Falta de reconocimiento y protección: principales amenazas a la defensa de DDHH

En noviembre de 2014, una Misión de Observación Civil (MOC), formada por cinco expertas independientes de América y Europa, visitó México para analizar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país. El objetivo de llevar a cabo la MOC era el de constatar el contexto de este colectivo y abonar a la mejora de su situación. Las conclusiones de la Misión, recogidas en el informe “En Defensa de la Vida”, revelan la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras, la grave impunidad en las investigaciones de las agresiones en su contra, y carencias en la implementación de mecanismos de prevención y protección.

La MOC, convocada por 11 organizaciones nacionales e internacionales, mantuvo reuniones con sociedad civil y autoridades de los tres niveles gobierno en los estados de Guerrero, Oaxaca, Baja California y en el Distrito Federal. En Guerrero, visitó la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde se entrevistó con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, hechos terribles que cumplen en estos días su primer aniversario entre el clamor de sus familiares y la sociedad mexicana en su conjunto por la justicia y la verdad.

[contextly_sidebar id=”ClsgjpBob1gIjAwKzzrg7M1HLtCw9hlj”]La situación de vulnerabilidad y riesgo de las y los defensores en México es sumamente palpable. Los datos publicados por organizaciones nacionales e internacionales reflejan un fuerte clima de hostilidad en contra de las personas defensoras, quienes han manifestado hechos preocupantes de ataques, amenazas y obstaculización de sus labores, tanto por parte de autoridades gubernamentales, como de empresas que están implementando megaproyectos o que se oponen a las reivindicaciones laborales, así como actores armados al margen de la ley o vinculados al crimen organizado.

La situación de las personas defensoras y de quienes ejercen la libertad de expresión, a un año de la Misión, continúa siendo de extrema vulnerabilidad.

El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas en la capital, entre las que se encontraban una persona defensora, Nadia Vera, y un periodista, Rubén Espinosa, desplazadas del estado de Veracruz ante las amenazas y agresiones en relación a su labor. Poco después, el 9 de agosto, fue encontrado asesinado el defensor Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien apoyó a los familiares y lideró la búsqueda de los 43 estudiantes, entre otros casos de desaparición.

Para revertir este contexto, la política de protección de las y los defensores debe dirigirse a erradicar la impunidad y a resolver problemas estructurales que transcienden a las violaciones individuales. En el informe, las 5 expertas señalan que sin una política de prevención efectiva, la política de protección está destinada a fracasar. Con base en la información recabada durante la Misión, las observadoras recogen las conclusiones y recomendaciones en el informe “En Defensa de la Vida”, en el que manifiestan su preocupación y emiten sus conclusiones y recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas:

• promover el reconocimiento de la labor de las personas defensoras y abstenerse de realizar cualquier acción que estigmatice su labor;
• evitar el uso indebido del sistema de justicia y el abuso de autoridad con el objetivo de hostigar a las personas defensoras;
• capacitar a funcionarios y funcionarias sobre la labor de la defensa de los derechos humanos y el correcto funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
• crear mecanismos y realizar efectivas y exhaustivas investigaciones de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos de forma que se sancione a las personas responsables;
• fortalecer las instituciones de procuración de justicia y de control interno para mantener la imparcialidad y la transparencia en sus agresiones,
• asegurar mecanismos para prevenir este tipo de agresiones, como agilidad en la creación de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección y recursos suficientes para su operatividad;
• realizar análisis de riesgo apropiados y brindar medidas efectivas de protección, lo que incluye respetar los tiempos de implementación establecidos por ley.

@CMDPDH