Redacción Animal Político · 7 de marzo de 2024
Durante la última década, la discusión sobre regulación de sustancias consideradas ilícitas y los usuarios problemáticos de éstas ha estado fuera del ámbito de la salud pública en Perú. Las pocas ventanas de oportunidad que se han presentado para debatir esta problemática priorizaron la discusión sobre la cantidad de incautaciones y la gran lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, se ha dejado de lado a la población usuaria de sustancias invisibilizando sus necesidades, principalmente, con base en prejuicios o miedos.
Así, la respuesta estatal continúa teniendo un eje prohibicionista, pues existe una Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas (DEVIDA) adscrita a la Presidencia del Consejo de ministros, que sigue relacionando el consumo de drogas con la “muerte” y el no consumo, con la “vida”. Incluso se promocionan con anuncios como la línea gratuita “Habla franco – 1815” dirigido a público adolescente. Esta línea, según su propia página web: “hablafranco.gob.pe”, responde a un supuesto incremento en el consumo de drogas en adolescentes. Sin embargo, detrás de esta línea y su principal servicio de “consejería psicológica” e “intervención en temas de drogas” se esconden marginalización, prejuicios y estigma hacia los consumidores. La línea no brinda información sobre los tipos de sustancias, dosis recomendadas o una intervención que incorpore un enfoque de derechos humanos. Tampoco involucra a la familia como principal agente de apoyo en el caso de adolescentes con consumos problemáticos. Su respuesta agrava y refuerza los prejuicios frente a las personas consumidoras.
¿Han servido estas medidas para proteger a la salud? Si la intención de estas medidas es preventiva o de detección oportuna, no se observan los resultados esperados. En una época en la que incluso la música y las redes sociales son factores clave en el proceso de socialización, los jóvenes requieren de información suficiente para poder hacer una elección adecuada sobre el consumo de sustancias. Sin embargo, la mirada estatal sigue siendo moralista. Los jóvenes son sujetos de derechos que encuentran información (generalmente errónea) en las redes sociales. Entre ellos se distinguen claramente dos grupos: 1) los potenciales consumidores sociales de sustancias quienes no necesariamente llegan a tener un consumo problemático; y 2) las personas que necesitan una intervención directa en salud pública porque tienen consumo, sea frecuente o infrecuente, que es problemático.
En el primer caso, el principal factor a tener en cuenta es que estos consumidores jóvenes están expuestos a la detención y el abuso de autoridad. La normativa peruana regulada mediante el Artículo 299 del Decreto Legislativo Nº 1592, es estricta respecto a la posesión de sustancias: sólo está permitida la dosis mínima para el consumo personal de 8 g de mariguana, 5 g de cocaína, 2 g de clorhidrato de cocaína o 250 mg de éxtasis. Si alguna persona excede estas cantidades puede ser procesada y juzgada por tráfico ilícito de drogas. Lo asombroso de esta situación es que, como sostiene Soberón, “Cada año la Policía peruana detiene a un significante número de menores de edad por supuestos delitos de drogas y esto en sí mismo constituye una flagrante violación a los DDHH y a los principios generales del Derecho Penal peruano” (CEDD, 2014, p. 130). Así, la legislación es contradictoria porque no es posible conseguir la sustancia sin tener intermediarios, pero todas las partes de la cadena de producción y distribución son punibles, menos los consumidores finales.
La principal sustancia ilegal que se consume es la mariguana, pero -según la ley peruana- está prohibida su producción. En medio de esta ambigüedad, quienes más sufren son los productores (campesinos en muchos casos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y los intermediarios, quienes en su mayoría son jóvenes, los eslabones más débiles en el mercado. Este mercado bien podría regularse de forma similar al del alcohol o del tabaco. A pesar de ser la sustancia de mayor consumo, la mariguana no es la única sustancia ilegalizada que se consume en Perú. No se tiene información sobre la venta o consumo de otras sustancias, pero según el Índice de Crimen Organizado Global: “La producción de estupefacientes de origen vegetal ha batido récords tanto en Colombia como en Perú”, esto tras la llegada de nuevas sustancias como la tusi o 2C, una droga sintética que se ha hecho común en el país. Además, Perú es uno de los primeros productores de cocaína a nivel mundial (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023, p.101).
En el segundo caso se encuentran los jóvenes que tienen mayor exposición a factores de riesgo y vulnerabilidad, quienes están más propensos a caer en estas situaciones que no sólo incluyen el consumo problemático de sustancias sino otros tipos de abuso físico, sexual y psicológico. Son ellos a los que se les niega la atención en materia de salud porque se les cataloga como “drogadictos”, sin ver más allá de su uso problemático ni cómo llegaron a éste.
La información y la investigación sobre estos temas es escasa. A nivel país no hay estadísticas sobre los consumidores jóvenes a nivel general. Sólo existe una encuesta de adolescentes infractores internados en centros juveniles, en los que un 31 % señala que su consumo de sustancias ilícitas es ocasional y sólo un 5 % manifiesta tener dependencia a ellas (PRONACEJ, 2020). Frente a estos casos están, por ejemplo, las víctimas de explotación sexual y trata de personas que son obligadas, en muchos casos, a consumir para sentir alivio frente a este tipo de violencia. Si bien en Perú no se penaliza el consumo de sustancias, si está penada la distribución o comercialización. Por tanto, en estas situaciones de violencia y explotación, muchas niñas y adolescentes son captadas para el trabajo sexual. Luego, al intentar reintegrarse a la sociedad, sufren de rechazo y marginalidad. El consumo de sustancias las coloca en un contexto de mayor marginalidad y aumenta el riesgo de que ellas regresen a este tipo de situaciones de explotación con el afán de continuar con el consumo (Querol, 2020).
En ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado? El personal de salud encargado de la atención de consumos problemáticos no cuenta con capacitación o manuales de atención. Tampoco existen medicamentos que permitan un tratamiento adecuado porque este tipo de sustancias son controladas y las familias muchas veces no tienen recursos para acceder a ellas. La atención en los centros de salud es únicamente para casos de sobredosis. Por tanto, la respuesta estatal sigue sin tener a esta población dentro de los objetivos priorizados en salud, tampoco existe articulación entre la prevención y el acompañamiento de casos, es decir, no hay una estrategia de reducción de daños. La respuesta es principalmente de internamiento.
Sin embargo, en los casos complejos en los que no se puede controlar a las personas con consumos problemáticos, se opta por colocarlas en centros como “Narcóticos Anónimos” o “Alcohólicos Anónimos”. Estos centros son gestionados por empresas privadas o algunas asociaciones civiles con fines de lucro. Así, los familiares deben hacerse cargo de estos pagos mensuales con la esperanza de un cambio. Sin embargo, y pese a los serios cuestionamientos y los accidentes fatales que sucedieron, por ejemplo, en 2012, (cuando en dos incendios dentro de estos centros murieron 26 y 14 internos respectivamente), 1 dichos lugares siguen siendo la única opción.
Así, mientras la respuesta del Estado siga siendo negacionista, estos centros seguirán siendo los principales lugares para albergar a consumidores problemáticos, desconociendo la magnitud del problema de salud. Lo ideal sería proporcionar entornos más seguros y controlados en comparación con el consumo no supervisado en la calle para, posteriormente, iniciar con estudios serios que midan de manera real la magnitud del consumo. Ante esto también es importante cuestionarse qué es lo que quieren las personas con consumo problemático. El Estado y sus propias familias suelen verlos como sujetos pasivos, carentes de voluntad. A nivel psicosocial también queda mucho por trabajar, especialmente en el acompañamiento a largo plazo y la búsqueda de oportunidades. Pocas son las iniciativas que buscan asumir este rol que, en teoría, le corresponde al Estado. Asociaciones como Proyecto Soma promueven la difusión de información, posibles daños y el análisis de sustancias a ser consumidas. Ellos señalan que 18% de las sustancias analizadas no son lo que las personas creen y un 22% contiene al menos un adulterante (Proyecto Soma, 2023). En ese sentido, hacen falta más iniciativas que ayuden a limitar el daño y ofrecer alternativas para evitar desenlaces fatales.
* Carol Inga Correa (@carolgabriela) es alumna del curso corto: “Regulación de sustancias hoy ilícitas: Principios, prácticas, propuestas y problemas”, impartido en enero de 2024 por el Dr. Jonas Von Hoffmann del Programa de Política de Drogas.
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
1 “El número de muertos en un incendio de un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos en Lima ascendió a 26, según informaron los bomberos de la capital peruana”, en “Peru: 26 muertos en incendio en Lima”, y “Perú: 14 muertos en incendio de centro de rehabilitación por drogas”.