Evidencia y evaluación en prevención de la violencia

Por: Eunice Rendón Cárdenas (@eunicerendon)

El objetivo central de toda política de seguridad pública debe ser evitar y reducir los daños de la violencia y de la delincuencia en la población. Para lograrlo de manera sostenida es necesario contar con estrategias reactivas y de control  frente a la violencia y la delincuencia, pero además atender sus causas. Disuadir la violencia y la delincuencia mediante esquemas punitivos es tan importante como prevenir los factores sociales que la promueven.[1]

En este sentido, se requiere un esquema institucional en el que la prevención social sea una prioridad nacional y se ejecute a través de programas integrales y transversales que atiendan las problemáticas de cada región de manera diferenciada, entendiendo que la violencia y el delito son fenomenos multifactoriales con raíces profundas y con un gran dinamismo.

[contextly_sidebar id=”6ce1f6b6a13395a22a4c8c45aa27c752″]Para atender las causas de la delincuencia es necesario identificar los factores asociados con el riesgo de ocurrencia, frecuencia, persistencia o duración del delito en un entorno dado.[2] Dichos factores, llamados comúnmente “factores de riesgo”, tienden a estar interrelacionados y deben considerarse de forma acumulativa; es decir, entre más factores de riesgo estén presentes a lo largo de la vida de las personas, sobre todo en edades tempranas, mayor será la probabilidad que se involucren en actos delictivos.[3]

Los factores de riesgo se clasifican de acuerdo a los distintos ámbitos en los que los individuos se desenvuelven. En el ámbito individual se han identificado factores correlacionados con la delincuencia como el embarazo temprano y el consumo de drogas; en el ámbito familiar, por ejemplo, se han identificado el maltrato infantil y los antecedentes delictivos de los padres; en el ámbito escolar, el bajo rendimiento académico y la deserción; en la relación entre pares, la presencia de pandillas o amigos con antecedentes delictivos y, finalmente, en el ámbito comunitario o social, los bajos niveles de ingreso, la desocupación y la presencia de armas, entre otros[4].

Además de atender los factores de riesgo, la prevención social debe generar mayores niveles de cohesión e impulsar la participación de la gente en la solución de los problemas de seguridad en su comunidad (eficacia colectiva).[5]

Finalmente, la prevención social debe utilizarse como herramienta para generar lazos de confianza entre la comunidad y las autoridades encargadas de la seguridad pública. Esto último es indispensable. Si bien atender los factores de riesgo y generar cohesión y mayores niveles de participación comunitaria es fundamental, el éxito de la prevención social depende en gran medida de acercar a la ciudadanía con las autoridades.

En suma, México debe lograr reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la violencia y la delincuencia, promover esquemas de cohesión social y participación ciudadana y contribuir a reconciliar a la ciudadanía y al gobierno. Sin embargo, para poder cumplir con estos objetivos primero se debe consolidar la cultura de la prevención y profundizar en el entendimiento y desarrollo de las causas relacionadas con estos fenómenos.

La prevención social como componente de la política de seguridad pública es un tema relativamente nuevo en el país, cuyos antecedentes se encuentran únicamente en algunos esfuerzos aislados a nivel local en ciudades como Aguascalientes, Juárez y Tijuana. [6]

Actualmente, México cuenta con un programa de prevención social que busca generar y articular esfuerzos en una escala nacional. La falta de información especializada y focalizada sobre factores de riesgo y dinámicas comunitarias, ha limitado el análisis y evaluación del tema a indicadores de incidencia delictiva y marginación social.[7]Lo anterior obliga a que una parte fundamental de la política de prevención sea generar este tipo de información. Si bien existen instrumentos que permiten generar algunos indicadores útiles, como es el caso de la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad y Victimización (ENVIPE), la desagregación que presenta es sólo a nivel nacional y estatal. La realidad es que para elaborar diagnósticos más precisos y de mayor fortaleza teórica, se requiere generar  información con mayores niveles de desagregación. Para tomar decisiones basadas en evidencia se requiere sistematizar y ordenar toda la información disponible relacionada a los factores de riesgo[8]y con ello construir datos e indicadores que permitan focalizar terrritorialmente recursos y esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía de manera optima.

Con el objeto de generar información especializada sobre las dinámicas sociales y comunitarias se está realizando un esfuerzo sin precedente a nivel internacional por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con apoyo del Gobierno de la República, para levantar la Encuesta de Cohesión Social y Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED 2014). Esta encuesta permitirá hacer estimaciones sobre los principales factores de riesgo, los niveles de cohesión, de participación social y de confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública a nivel nacional. Los resultados de ECOPRED tendrán un respaldo de una muestra de más de 99,000 viviendas, tres mil más que las empleadas en ENVIPE, para garantizar la mayor representatividad posible de los datos obtenidos. Además, se podrán conocer, por medio de un solo instrumento, las variables que afectan a los jóvenes y a sus familias con respecto a su satisfacción o insatisfacción personal; a su actitud ante la violencia; el manejo de los conflictos que aquejan a sus familias, los lazos de interactividad y afectividad familiar, así como la confianza entre vecinos y con las autoridades, y los servicios que disfrutan en su entorno.

Este instrumento de medición permitirá contar con una visión integral de la problemática, así como con herramientas de medición e información confiables para mejorar la política pública de prevención con base en evidencia[9].

ECOPRED 2014 no solucionará totalmente los problemas de escasez de información. Además de este esfuerzo, será importante contar con mejores diagnósticos y herramientas de evaluación a nivel local para diseñar acciones más precisas y con ello generar evidencia de procesos y prácticas preventivas en México, y por tanto, políticas más eficientes en la materia.

En síntesis, un legado muy importante que debe dejar la política de prevención social en México es la generación y sistematización de información y evidencia especializada en la materia, la homologación de metodologías de recolección, análisis, diagnóstico y evaluación. Finalmente es importante que dicha información sea pública y accesible para que la ciudadanía de seguimiento y evalue la acción gubernamental en la materia.

 

* Eunice Rendón Cárdenas es directora general de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación.