Redacción Animal Político · 22 de mayo de 2023
Actualmente nos encontramos próximos a la Cuarta Revisión de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual brindará a México la oportunidad de ser evaluado de manera imparcial y objetiva por la comunidad internacional en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Pero, exactamente ¿qué es el Examen Periódico Universal?
En el ámbito de los derechos humanos, el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos es una herramienta fundamental para evaluar y promover el cumplimiento de los derechos humanos en los países miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es analizar y revisar el estado de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros periódicamente, de manera equitativa y sin discriminación. Este ejercicio se estableció en 2006 y se realiza, respecto de cada país, cada cuatro años y medio. 1 El EPU revisa la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 estados miembros de la ONU y es un proceso único que incluye un diálogo interactivo durante el cual cada país tiene la oportunidad de declarar qué acciones han implementado para mejorar la situación de los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones internacionales en esta área.
El proceso del EPU involucra la revisión de los informes presentados por el Estado bajo examen, así como la participación de otros actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil y a los organismos nacionales de derechos humanos. El EPU evalúa el grado en que los Estados respetan sus obligaciones en materia de derechos humanos tal como se enuncia en: 1) la Carta de las Naciones Unidas; 2) la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3) instrumentos de derechos humanos de los que sea parte el Estado (tratados de derechos humanos ratificados por el Estado en cuestión 2); 4) las promesas y compromisos voluntarios realizados por el Estado (p.ej. políticas y/o programas nacionales de derechos humanos que se apliquen) y, 5) el derecho humanitario internacional aplicable. 3 En este sentido, durante este proceso, se examinan los avances, desafíos y buenas prácticas en materia de derechos humanos en el país en cuestión, basándose en un enfoque cooperativo, que fomenta el diálogo y la cooperación entre los países.
Como miembro de las Naciones Unidas, el Estado mexicano ha sido evaluado tres veces (2009, 2014 y 2018), lo cual ha permitido identificar los desafíos existentes en materia de derechos humanos en el país, así como los avances realizados en la implementación de políticas y programas relacionados con los derechos humanos. Asimismo, el proceso del EPU también involucra la participación activa de la sociedad civil y los organismos nacionales de derechos humanos. Esto proporciona una plataforma para que las voces de los defensores de los derechos humanos y las víctimas sean escuchadas, permitiendo un enfoque más inclusivo y participativo en la evaluación de la situación de los derechos humanos.
Sin embargo, sin importar la gran oportunidad que el EPU significa para el Estado mexicano en materia de derechos humanos, el escenario no es prometedor. De las recomendaciones emitidas en los ciclos del EPU anteriores (2009, 2014 y 2018), aquellas que cuentan con cumplimiento total o parcial generalmente se relacionan con acciones normativas o el retiro de reservas a tratados; sin embargo, no ha habido avances estructurales ni significativos en la realidad que viven las personas en el país, por lo que los primeros dos ciclos del EPU nos han dejado con poco o nulo cumplimiento sustantivo. 4
A pesar de estos avances normativos, vemos con preocupación que una amplia brecha separa a las decisiones internacionales de la situación cotidiana de derechos humanos en el país. Esto se refleja en la actual crisis de violaciones graves de derechos humanos 5 y la intensificación de la violencia armada en México desde 2009. 6 En nuestro país se continúan perpetrando violaciones graves a los derechos humanos muy similares a las que ya han obtenido una decisión final de organismos del sistema universal de derechos humanos. A esta preocupación se le suma que son las garantías de no repetición una de las principales falencias al momento de la implementación de las decisiones internacionales por el Estado mexicano.
Si bien durante los últimos años México ha sido examinado por diversos mecanismos de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, el Estado no ha implementado de manera total y efectiva la mayoría de sus recomendaciones derivadas de casos individuales y exámenes generales.
Aunque la discrepancia entre el compromiso estatal y su conducta acorde con los dictámenes y normativas del sistema global e interamericano de derechos humanos puede atribuirse parcialmente a la carencia de capacidad institucional para enfrentar sus responsabilidades internacionales, creemos que uno de los mayores obstáculos para garantizar la eficacia de las resoluciones tanto del sistema global como interamericano de derechos humanos reside en la ausencia de una visión y voluntad estatal para abordarlas. A ello se suma la insuficiencia de los mecanismos actuales de coordinación para la ejecución de las decisiones y la falta de una legislación que defina las competencias entre las autoridades encargadas de implementar dichas decisiones y recomendaciones.
Esto ocurre en cierta medida puesto que no existe un aparato legal e institucional que permita implementar las decisiones internacionales y que permee hacia todo el actuar del Estado para garantizar un comportamiento consistente con las obligaciones de no repetición. Aunado a ello, ciertas políticas y leyes promovidas por el propio Estado (como aquellas que cristalizan la militarización de la seguridad pública) han profundizado la situación de violencia en México, 7 lo que ha aumentado las violaciones de derechos humanos continuamente sometidas al escrutinio de organismos del sistema universal e interamericano de derechos humanos. Así, el incumplimiento de las decisiones internacionales en México ha profundizado la desconfianza de las víctimas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos, quienes pueden perder la esperanza en el sistema universal de derechos humanos como una vía posible para hacer efectiva la protección a sus derechos.
En este contexto, el próximo EPU a México representa una valiosa oportunidad para que el Estado evalúe y mejore la situación de los derechos humanos dentro del país. Nos encontramos ante una excelente oportunidad para que el Estado mexicano mejore sus esfuerzos para implementar completamente los tratados y convenios internacionales que ha firmado, así como las recomendaciones que se desprenden de mecanismos como el EPU. Esto incluye no sólo la ratificación, sino también la transposición de estos tratados en la legislación nacional y la garantía de que se respeten en la práctica.
Consideramos que es importante para el Estado mexicano continuar cooperando con organismos internacionales como la ONU, la OEA, y otros organismos de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, las cuales pueden proporcionar orientación, asistencia y supervisión en áreas críticas de la política y el desarrollo social.
Es importante subrayar la importancia de adoptar siempre un enfoque basado en los derechos humanos al implementar decisiones internacionales. Esto significa que cualquier medida tomada debe tener en primer lugar el principio pro persona, garantizando que sus derechos se respeten en todo momento. También es importante que el proceso de adopción de decisiones internacionales sea transparente y que el gobierno rinda cuentas sobre su progreso. Así, consideramos esencial involucrar a los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones internacionales.
Por último, para garantizar la continuidad y eficacia de estas acciones, se debe trabajar en la institucionalización de estos procesos, incluyendo el fortalecimiento de la institucionalidad existente y la creación de nuevas estructuras si fuera necesario. Asimismo, se debe capacitar y formar a los servidores públicos en las normas internacionales y su aplicación para que puedan llevar a cabo eficazmente sus obligaciones.
1 Ver Examen Periódico Universal”. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Disponible aquí.
2 Para los Tratados Internacionales firmados por México consultar aquí.
3 Ver Examen Periódico Universal.” Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Disponible aquí.
4 Ver Informe Conjunto para el Tercer Examen Periódico Universal de México por organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Disponible aquí.
5 CIDH, Situación de los derechos humanos en México, 31 de diciembre de 2015, OEA/Ser.L/V/IL, párr. 27, 30
6 Véase: Alejandro Hope, “Violencia 2007-2011. La Tormenta perfecta”, disponible aquí.
7 Ejemplo de ello son las leyes que profundizan la militarización de la seguridad pública en México, incluyendo, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza (LNUF), Ley de la Guardia Nacional (LGN), y Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente (Acuerdo militarista).