Fábricas de impunidad

Quizá ya no hay noticia, evento o dato sobre la impunidad en nuestro país que provoque sorpresa mayor. Quizá ya es imposible que información alguna provoque reacciones importantes. Tal vez, sea cual sea el tamaño del problema, ningún hallazgo alcanzará la categoría de sorprendente, mucho menos de inaceptable. Por ejemplo, veamos este dato apenas dado a conocer: “…en México la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3%”.

En estricto sentido, el dato es escandaloso. El sistema de justicia penal, para todo efecto práctico, no funciona. Cierto es que la noticia ya no escandaliza, pero eso no quiere decir que no sea un escándalo. Por una razón simple: si el Estado no puede castigar las conductas con consecuencias penales, entonces el Estado no existe en sus fundamentos más básicos.

Por cierto, esta información se publicó mientras nos enteramos que se desmorona toda la supuesta investigación del caso Ayotzinapa, aproximándonos a 5 años sin sentencia condenatoria alguna.

No se esclarecen los delitos en general, los del “día a día”, pero tampoco aquellos que han merecido la mayor atención nacional e internacional. Otro reporte reciente nos enseña que el índice de impunidad federal rebasa el 94 %. Ni los delitos locales, ni los delitos federales son esclarecidos. El colapso es, quiérase aceptar o no, general.

Ambos reportes citados tienen interpretaciones y recomendaciones importantes que deben ser atendidas. Agrego una mirada convergente y a la vez complementaria.

Hay dos maneras de aproximarse a las procuradurías-fiscalías. Preguntando lo que deben hacer o preguntando lo que hacen. He estado involucrado en proyectos que me han llevado los últimos tres años a visitar 8 de esas instituciones en el norte, sur y centro del país; además, realicé diversas funciones de investigación y asesoría en la Procuraduría General de la República entre 1990 y 1996. En tres décadas jamás he dejado de caminar por los pasillos de las procuradurías-fiscalías. He realizado centenas de entrevistas a ministerios públicos, policías, peritos y personal administrativo, sistematizando los resultados y elaborando decenas de reportes con recomendaciones de mejora. He participado en equipos de evaluación de presupuestos millonarios destinados a la mejora de las instituciones responsables de la procuración de justicia.

Puedo contar por centenas a las personas que he conocido ahí relatando que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Proyectos de cambio siempre me ha sido posible encontrar y he sabido de extraordinarias ideas de mejora construidas por personas de la más alta especialización.

Y con todo, pase lo que pase, sea cual sea la reforma legal o la reorganización institucional implementada, y más allá de la gravedad de los hechos o de la atención pública que haya sobre ellos, lo que esas instituciones fabrican regularmente es impunidad. Ahí están los datos.

Son complejas cadenas de producción de impunidad, donde las actuaciones de miles y miles de operadoras y operadores institucionales no construyen las investigaciones adecuadas para esclarecer los delitos. Son culturas institucionales en perfecto equilibrio orientadas hacia la producción de expedientes que casi nunca cumplen los estándares propios de una investigación profesional. Y cuando la mirada escudriña lo que se hace, no lo que se debe hacer, entonces aparece la narrativa de esas y esos operadores, pletórica de ejemplos para demostrar que las cosas se hacen de cierta manera y no de otra, porque “siempre se han hecho así”, “no se pueden hacer de otra manera” o “es la instrucción recibida”, argumento que casi nunca pasa por confrontación alguna con el hecho de que las prácticas de todos los días no construyen los resultados que la ley ordena, ni producen instituciones confiables para la inmensa mayoría.

Una y otra vez lo he visto: las y los operadores construyen relatos que son válidos adentro, independientemente de que no lo sean afuera. Tal vez por eso la mediana de tiempo para denunciar un delito equivale a dos horas y veinte minutos y llega a casi 4 horas en alguna entidad, según el informe citado de Impunidad Cero. Es decir, en buena parte del país ni siquiera el tiempo de respuesta para la atención a la denuncia ha sido llevado a estándares razonables. Todo esto, por lo demás, en un contexto donde casi nadie denuncia, ubicada la cifra negra arriba del noventa por ciento.

La evidencia confirma una y otra vez que en las procuradurías-fiscalías dominan los incentivos que hacen prácticamente imposible abatir la impunidad; el perfecto equilibrio que las mantiene así se sostiene en un sistema político que resiste la efectiva refundación institucional. Un sistema que reproduce y tolera las condiciones que impiden esclarecer 98.7 de cada 100 delitos.

La crisis institucional podrá acaso estar por encima de unas u otras operadoras u operadores. Pero no del sistema político, desde luego. Más bien al contrario, el colapso de la procuración de justicia es, al final del día, un producto político, acaso porque la impunidad es garantía, primero que nada, de reproducción sin castigo de las propias élites públicas y privadas. Vista así, la impunidad no es otra cosa que un producto mandado a hacer.

@ErnestoLPV