Facturas falsas y corrupción

En los últimos años, una práctica abusiva de los contribuyentes ha sido la utilización de facturas falsas con el propósito de evadir impuestos. Esto ha orillado al SAT a combatirla con determinación, al grado de que ya se tienen identificadas dos mil empresas fantasma que las venden. Como las contingencias patrimoniales y hasta penales en contra de quienes las compran se han incrementado, el mercado ha ido a la baja.

Sin embargo, las facturas falsas no sólo se usan por los contribuyentes. Las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales también se aprovechan de ellas. ¿Para qué las usan? La respuesta es simple: para encubrir actos de corrupción. Y si bien esta práctica no está generalizada, nada extraño resulta verla en el sector público.

¿Cómo opera este mecanismo? Un ejemplo ayuda a explicarlo. Supóngase que un funcionario pretende apropiarse de 10 millones de pesos pertenecientes al erario federal (este delito es de peculado). Como es complicado hacerlo de manera directa, en contubernio con otros funcionarios y con el apoyo de empresas externas idea un mecanismo para esos propósitos: inventa una licitación de una obra o servicio público que de antemano sabe que nunca se ejecutará.

Ninguna sorpresa hay en que la empresa favorecida con la asignación del contrato sea una que participe en la trama. Sin embargo, no obstante que la obra o servicio serán falsos, les es indispensable armar un expediente que en apariencia cumpla con requisitos legales. El eslabón final es la salida de los 10 millones de pesos, para lo cual la empresa ganadora emite una factura falsa que ampara la transferencia a su favor.

La transa queda de este modo consumada. Acto seguido, los integrantes del complot se reparten el botín. Así de sencillo. El caso de Veracruz denunciado por Animal Político es apenas una muestra de las múltiples operaciones de este tipo que se presentan a nivel nacional.

Este festín de la camorra pública da lugar a delitos castigados con severidad por las leyes penales: peculado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros. En su comisión están implicados no sólo funcionarios, sino también los particulares aliados a ellos.

La articulación de este mecanismo nada tiene de novedoso. Desde hace tiempo, la Auditoría Superior de Fiscalización, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la PGR conocen de su existencia. ¿Y por qué no actúan? Esa es la gran cuestión. Las respuestas oficiales se reducen a clichés legalistas: “No hay elementos suficientes para actuar” o “se corre el riesgo de que los casos se pierdan en tribunales por falta de pruebas”, que en sí constituyen meros pretextos para encubrir la corrupción y la impunidad de funcionarios públicos.

Tanto la evasión de impuestos como esta modalidad de corrupción involucran el uso de facturas falsas. La misma determinación con la que las autoridades fiscales actúan en contra de los contribuyentes, deben aplicarla con los funcionarios públicos, pues las empresas de quienes unos y otros las adquieren -las compran- son las mismas. La lógica y la justicia así lo exigen.

@LuisPerezdeAcha