Evaluación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato

El 23 de noviembre el actual Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, termina su periodo al frente de la institución, en los 4 años más difíciles en la historia reciente de la entidad debido al aumento de la violencia, homicidios dolosos que crecieron exponencialmente y aumento de graves violaciones a derechos humanos. Todo sucedió frente a sus ojos.

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) se creó en 1993 y alcanzó su autonomía en el 2000. El Procurador se considera un ente unipersonal al interior de la institución y tiene un Consejo Consultivo que ha pasado largos periodos sin haber sido conformado. Tiene una Secretaría General, 4 Subprocuradurías regionales y diferentes Coordinaciones tales como Educación y Promoción.

Una etapa termina con la salida de Montero de Alba, la comprendida entre la administración de ocho años de Gustavo Rodríguez Junquera y los 4 de la propia, esa en la que el ahora Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad controlaba los casos que pasaban a Recomendación, construyendo un poder férreo durante este tiempo. Ese Procurador que luego se hizo Secretario de Gobierno del PAN y que obligó al Congreso de Guanajuato a establecer una reforma que impide que ser Procurador sea la antesala de un puesto a nivel Secretaría de Estado.

Los hitos de la administración de Montero de Alba

¿Cuáles fueron las graves violaciones a derechos humanos sucedidas de 2016 a la fecha? ¿Y cuál es el saldo que deja Montero a su paso por la PDHEG?

1. En febrero de 2017, apenas unos meses después de su llegada a la PDHEG, en San Miguel de Allende en un operativo bastante dudoso se detuvo al señor Antonio Luna al acusarlo de haber disparado a sus propios hijos. El caso conocido como el del parricidio de San Miguel pasó de ser una presunta ejecución extrajudicial cometida por cuerpos policíacos en un operativo en el que hubo uso excesivo de la fuerza contra un predio resguardado por Antonio Luna, que además se encontraba con sus hijos menores de edad, a ser un parricidio en el que el propio Luna se declaró culpable. ¿Qué hizo la Procuraduría? Abrió una queja oficiosa solamente.
2. Cinco meses después se hizo pública una sentencia que revelaba el abuso sexual en un albergue de niñas y niños sin cuidados parentales denominado “Ciudad de los Niños”. Un caso escandaloso donde la Fiscalía General de la República inició una investigación por trata de personas y enriquecimiento ilícito del sacerdote encargado del albergue. Más de 30 años de abusos y cientos de niñas y niños que pasaron por el albergue y fueron víctimas de abusos. La PDHEG había sido omisa durante años, en 2017 fue relevada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emitió una recomendación este año.
3. En diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue ejecutado extrajudicialmente. Era un migrante mexicoamericano que estaba de visita en San Miguel de Allende y fue ejecutado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). La familia pudo testimoniar que estos policías no sólo dispararon contra Leo, sino que armaron la escena del crimen y lo dejaron morir sin ofrecerle atención médica. ¿Qué hizo Montero? Emitió una recomendación más de un año después del suceso en la que no reconoce la ejecución extrajudicial y sólo señala que los policías que abatieron a Leo deben ser capacitados en primeros auxilios. En el texto original se recomendaba capacitar a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) producto del caso, pero el actual Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca señaló públicamente que la esta recomendación sólo debía estar dirigida a los policías involucrados. La PDHEG corrigió el documento.
4. Agresiones a periodistas en Guanajuato. ARTICLE 19 señala que en 2018 y 2019 se documentaron 43 agresiones a periodistas en la entidad. A Montero le tocó atender durante su administración varios casos: el caso de El Salmantino (bloque informativo y despido injustificado), el asesinato del periodista Rodolfo García en 2015 que no fue asociado a su trabajo periodístico de manera prematura por la Fiscalía, la censura a Coco Bernal, una periodista local que encaró directamente al alcalde de León, quien solicitó que “ella no lo entrevistara por qué hacía preguntas incómodas”. Casos investigados sin protocolos de investigación adecuados y en algunos casos, exonerando a las autoridades violadoras de los derechos humanos. Es más, durante la discusión de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en la entidad la PDHEG fue utilizada políticamente para sacar del aprieto al Congreso que quería aprobar una Ley con contenido inconstitucional y restrictivo. No aportó elementos para la discusión, pero sí envió una carta al Congreso para que no se aprobara la Ley.

Las desapariciones de personas han sido el caso de omisión más grave de la Procuraduría, no sólo por el número de quejas que los colectivos han presentado recientemente, sino por la poca eficacia en las recomendaciones emitidas, algunas de ellas relacionadas con la actuación de policías municipales. No sobra decir que la Procuraduría de Derechos Humanos no se ha sumado a las búsquedas en campo. Debería ser su obligación verificar en el terreno que los órganos de búsqueda y de investigación realicen su trabajo de manera adecuada y no lo ha hecho.

Queda claro que la gestión de Montero de Alba deja una institución debilitada y carente de legitimidad, alejada de las víctimas. De 2018 a 2019 las quejas subieron 30% y el Procurador señaló en su último informe que aumentaron por la confianza que las víctimas le tienen a la Procuraduría. Una lectura muy a modo. Son la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública las que encabezan esta lista de quejas.

Hace falta que la PDHEG se refunde. Necesitamos una #PDHEGquesirva.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.