de hoy 63 mil mujeres hayan sido víctimas de feminicidio en México.

“Hay ojos que ya no pueden llorar, hay corazones mutilados”, nos dijo con voz quebrada Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena Cervantes, víctima de feminicidio, al participar el 8 de agosto de 2023 en la movilización que efectuamos en la Cruz de Clavos con el Movimiento Estatal de Mujeres Feministas, para honrar la memoria de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua.

La cruz no le gustó al gobierno del estado, fue quemada en su momento y requirió “de muchos hombres para quitarla”, recordó Alma Gómez Caballero, quien moderó el acto. La persistencia, el coraje, pero sobre todo el amor por sus hijas llevó a las madres –a las Mujeres de Negro, como también son identificadas– a colocar una segunda Cruz de Clavos (en agosto de 2002), en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para recordar a la autoridad la falta de justicia para las víctimas de feminicidio.

Para remarcar la demanda de justicia, en la cúspide de la antimonumenta colocamos un tablero electrónico que, como dijo Martha González del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, “revivirá día a día la más terrible de las tragedias para las mujeres: perder la vida. Será un recordatorio constante de su ausencia y de la infamia que comete el Estado en contra de las mujeres al no hacer nada para que vivamos libres de violencia”. El tablero, dijo Martha, es “para vergüenza de todos los poderes”.

Algunas madres cuyos casos están incluidos en nuestro informe México: Muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, publicado hace 20 años, ya fallecieron, no se les hizo justicia. Pero nos dejaron su ejemplo de lucha y a nosotras nos toca continuarla. Otras, están enfermas y pese a las dolencias del cuerpo siguen la batalla y se solidarizan con otras madres.

“Ya está uno muy dañado, ya a veces no puede uno ni hablar pero estoy aquí buscando justicia para todas las niñas desaparecidas…no queremos que a nadie le pase el dolor que nosotras pasamos…es un dolor que nunca termina”, nos dijo en el mismo acto Carmen Castillo Salazar, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, desaparecida el 18 de octubre de 2010 en Ciudad Juárez.

En el acto recordamos a Esther Chávez Cano, del Grupo 8 de marzo, quien inició la denuncia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. También a Marisela Escobedo, asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Directa y firme, como es, Alma Gómez Caballero dijo: “Marisela es una madre, como otras aquí presentes, pasó de víctima a Defensora de Derechos Humanos. Jamás se dejó vencer, luchó por la justicia en el feminicidio de su hija Rubí, recuperó a su nieta, buscó al asesino por el país, lo encontró, se les fue a las autoridades. Su osadía buscando al asesino le costó la vida. Aquí (frente al palacio de gobierno) el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada”.

La placa colocada en su honor en la banqueta del Palacio de Gobierno “tiene una historia de lucha y resistencia”. Ahí, emocionadas, con una profunda tristeza en el corazón, colocamos un ramo de flores para recordarla.

En la conferencia de medios posterior al acto conmemorativo un periodista me preguntó si habíamos solicitado una reunión con las autoridades, con el fiscal o con la gobernadora. Respondí que quisiéramos ver que las autoridades busquen a las madres y señalando el Palacio de Gobierno dije además: ojalá saliera ahora la autoridad para hablar con las madres de las víctimas que son a quienes les deben verdad y justicia. Nadie salió a su encuentro.

Foro Muertes Intolerables

Además del acto en la Cruz de Clavos, como parte de la conmemoración por los 30 años de que se empezaron a documentar los feminicidios en Cd. Juárez y Chihuahua, y con motivo de que el 10 de agosto de este año se cumplieron 20 años de que Amnistía Internacional publicó el informe global México: Muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, efectuamos el Foro Muertes Intolerables, en el Museo Memoria y Tolerancia.

En el encuentro participaron madres de víctimas de feminicidio, feministas de toda la vida, organizaciones chihuahuenses y nacionales, académicas y especialistas. Tuvo como objetivo analizar las acciones del Estado mexicano destinadas a erradicar las deficiencias en investigaciones por feminicidio durante las últimas tres décadas.

Como muestra de que la violencia contra las mujeres es un mal endémico en este país, nuestro foro inició con un acto de protesta por la represión que sufrió el sábado 5 de agosto de 2023 un grupo de mujeres que se encontraban en plantón ante la Secretaría de Gobernación, para exigir solución a diversas demandas.

Avances y retos en el acceso a la justicia por feminicidios

En el foro, las panelistas reconocieron que las leyes e instituciones con que contamos actualmente para prevenir la violencia de género y los feminicidios en México, son resultado del gran trabajo que iniciaron las madres de Cd. Juárez y Chihuahua hace 30 años.

Uno de esos logros fue la sentencia que emitió en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el hallazgo de varios cuerpos de mujeres en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez. Karla Michel Salas, Directora del Grupo de Acción por los derechos humanos y la Justicia Social, así como Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, coincidieron en calificar la sentencia como la piedra de toque para el correcto abordaje de la violencia de género y los feminicidios, dado que desarrolla jurisprudencia con base en la Convención de Belem Do Pará.

La sentencia es contundente. En uno de sus puntos advierte al Estado mexicano que la violencia contra las mujeres es asunto de Estado. En otro aspecto neural establece que el caso del Campo Algodonero no es aislado, sino un fenómeno social, estructural y enraizado en las costumbres, por lo que para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, el Estado mexicano debe reorganizar todo su aparato gubernamental.

Esta sentencia, así como las dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Mariana Lima y Karla Pontigo, si se aplicaran correctamente allanarían el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño a miles de madres de víctimas de feminicidio.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010, nos dijo que recorre todo el país para dar a conocer la sentencia que emitió la SCJN sobre el caso de su hija y que incluye aspectos relevantes de la sentencia de la CoIDH. Incluso propuso al Congreso del Estado de México una iniciativa de ley con los parámetros de la sentencia de la SCJN. Su intención es que éstos formen parte del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la investigación y procesamiento de las muertes violentas de mujeres se haga con perspectiva de género y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio.

En esta mesa quedó de manifiesto que la legislación con que contamos se topa con personas funcionarias que, por inacción u omisión, falta de presupuestos o incapacidad no la aplican. Pero además, en esta inacción subyace una violencia institucional caracterizada por patrones misóginos, patriarcales y violentos contra las mujeres.

Desde sus diferentes experiencias las expertas pusieron sobre la mesa medidas que lograron impulsar desde sus trincheras. La ex comisionada para Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, destacó entre otros aspectos, la creación del Mecanismo Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, que sentó las bases de la actual Conavim; la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense en la identificación de los cuerpos de las víctimas de femincidio y la instauración en Ciudad Juárez del protocolo Alba, que hoy se aplica a nivel nacional.

Las expertas coincidieron en la necesidad de romper el pacto patriarcal y las complicidades en el sistema de justicia, la falta de protocolos ministeriales que empoderen a las víctimas y en un punto fundamental: fiscalías que si sirvan, que cuenten con infraestructura, recursos suficientes, capacitación y salarios adecuados para el personal.

Reparación integral del daño

En esta mesa, Ruth Fierro Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) destacó que la reparación integral del daño está en la Constitución desde 1993. Sin embargo, las fiscalías no la solicitan y si lo hacen no cumple con los estándares internacionales requeridos.

En mi ponencia señalé que las autoridades argumentan que la reparación del daño corresponde a quien cometió el delito de feminicidio y, por tanto, “vendrá” con la sentencia. Pero en un país con 98 por ciento de impunidad eso es imposible. Ruth Fierro precisó que en Chihuahua no hay ni 30 por ciento de casos que obtienen sentencia.

Expresé en mi intervención que los feminicidios suceden porque los estados han faltado a su deber de prevenirlos, investigarlos y sancionarlos, y por eso están obligados a reparar a las familias de las víctimas. Además, en los planes de reparación del daño deben participar éstas, de lo contrario el plan sería revictimizante.

Ximena Antillón, defensora de derechos humanos, lo dijo muy bien, poner en el centro de la reparación del daño a las víctimas es fundamental, es la única forma en que se les puede brindar “un mundo vivible a las familias” de las víctimas.

Derecho a la memoria

En este tema, Tania Reneaum, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó la necesidad de pensar reparaciones transformadoras y volvió la vista por enésima vez en el foro a la icónica sentencia del Campo Algodonero que, dijo, es la guía de donde tienen que salir políticas públicas para la memoria, la verdad y la justicia. E hizo un reconocimiento a los feminismos jóvenes que nos han dado antimonumentas donde las marchas de colectivas hacen alto cada 25 de noviembre.

La señora Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, víctima de feminicidio el 31 de enero de 2009, detalló las gestiones para colocar en el Campo Algodonero placas “con la foto y los nombres de nuestras hijas” y en el arroyo navajo la leyenda: “Sin ellas no estamos completas”. La memoria del feminicidio, nos dijo, la hemos construido las víctimas y las organizaciones, porque somos la voz de las que ya no están”.

La memoria, dijo por su parte Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, nos sirve para recordar, para aprender y para fijar postura entre las colectivas y de éstas hacia la autoridad. La memoria, precisó, nos ha permitido construir una fortaleza significativa entre nosotras y espacios donde queremos vivir sin que ninguna relación esté por encima de la otra.

Escribo este texto recordando con gran emoción las frases de las madres, las ponencias de las expertas, pero faltan palabras y espacio para describir en su amplitud la gran experiencia que vivimos en los dos actos aquí descritos. Por eso invito a las personas lectoras a darse un tiempo para ver la activación que realizamos el 8 de agosto en Chihuahua y la mesa 1, la mesa 2 y la mesa 3 del foro. Les invito también a expresar su solidaridad y a tomar acción para exigir al Estado una vida libre de violencia para todas nosotras.

Parafraseando lo dicho por Liliana Velázquez, expresidenta de Amnistía Internacional México, hace 30 años inició para las mujeres una noche oscura en Ciudad Juárez, y si bien ésta se ha extendido a todo el país, lo dicho en el foro nos da esperanza de superarla. Y si la impunidad está llena de olvido, la sororidad está llena de acompañamiento, y es éste el que nos permitirá seguir adelante como desde hace 30 años.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).