Feminicidios en México: el cuadro de deshonor

El feminicidio en México es uno de los asuntos más graves con los cuales la sociedad y el Estado tienen una indeclinable deuda, que se ha pretendido responder con insuficiente decisión y mínimos recursos públicos e institucionales. El rezago de atención es tan limitado, que incluso la estadística oficial sobre los feminicidios puede cuestionarse en su capacidad para registrar a todos esos graves eventos. Seguramente los feminicidios son muchos más que los anotados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de donde tomamos la información para esta nota.

No obstante sus limitaciones, la estadística oficial permite ubicar con toda claridad a los municipios en donde los feminicidios tienen una reiteración inaceptable. Son los municipios que integran el cuadro de deshonor. En estos lugares es donde debieran concentrarse los recursos del Estado -federales, estatales y municipales- con la escala y celeridad necesarios para evitar asesinatos, para proteger a las mujeres y niñas y para sancionaran de manera ejemplar a quien sea responsable.

Entre 2015 y lo transcurrido de enero a abril del presente año, en México se han registrado 3,938 feminicidios -según la contabilidad oficial- siguiendo una tendencia que se agrava año con año. Un cálculo simple advierte que el 2020 cerrará con las cifras más dramáticas de estos tiempos, lo cual reiteraría el ineficaz rol sancionador y sobre todo preventivo de las instituciones gubernamentales. La tendencia reciente es una ominosa señal para el gobierno del presidente López Obrador, quien ha minimizado las enormes protestas públicas del pasado 8 de marzo y las llamadas de auxilio hechas por mujeres en riesgo.

Durante el primer cuatrimestre de este año los feminicidios ascendieron a 308 casos, lo cual prevé que los números finales podrán superar a los del 2019, que a su vez superaron a los anteriores. Si las instituciones gubernamentales persisten inactivas -y ahora, además, sin recursos económicos debido al hachazo del reciente recorte presupuestal- solo hay lugar para el pesimismo.

Si bien el feminicidio es una problemática que se extiende por todo el territorio nacional, lo cierto es que se condensa en un conjunto de municipios que integran lo que he denominado el cuadro de deshonor. Entre 2015 y 2020, si en cada año se listan los primeros 25 municipios con más eventos de feminicidio, los que resaltan como espacios letales para las mujeres son invariablemente: Culiacán, Sin.; Tijuana, B.C.; Ecatepec de Morelos; Edo. Mex., y Puebla, Pue. Habría que agregar a Acapulco, Gro., que solamente en uno de esos años no estuvo en la lista central.

El nivel inmediato inferior del cuadro de deshonor –a nada de distancia de los anteriores- lo integran Ciudad Juárez, Chih.; Gustavo A. Madero, CDMX; Chimalhuacán, Edo. Mex.; Morelia, Mich.; Monterrey, N.L.; Cajeme, Son.; Villahermosa, Tab.; Veracruz, Ver., y Jalapa, Ver. Son los municipios que desde el 2015, al menos en cuatro años aparecen entre los principales en acciones letales contra mujeres y niñas.

Es manifiesto que en esos catorce municipios existe un reiterado, continuo y persistente entorno de agresividad en contra de las mujeres, que amerita una intervención igualmente persistente y estratégica de las instituciones del Estado. Sería fundamental integrar la cooperación de organizaciones de la sociedad civil, como es ideal, pues tienen el pulso directo de la problemática y tendrían capacidad para promover iniciativas específicas. Si la Secretaría de Gobernación -o los gobiernos estatales o los municipales- convocaran a una intervención con participación intergubernamental y social en este grupo de municipios, mucho se avanzaría en el país. Por ahí hay que empezar un programa sistemático, decidido y multidisciplinario. De lo contrario, seguiremos como hasta hoy, lamentando y contando las cifras crecientes de la tragedia, con miles de familias sufriendo sus pérdidas frente a la indiferencia gubernamental.

* Tonatiuh Guillén López es Profesor Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo / UNAM. El autor agradece el apoyo estadístico de Miranda Flores.