blogeditor · 20 de agosto de 2021
Recientemente el CONEVAL publicó los resultados de la medición de la pobreza para 2020. En la CDMX al menos, las cifras sobre la pobreza nacional han acaparado la discusión tanto en los medios tradicionales como no tradicionales, pero no deja de ser relevante analizar también lo que ocurre en cada una de las entidades federativas del país.
Las estimaciones sobre la medición de la pobreza por estado muestran un comportamiento diferenciado. Mientras que en algunos estados el número de personas en situación de pobreza aumentó en términos proporcionales considerablemente (i.e Baja California Sur, Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León), en otros se redujo también de manera importante (i.e Colima, Sinaloa). En general, en 21 estados el número de personas en situación de pobreza se incrementó y en 11 disminuyó. Sin duda los resultados para el año 2020 en comparación a 2018 están fuertemente influenciados por la pandemia, pero al analizar las cifras para años anteriores se sigue observando que la evolución de la pobreza es sumamente heterogénea entre las distintas entidades del país.1
Ante este comportamiento diferenciado y, dado que somos un país de corte federal, una pregunta que surge inmediatamente es cuál nivel de gobierno debiera ser el responsable del combate a la pobreza. En su libro de texto clásico sobre “Economía del Sector Público”, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz señala que la desigualdad y la pobreza deben ser atendidas por el gobierno central o de más alto nivel ya que en caso contrario podría darse una “carrera hacia abajo (race to the bottom)”, ya que si una entidad o provincia le dedica recursos al combate a la pobreza y es exitosa, atraería a población en situación de pobreza de otras entidades lo que provocaría la necesidad de todavía mayores recursos, impactando así negativamente las finanzas públicas en el largo plazo. Otro elemento a favor de la posición anterior es que en un contexto de derechos humanos, políticas contra la pobreza nacionales garantizan que todo ciudadano cuente con el derecho a recibir apoyos sin importar en que parte de un país resida o haya nacido.
En el caso mexicano el gobierno federal no ha eludido su responsabilidad para con el abatimiento de la pobreza. Ejemplo de lo anterior es el programa Progresa (luego Oportunidades y Prospera), que fue el programa social insignia del gobierno federal desde Ernesto Zedilla hasta Enrique Peña Nieto, y los programas sociales actuales del gobierno de López Obrador. Sin embargo, desde hace unas décadas ha habido una explosión de programas y acciones sociales a nivel de los gobiernos subnacionales. El CONEVAL, por ejemplo, en un muy interesante ejercicio reportó que para 2014 a nivel estatal existían 2,528 programas y acciones sociales.
Por desgracia, se cuenta con muy poca información sobre los programas sociales estales y municipales. De los 2,528 programas estatales que reportó CONEVAL, la misma institución señaló que 1,105 no contaban con un documento normativo y que en muchos casos no encontraron información sobre el presupuesto ejercido. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si realmente estos programas cumplen de manera efectiva y eficiente con su cometido o si sólo son usados por motivos clientelares.
Entonces, ¿si en un estado de la república disminuye la pobreza es gracias al gobierno federal, al estatal o al municipal? Dar una respuesta específica y cuantitativa a esta pregunta es muy difícil y muy posiblemente ni siquiera valga la pena intentar contestarla. Sin embargo, sí es necesario que la pregunta nos lleve a continuar investigando cómo reducir la pobreza y a profundizar en la evaluación rigurosa y objetiva de los cientos de programas sociales federales, estatales y municipales. Al mismo tiempo, debemos pugnar como sociedad por una colaboración armónica en el combate a la pobreza entre los tres niveles de gobierno para aprovechar de mejor forma los recursos escasos existentes. El combate a la pobreza debe ser una política de estado y no generar conflictos entre niveles de gobierno y partidos políticos.
1 Cabe recordar que se modificó la metodología para medir la pobreza, no es posible comparar los datos del 2020 con los pasados, pero si se analizan los datos de 2008 a 2018 también es de resaltar la heterogeneidad encontrada en la evolución de la pobreza.